Ya son más de 7,7 millones de venezolanos los que han abandonado su país, huyendo de las precarias condiciones sociales y económicas que no solo persisten, sino que se han acentuado en lo que va de año, revela la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), integrada por más de 200 organizaciones, incluyendo agencias de las Naciones Unidas, sociedad civil, entes religiosos y ONG.
Sin embargo, de acuerdo con R4V, el número podría ser aún mayor, ya que muchas veces los gobiernos no toman en cuenta en estos censos a los inmigrantes sin estatus legal.
Expertos y agencias migratorias también han alertado que el éxodo de ciudadanos venezolanos va a continuar dada la severa crisis humanitaria y el escenario económico nada alentador para 2023.
El Observatorio Venezolano de Finanzas informó en julio que la economía de Venezuela cayó 7% en el primer semestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que implica un “nuevo ciclo recesivo” tras registrarse dos trimestres consecutivos de contracción. Mientras, la inflación acumulada hasta julio fue de 144,6%.
El último informe de HUMVenezuela -plataforma independiente de la sociedad civil venezolana que proporciona información sobre la emergencia humanitaria compleja- reveló que para marzo de 2022, tras el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, había aumentado el número de venezolanos que requería ayuda humanitaria.
“Este incremento arriba a 19,1 millones de personas con necesidades humanitarias en salud y en agua y saneamiento, y 18,7 millones con necesidades humanitarias en alimentación; además de 6,2 millones de NNA (niños, niñas y adolescentes) con serias dificultades para recibir una educación básica continua y de calidad, conforme a sus derechos, o que están fuera del sistema educativo. De estas personas, un promedio de 55% presenta necesidades humanitarias severas”, señala el reporte.
Además, según el “Informe de seguimiento a los impactos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela tras el confinamiento por la pandemia de covid” de HUMVenezuela, hasta marzo de 2022, en una población de 28,7 millones de personas, 19,7 millones vivía en pobreza multidimensional.
“A junio 2021, miembros de 2,1 millones de hogares habían emigrado y, en unos 900 mil, había intención de emigrar del país. A marzo 2022, hubo migración en 1,8 millones de de hogares e intención de emigrar hacia otros países en 700 mil”, apunta el reporte,
Pese a los intentos fallidos de la administración de Nicolás Maduro de dar una imagen de mejoría económica, de conformidad con lo expuesto en junio de 2023 en la hoja informática de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre la crisis regional por la situación de Venezuela, se necesitaban 720 millones de dólares para el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) de 2023.
“Los organismos de socorro en Venezuela tienen como objetivo llevar asistencia humanitaria multisectorial a cerca de 5.2 millones de personas en 2023 en medio de un entorno donde aumentan las necesidades”, advierte HUMVenezuela.
“Las sanciones fracasaron”
No obstante, la crisis humanitaria de Venezuela no se reduce solo a cifras devastadoras, expertos y activistas consideran que se ha agudizado por las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea a Venezuela, a mediados de 2019, con la finalidad de forzar la salida del poder de Nicolás Maduro, lo cual no ocurrió.
“La crisis humanitaria no puede seguir así por varias razones. Hay que reconocer la culpabilidad del gobierno de Maduro y del gobierno de Chávez al implementar una serie de políticas económicas que fracasaron a un nivel inédito, pero está claro que las acciones unilaterales de los Estados Unidos de máxima presión han empeorado la economía de Venezuela y la crisis humanitaria”, indicó Chris Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House.
Agregó que “todo eso empezó con las políticas malintencionadas, mal diseñadas, mal implementadas de los gobiernos de Chávez y Maduro, pero ahora lo que está sufriendo la mayoría de los venezolanos es la combinación de esos dos factores”.
Sabatinio enfatizó que las malas políticas económica de los gobiernos de Chávez y Maduro ocasionaron el deterioro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que se le restara independencia al Banco Central. “Los cambios tan complejos de la moneda facilitó la mala inversión, corrupción y una economía claramente distorsionada, pero también tenemos que reconocer que, a partir de 2019, con las sanciones de Estados Unidos, e ha empeorado la economía y el contexto social para la mayoría de las personas”.
