Las sanciones que la administración de Donald Trump impuso a la industria petrolera venezolana en 2019 y dos años antes al sistema financiero han tenido severas consecuencias en el país, sus ciudadanos y también en la empresa privada, como lo han señalado expertos, organismos y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras.
En el caso del sector privado, representantes gremiales aseguran que las sanciones de Estados Unidos han tenido efectos colaterales que se han evidenciado en la dificultad para acceder a financiamiento, importar y exportar bienes y servicios; así como establecer alianzas con proveedores estadounidenses.
Ante ello, voceros empresariales afirman que las sanciones pueden ser un instrumento de control y de presión adecuado, siempre y cuando se ejecuten bien. Sin embargo, para Geoff Ramsey, director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) para Venezuela, las sanciones financieras, individuales y petroleras si bien son una parte importante de la respuesta de Estados Unidos a la crisis venezolana, “está muy bien documentado que estas medidas han tenido un impacto agravante en la crisis humanitaria preexistente”.
Dijo que las sanciones “parecen haber tenido más impacto en el público en general que en el gobierno de Maduro y su círculo íntimo. Como tal, es importante que la Casa Blanca revise las sanciones de Venezuela con el objetivo de reformar la política de manera que alivie la crisis humanitaria y contribuya de manera más efectiva al retorno a la democracia. Creo, por ejemplo, que hay mejor evidencia de que las sanciones individuales son útiles para cambiar las acciones de las élites que las sanciones sectoriales”.
En el caso concreto de la empresa privada, Jorge Roig, expresidente de la máxima cúpula empresarial venezolana, Fedecámaras, sostuvo que “es quizás la más afectada por las sanciones porque el gobierno, de alguna manera, puede hacer trampas, trucos, eludirlas, se puede salir de los formatos regulares y hacer negocio a través de socios no deseables, que evidentemente le ayudan a abrirse un espacio económico; mientras que para el sector privado es más complicado todo esto”.
Explicó que las empresas privadas estaban muy acostumbradas a tener relaciones comerciales con Estados Unidos. “No tenían relaciones absolutas con países como Irán, aunque con China sí con la importación de productos, pero evidentemente que esto ya pasó un poco a escala de cómo borrar los fletes internacionales, cómo traérselo en barcos que no están absolutamente legalizados con las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, para los seguros”.
Roig recordó que la mayoría de los productos importados que se traían a Venezuela era de Estados Unidos y “también las pequeñas exportaciones que estábamos haciendo se hacían con ese país”. Ahora, dijo, no solo se cerraron las líneas de crédito con los proveedores extranjeros que “llegaron a ser hasta de 180 días, sino que se les ha dado una prohibición de vender sus productos en Venezuela, lo cual complica muchísimo más a algunas empresas que han tenido que tercerizar comprando a los distribuidores que tienen las grandes marcas en Europa, en China o en otro sitio”.
Destacó que hay un “efecto perverso” porque nunca ha estado claro el alcance de las sanciones en cuanto al movimiento de cuentas corrientes en el exterior. “Hay una suerte de sobrecumplimiento, llamado en inglés overcompliance, donde deja a criterio de las autoridades de cada banco definir a quién le cierran la cuenta, a quién le abren la cuenta y a quién le piden mayores recaudos por movimientos que parezcan mayores a los habituales, lo que hace un obstáculo más en todo lo que son las transacciones financieras a través de cuentas norteamericanas”, comentó.
Para Roig, no obstante, es difícil determinar si las sanciones han sido más nocivas que beneficiosas. “No he satanizado nunca las sanciones y tampoco las bendigo. Creo que pueden ser un instrumento de control y de presión adecuado si se ejecutan bien. Por ejemplo, creo que gran parte del traspaso a la economía privada que ha tenido la economía venezolana es precisamente por las sanciones”.
