El gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron en La Habana un acuerdo sobre el resarcimiento que recibirán las víctimas de esa organización guerrillera. Así como el sistema de justicia alternativa o transicional especial, al que serán sometidos los subversivos que dejen las armas y se incorporen a la vida civil, como consecuencia de un acuerdo de paz que sería firmado en marzo próximo para darle fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.
El trato está expreso en un documento de 75 puntos según el cual, en esencia, las FARC se comprometen a indemnizar a sus víctimas, a decir la verdad sobre las atrocidades que han cometido y a aceptar que quienes sean culpables serán juzgados y sometidos a penas especiales como recompensa a su voluntad de paz. A este trato preferencial también podrán acogerse quienes, sin pertenecer a la guerrilla, hayan tomado parte en cualquier bando de la guerra y sean cómplices de delitos. Se exceptúan las personas que hayan sido forzadas a inmiscuirse en la guerra. Además, no se volverá a cometer la injusticia de ver a los guerrilleros libres y a los militares presos, prometió Santos.
El acuerdo es el quinto en una compleja y larga negociación a puerta cerrada que se lleva a cabo desde hace cerca de tres años en Cuba. El actual proceso de paz es la continuación del que inició en 1998 con las FARC el entonces presidente Andrés Pastrana, para el cual hubo una zona desmilitarizada pero fracasó debido a desmanes y violaciones intolerables de los terrorista. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos consideró que el más reciente fue el acuerdo más complejo de lograr. Lo describió como serio, digno, realista y eficaz.
Tras más de medio siglo de guerra civil, el Presidente manifestó: es posible terminar el conflicto, como lo pactamos, a más tardar el 23 de marzo del próximo año. En menos de cuatro meses, un anuncio que aún parece inverosímil para los 44 millones de colombianos que no han vivido un solo día sin guerra en alguna parte del territorio nacional.
Además de este último acuerdo, el Congreso Nacional acaba de aprobar la convocatoria a una consulta popular en la que los colombianos podrán expresar en las urnas si están o no de acuerdo con lo pactado con la guerrilla más vieja del mundo. El pacto de paz incluirá una Comisión de la Verdad, sin funciones judiciales, que investigará y hará público todo cuanto ocurrió durante la guerra con las FARC.
Las víctimas quieren justicia, pero lo que más quieren saber es la verdad, advirtió Santos y agregó: Dentro de la verdad lo que más preocupa son las desapariciones [de personas] para lo cual habrá una comisión de búsqueda e identificación. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que los desaparecidos colombianos son más que los del Cono Sur y el África juntos. Especialistas en el tema sostienen que oscilan entre 92 mil y 106 mil durante las últimas dos décadas.
Santos expresó que se debe alcanzar pronto un acuerdo de cese al fuego bilateral. Hasta ahora, sin embargo, las FARC han mantenido un receso bélico unilateral que ha reducido los tradicionalmente altos índices de violencia colombianos.
HISPANOPOST consultó al senador que más promueve el proceso de paz, Iván Cepeda y algunos que se muestran en contra. El senador del Polo Democrático Alternativo (partido de izquierda), calificó el acuerdo de trascendental y aclaró que no habrá cárcel para quienes colaboren con verdad y reparación a las víctimas, un punto que ha sido álgido en las negociaciones.
El senador Daniel Cabrales, del Centro Democrático, partido de extrema derecha, se opuso de plano al acuerdo. Es una noticia nefasta para el país que Santos haya logrado para las FARC meter en su mismo fango podrido a empresarios, ganaderos, agricultores, a personas de bien. Es inaceptable lo que buscan con este acuerdo de justicia. Es encarcelar personas que han producido para el país, buscan enjuiciarlos y no lo vamos a aceptar, señaló Cabrales.
Por su parte, la senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, víctima de las FARC por el secuestro y posterior asesinato de su hermano Guillermo Gaviria, denotó su preocupación por que no haya verdad ni justicia en el proceso. La solicitud como víctima es que haya mínimos de justicia, no se habla en ningún momento de una pena intramural para los delitos de lesa humanidad, eso viola todos los acuerdos internacionales y además viola uno de los cuatro principios en los cuales se dice que está basado este proceso, que es la justicia, recalcó Sofía Gaviria.