A su juicio, hay que trabajar en un cambio de políticas económicas que faciliten la inversión en la empresa petrolera, faciliten la independencia del Banco Central, aseguren el Estado de Derecho y el regreso de las inversiones.
El experto considera que “la imposición de las acciones de Estados Unidos buscaba una política de cambio de régimen sobre todo en 2019… pero eso no pasó. Por eso hay que volver a considerar las razones por las cuales el gobierno de Trump impuso las sanciones y sus consecuencias, además de aceptar que las sanciones han fracasado en su primera intención”.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a partir de 2017 incluyeron la prohibición de comercializar bonos del Tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses o hacer negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Sin embargo, durante la administración de Joe Biden, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, se han otorgado licencias que han aliviado la presión sobre la industria petrolera y también la población. Asdrúbal Oliveros, socio director de la firma Ecoanalítica, explica cómo en su cuenta en la red social X.
“Por vez primera, debido a una extensión de la licencia original de Estados Unidos, las petroleras europeas Eni y Repsol están exportando nafta a Venezuela para mitigar su escasez de gasolina. ¿Qué implicaciones tiene esto?”, comienza señalando el economista.
Explicó que el envío de unos 260.000 barriles de nafta, que serán mezclados con gasolina menos refinada del Complejo de Paraguaná, “sucede en un momento en el que Venezuela atraviesa otra crisis de combustible luego que el reformador de nafta en Paraguaná se paralizara de nuevo”.
Oliveros recordó que, a mediados del 2022, después de la invasión a Ucrania, Estados Unidos permitió a las petroleras Eni y Repsol exportar crudo venezolano a Europa a cambio de la cancelación de la deuda de Pdvsa con las petroleras europeas.
Un año después, según Reuters, Estados Unidos autorizó una modificación del acuerdo: permitiendo a las petroleras exportar crudo a Venezuela para mitigar la escasez.
“El intercambio, además, puede tener un impacto geopolítico: permitiéndole a las petroleras europeas tomar el espacio que Irán ha labrado desde 2020, proveyéndole gasolina a Venezuela por las paralizaciones recurrentes de sus refinerías”, indicó.
Aseveró que, aunque el combustible exportado por Eni y Repsol no acabará de raíz la escasez de combustible de Venezuela, que es un problema estructural que necesitará de cambios institucionales e inversión masiva en sus refinerías, si puede mitigarla al proveer gasolina que aumente la oferta.
“Mitigar la escasez de gasolina tiene también un impacto humanitario: la falta de gasolina, al limitar el transporte, ha afectado la movilidad de servicios de salud, el transporte alimenticio y los transportes escolares. Los trabajadores humanitarios, por ejemplo, muchas veces no logran acceder áreas remotas sin combustible. De hecho, la ONU ha alertado sobre como la escasez de combustible en Venezuela evita que poblaciones vulnerables y aisladas accedan a servicios de la salud”, concluyó Oliveros.
Levantar las sanciones por razones humanitarias
Así que activistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, expertos y hasta gobiernos han alzado sus voces pidiendo a la comunidad internacional hacer un frente común y tomar acciones inmediatas para ayudar a paliar la crisis humanitaria en Venezuela, independientemente de si se retoman las negociones políticas. Lo que piden es que se flexibilicen o levanten las sanciones económicas que han perjudican a los venezolanos, sobre todo a los más vulnerables.
Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria y defensor de los derechos humanos, reiteró que la imposición de sanciones de manera unilateral a quien afecta es al venezolano común.
“Hay que reconocer que todavía la situación social del país no mejora para la gran mayoría de las personas. Estimamos que al menos 19 millones de personas necesitan asistencia, es decir, 65% de la población. Esto nos mantiene entre las situaciones de necesidad humanitaria más severa del mundo y, sin embargo, en el Plan de Respuesta Humanitaria entre 26 programas del mundo, Venezuela está en el puesto 25, en el foso como uno de los dos menos financiados. Esto hace que no se tengan los recursos que se necesitan responder a las necesidades de la población venezolana en estos momentos,”, dijo.