Indicó que dado que el Estado no puede mover su dinero se ve “imposibilitado de comprar en las mejores condiciones, está paralizado y gigantizado por el peso de la burocracia. Ha visto que el sector privado es quien en este momento genera la mayor parte no solo de los recursos, sino de la economía venezolana y de los puestos de trabajo”. Eso, a su juicio, tiene un componente “beneficioso y es como el sector privado se ha abierto paso en una economía caótica, desordenada, totalmente liberalizada. Eso un aspecto positivo”.
Pero, advirtió que las sanciones se vendieron como una “suerte de más presión” para que el gobierno de Nicolás Maduro saliera del poder y “eso no es así y no ha sido así en ningún otro país. De hecho, lo que se ha logrado es que Venezuela se meta en un club bastante deplorable. Somos amigos de todos los sancionados del planeta como Irán y Cuba, que no son los mejores aliados ni los mejores socios estratégicos que Venezuela podría tener, pero que permiten burlar las sanciones y construir una economía precaria complicada con altos costos para el gobierno venezolano y para los empresarios venezolanos”.
Los efectos no deseados según los empresarios
En el video “Efectos de las sanciones económicas sobre la empresa privada”, publicado en la plataforma de YouTube el 10 de febrero y conducido por el economista Víctor Álvarez, otros dirigentes empresariales también se refieren al impacto que han tenido las sanciones económicas en el sector privado venezolano.
Durante su intervención, Álvarez hace énfasis en que la crisis económica en Venezuela comenzó en 2014, mucho antes de 2017 cuando se aplicaron las primeras sanciones. Asevera que estas medidas han tenido efectos colaterales en las empresas privadas, a las cuales se les han cerrado las cuentas en la banca internacional y tienen serias dificultades para realizar transferencias, cobros y pagos internacionales.
En el video, además, se le plantea una interrogante a los entrevistados y es: ¿Cuáles efectos no deseados de las sanciones financieras sobre la empresa privada han podido identificar y qué recomendarían para corregir esos daños colaterales que agravan la crítica situación del sector privado en Venezuela? A esta pregunta, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, manifiesta que para el sector privado ha sido problemático lidiar con el tema de las sanciones. “Estamos hablando de cierres de cuentas, de dificultad para hacer transferencias, del exagerado sobrecumplimiento con el tema de poder tener acceso a proveedores usuales en Estados Unidos”.
Ante ello, Botti propone “que haya un claro mensaje del alto gobierno de Estados Unidos, directamente de la Casa Blanca o del Departamento de Estado o, en su defecto, de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) sobre el deseo de flexibilizar las sanciones. Hay conocimiento pleno sobre el efecto indeseado que ha habido sobre el sector privado. Eso lanzaría un mensaje para todos los actores económicos, lo cual no hemos visto”.
También plantea la apertura de un canal expedito de comunicación con la OFAC para que tanto proveedores como organismos financieros internacionales y agentes económicos locales puedan hacer consultas sobre determinadas operaciones. En tercer lugar, “creo que debería de abrir algunos avisos, específicamente de la OFAC, sobre estos temas, para poder mandar un mensaje, sobre todo a los sectores empresariales americanos, europeos y organismos financieros, en el sentido de que no se cargue la mano sobre el denominado sobrecumplimiento que hay sobre las sanciones”.
Por su parte, Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras, en el video refuerza lo señalado por Botti, al referirse a los problemas que tiene la empresa privada para acceder a las operaciones crediticias en el sistema financiero internacional debido a las sanciones. “Sin las relaciones que pueda tener el sistema financiero venezolano con las sinergias que se establecen normalmente con el sistema financiero internacional va a ser muy difícil que, sin ese apoyo a la banca mundial, podamos tener nuevamente operaciones normales y fluidas con el resto del mundo”.
Otro de los que aparece en el video es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), Reinaldo Quintero, quien expone que a raíz de la aplicación de las sanciones “hay algo que se llama overcompliance o sobreaplicación de las medidas, en donde -por quizás falta de conocimiento- es afectado el sector privado y, sobre todo, lo que son las vías financieras, banca, financiamiento, entre otros. Y no solo la parte que tiene que ver con sanciones secundarias también te afecta, sino sobre los controles de destino, de tecnología, de procura, de bienes de capital, de servicio, que también afecta no solamente al sector industrial, sino al sector comercio”.
