Existe una suerte de ley inexorable respecto de los gobiernos de América Latina: a mayor corrupción o mayor tiranía, mayor persecución y mayor guerra sucia.
El espionaje, la persecución y en algunos casos el asesinato de opositores y periodistas ha vuelto a convertirse en arma fundamental, con filo renovado, usada por igual entre los gobiernos más autoritarios de derecha e izquierda.
Uno de los últimos episodios de este tipo de guerra sucia y, por lo general impune, es el del hakeo y posterior asesinato del fiscal argentino Roberto Nisman. Por orden de Cristina Fernández de Kirchner, fue espiado por un grupo de delincuentes cibernéticos basados en Brasil al que quienes lo descubrieron han llamado Packrat.
Se acaba de saber que esa organización también penetró, entre otros, las comunicaciones de la reconocida periodista ecuatoriana Janet Hinostroza (formada en Colombia) y de la investigadora y activista social Martha Roldós, hija del presidente de ese país Jaime Roldós Aguilera, quien murió en el ejercicio de su cargo, el 24 de mayo de 1981, al explotar en pleno vuelo el avión presidencial.
Packrat crea páginas-trampa en Internet para atraer a ecuatorianos desafectos a Correa y al tener sus datos de contacto básicos, el aparato de propaganda, la policía política, la administración de impuestos y grupos de choque especializados en propinar palizas los persiguen con insultos, campañas de desprestigio, guerra jurídica, asfixia económica, garrotazos y confinamientos antijurídicos en mazmorras. Algunos han logrado salvarse de las asechanzas huyendo a tiempo del país.
La existencia de Packrat fue descubierta por el equipo The Citizen Lab en la Escuela Munk para Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, dirigido por el investigador John Scott-Railton. Packrat parece elegir cuidadosamente y después persigue a sus objetivos de forma implacable, declaró Scott-Railton a Frank Bajak, de Associated Press.
Entre los objetivos de la maquinaria ecuatoriana para la guerra sucia figuran el periodista colombo-estadounidense Santiago Villa, autor del documental sobre Correa, Retrato de un padre de la patria, y la página web BananaLweaks.com contra los cuales fueron invertidos millones de dólares de los impuestos de los ecuatorianos con el objeto de tratar de desaparecerlos de la faz de Internet.
Aparejado con Packrat funciona una eficiente maquinaria insaciable de insultadores que se van lanza en ristre ante la menor muestra de desacuerdo que encuentren en las redes sociales contra Correa y su cerrado círculo de poder.
Cuando la solidaridad mundial sale en defensa de los perseguidos, en algunos casos Correa opta por conceder clemencia siempre que las víctimas se la imploren para eludir la cárcel y multas millonarias que jamás podrían pagar. Algunos siquiatras que han estudiado este comportamiento presidencial coinciden en que se desprende de viejos complejos de pobreza e inferioridad de un hombre criado en un hogar cuyo padre traficaba cocaína y cayó preso en Estados Unidos, mientras su madre se batía contra el mundo para levantar a sus hijos.
Correa no admite críticas ni reclamos sin responder con insultos desmedidos, procacidades y desafueros que, unidos a la crisis económica creciente en que tiene comprometido a su país, han ido minando su estabilidad en el poder y esto, a su turno, hace que el despotismo reinante le de vueltas con mayor velocidad a las tuercas de la represión. Ha llegado Correa al extremo de detener en seco su caravana y bajarse de su limosina blindada, acompañado de sus gorilas, para aplastar a adolescentes que le han hecho gestos manuales de repudio.
En Colombia, por otra parte, la policía política de la Presidencia, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), fue abolida por Juan Manuel Santos como consecuencia del desprestigio en que cayó durante los dos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, en los que hubo, ordenados por la presidencia, homicidios selectivos y masacres de opositores; persecuciones y espionaje sofisticado contra desafectos al régimen y periodistas independientes, entre quienes figura quien esto escribe.
El primer día de su gobierno Uribe le entregó la dirección del DAS al paramilitar Jorge Noguera (hoy preso) y desde esa posición fueron protegidas operaciones de tráfico de cocaína, de seres humanos y de armas, desplazamientos forzados de poblaciones y ejecuciones extrajudiciales de más de siete mil inocentes.
La periodista Claudia Julieta Duque y su pequeña hija fueron acosadas y torturadas sicológicamente con base en manuales de persecución y tormento, escritos específicamente para ellas, que los agentes destinados a amedrentarlas aprendieron al pie de la letra. Ella debió huir del país y al regresar también volvió la guerra socia en su contra. En un caso admirable que apenas comienza a ser reconocido, esta periodista y su joven abogado enfrentaron a la cúpula del DAS por la vía judicial, la tienen a toda en la cárcel y a la mayor parte condenada. Pero la persecución y las amenazas de Uribe contra esta mujer, continúan: todas las semanas hay una motocicleta que la sigue o gente extraña que pregunta por ella en la portería de su edificio.
De igual modo ha sido perseguido el periodista Daniel Coronel, antes director de Noticia Uno, de Colombia, y hoy exitoso vicepresidente de Univisión. Las amenazas y los seguimientos de los que fue víctima por orden expresa de Uribe incluyeron a su pequeña hija.
El fin de la autocracia de ocho años de Uribe Vélez en el poder, cuyos efectos nocivos apenas comienzan a conocerse en sus reales dimensiones, no implicó la desaparición de la guerra sucia contra los periodistas. Si bien el DAS desapareció, la Policía Nacional no tardó en crear nuevos grupos de seguimiento y sabotaje a periodistas, entre los que de nuevo figura Daniel Coronell, así como las periodistas Claudia Morales, de Caracol Radio y Vicky Dávila, de RCN Radio. La lista completa no se ha conocido todavía.
En lo que confirmaría la ley de la guerra sucia mencionada arriba, los seguimientos y las intervenciones ilícitas a las comunicaciones de los periodistas esta vez están orientadas a los que con mayor ahínco han denunciado la existencia de redes de corrupción y de prostitución masculina con jóvenes oficiales, posiblemente dirigidas y protegidas por el director de la institución, general Rodolfo Palomino, cuyo enriquecimiento desmedido, por lo demás, no coincide con su salario oficial.
La guerra sucia y la persecución a los periodistas que insisten en mantener la cabeza en alto frente al poder, no ha sido menor en Venezuela, donde la tiranía ha adquirido un rostro todavía más desvergonzado que el de los demás países del sindicato llamado Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, al que pertenecen Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, entre otros. En todos ellos los derechos fundamentales, principalmente a la libre expresión y movilización, están conculcados y quienes se atreven a reclamarlos deben soportar el peso de la guerra sucia o pedir clemencia.