Ante ello, indicó que “las sanciones no son un paquete único”, sino que hay distintas sanciones de distinta naturaleza. “Hay varias de ellas que solo tienen impacto sobre la vida de las personas, que dificultan las posibilidades de movilizar recursos e insumos para la población venezolana, que pueden ser levantadas con urgencia y de manera unilateralmente, incondicionalmente para que justamente puedan movilizarse este tipo de insumos a la brevedad posible sin obstáculos”.
Para Reyna las opiniones que piden el mantenimiento de las sanciones no leen la realidad del país: “Argumentan que eso no debe hacerse, que para eso están las licencias. Pero no es cierto que las licencias faciliten la movilización de insumos necesarios, porque al final existe lo que llaman sobrecumplimiento y es que los departamentos legales o de cumplimiento de las empresas que deberían facilitar esa movilización por temor a ser objeto de esas sanciones o tardan muchísimo para dar finalmente los permisos o no la dan en absoluto. Nosotros tenemos situaciones muy concretas en las que hemos visto ocurrir esto. Como sé que es un tema político difícil de manejar, yo soy de la posición -y hago este llamado con regularidad- que se levanten las sanciones de manera unilateral”.
Aseguró que el levantamiento de aquellas sanciones que tienen impacto sobre la vida de las personas, que “dificultan un mínimo de recuperación de condiciones de vida que alivien el sufrimiento”, no significa dejar de lado el escrutinio en derechos humanos y la lucha anticorrupción.
“La situación es grave. Desde 2012 se fue deteriorando de manera progresiva la situación, pero ciertamente estas sanciones que afectan la vida de las personas han exacerbado aquellas condiciones. Levantarlas desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso, significaría aliviar la afectación muy grave a derechos sociales y económicos, que también son derechos humanos”, afirmó.
¿Qué dice Estados Unidos?
Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en su análisis “La comunidad internacional debe superar la fatiga sobre Venezuela”, publicado en el portal de la organización en junio de 2023, también advierte que las sanciones han agudizado la emergencia humanitaria.
“Sin una transición pacífica y democrática, es poco probable que el país avance en la dirección correcta para superar la emergencia humanitaria y atender las necesidades del pueblo venezolano”, escribió.
En su análisis recuerda que “el escenario político en Venezuela ha cambiado desde 2019, cuando más de 50 países reconocieron al gobierno interino de Juan Guaidó. En diciembre de 2022, el gobierno interino se disolvió, y los cambios de gobierno en países como Brasil y Colombia, entre otros, han llevado a la reanudación de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro”.
Comentó que incluso la posición de Estados Unidos con la administración de Maduro había mutado a una estrategia que “prioriza las negociaciones y está abierta a flexibilizar las sanciones a cambio de cumplir ciertas condiciones”.
De hecho, hace poco, Francisco Palmieri, jefe de la Misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, dejó bien clara la posición de Estados Unidos con respecto a la administración de Maduro en el foro “What’s next for the international response to Venezuela?”, que organizó el Atlantic Council conjuntamente con Chatham House.
“La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela ha persistido por mucho tiempo. Hay una manera de salir de esta crisis si Nicolás Maduro está dispuesto a ceder… Si vemos que Nicolás Maduro toma acciones concretas para restablecer la democracia en Venezuela, incluyendo la creación de condiciones para elecciones libres y justas en 2024, Estados Unidos está preparado a ofrecer alivio reduciendo y relajando las sanciones. Nosotros, en el gobierno de Estados Unidos, no hemos establecido un deadline específico para que esas acciones se tomen, pero obviamente que las semanas venideras son críticas”, sostuvo.
Asimismo, auguró un posible retorno a la mesa de diálogo y negociación de México: “Estoy animado por reportes de conversaciones productivas en Caracas entre representantes de Maduro y la Plataforma Unitaria sobre regresar a las negociaciones. Si estas conversaciones se concretan en un regreso formal al proceso en Ciudad México facilitado por Noruega, sería un paso muy positivo. Estados Unidos está enfocado en asegurar las condiciones”.