El resto de los invitados por Álvarez, como Lope Mendoza, expresidente de Conindustria; Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, y Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Cavediv), también se centraron en explicar los problemas para acceder a financiamiento internacional por el sobrecumplimiento de las sanciones y el impacto que esto tiene para las operaciones de las empresas privadas venezolanas, como tramitar cartas de crédito que permitan la importación de materia prima o la exportación de productos terminados.
Rimeris, por su parte, en entrevista con HispanoPost destacó que las sanciones “afectan la parte financiera y proveedores que no quieren trabajar con Venezuela en lo que respecta a nosotros”, por lo que considera “deben replantearse para que afecten solo a los responsables de violaciones de derechos humanos o crímenes claramente tipificados que hay bastantes”.
“En general creo que cumplieron una etapa, pero ahora son nocivas aquellas que no se enfocan en los responsables. Hay que filtrar mejor a quienes afectan. Creo que bien estudiadas, sin afectar al sector privado, son necesarias”, agregó.
Posición similar a la de Ramsey, quien aseguró que las sanciones pueden ser efectivas como herramienta, pero «la literatura sugiere que son más efectivas cuando son multilaterales, están vinculadas a objetivos específicos y cuando evitan dañar a la población en general”.
Impacto en las empresas petroleras privadas
El economista y experto en materia petrolera, Francisco Monaldi, prefirió centrarse en los efectos que han tenido las sanciones en las empresas del sector petrolero dado que, según dijo, esa es su experticia. “El sector privado más afectado en la parte petrolera son las empresas internacionales socias, es decir, los rusos, los chinos, Chevron, Eni y Repsol, son las empresas importantes que quedan operado”.
Agregó que también se ven afectadas algunas empresas venezolanas, tanto las contratistas de servicios a las que se les hace difícil que les pague Petróleo de Venezuela (Pdvsa), como las que son socias de algunos proyectos pequeños y que podrían contribuir en la inversión en el sector.
“A todas esas empresas se les hace muy difícil cobrar y se les hace muy riesgoso porque pueden ser sujeto de sanciones. Eso ha afectado fuertemente al sector de servicios del sector petrolero privado venezolano y a las empresas venezolanas que estaban siendo socias en empresas mixtas. Para esas empresas también es muy importante ver si se puede lograr algún tipo de regularización de las exportaciones venezolanas”, expresó.
Monaldi reiteró que las sanciones han afectado fuertemente tanto a Pdvsa como a las compañías que participan. “A pesar de que en este momento es súper rentable invertir en petróleo, porque los precios son altísimos, ninguna empresa va hacer inversiones muy grandes en Venezuela, en subir la capacidad de producción. Si no hay algún tipo de regularización del tema de cómo exportar ese crudo, es muy difícil que se generen digamos las condiciones para una inversión de largo plazo”.
Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, indicó que “si los precios petroleros actuales se mantienen así como los niveles de producción de Venezuela, el gobierno de Maduro recibiría en 2022 un 70% más en ingresos por concepto de venta de crudo que lo recibido en 2021”.
Por otro lado, Monaldi explicó que en términos de la “efectividad”, “las sanciones han sido efectivas porque han logrado su cometido de imponer costos muy importantes al régimen de Nicolás Maduro (…) Han tenido el efecto quizás económico y financiero sobre Petróleos de Venezuela, más no el político en que haya un cambio del rumbo del gobierno de Nicolás Maduro”.
Sostuvo que hay muchos planteamientos sobre la necesidad de que, primero, las sanciones no tengan el impacto que tienen en la población venezolana vía la reducción de exportaciones, que causa, a su vez, una contracción en las importaciones y en la actividad económica en Venezuela. Por tanto, “se ha planteado una serie de ideas sobre cómo flexibilizar esas sanciones, tanto para sector privado venezolano como para las empresas internacionales que son sujetos a sanciones y operan en Venezuela”.