“Venezuela sigue en crisis”. Ese es el planteamiento principal de la campaña que lanzó el lunes 20 de septiembre Miguel Pizarro, comisionado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Juan Guaidó, en el marco de la Asamblea General de ese organismo, que abrió el pasado 14 de septiembre su 76 periodo de sesiones. Su intención fue recordarle al mundo la severa crisis humanitaria que vive el país y la urgencia de darle una solución.
Ese día Pizarro expuso sus argumentos. Dijo que la pandemia de la COVID-19 llegó a Venezuela “profundizando la grave realidad que se vivía a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y la violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen».
Aseguró que «la emergencia humanitaria compleja, causada por Nicolás Maduro, afecta a siete millones de personas» y que “son más de 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos los que han huido de nuestras fronteras buscando un mejor futuro, un futuro de oportunidades que este régimen les niega”. Esta migración, advirtió, «impacta a toda la región y que es la segunda más importante del mundo, después de Siria».
Sobre la inseguridad alimentaria, el dirigente opositor afirmó que «se ha profundizado a lo largo de los años debido a la poca capacidad adquisitiva de los venezolanos», lo que ha ocasionado que uno de cada tres venezolanos «necesite asistencia alimentaria» en este momento.
Con respecto a la pandemia, consideró que «el sistema de salud continúa empeorando» y los pacientes «sufren a diario la escasez de tratamientos y medicinas, mientras que el personal de salud trabaja con las uñas y arriesga su vida en hospitales que carecen de los insumos mínimos para la atención».
Los datos recopilados por el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas también fueron presentados en el marco de la Asamblea General de la ONU, mientras que el discurso pregrabado de Nicolás Maduro se centró en que las sanciones internacionales son el único motivo de los problemas del país.
El gobernante venezolano pidió a los miembros de la Asamblea General que respalden las negociaciones entre su gobierno y la oposición en México, al tiempo que exigió el fin de las «sanciones penales» contra el país por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
«Nuestras cuentas bancarias han sido atacadas, nuestro oro en el Reino Unido ha sido incautado, miles de millones de nuestros dólares en Estados Unidos y la UE han sido congelados», dijo, y aseguró que se trata de «persecución financiera».
La crisis surgió mucho antes de las sanciones
Un día previo al comienzo de la Asamblea General, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su último informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos y dejó en claro que las condiciones en el país se han agravado, aunque se alineó con las declaraciones de la relatora Alena Douhan y puso un gran peso en los efectos que han tenido las sanciones aplicadas por otros países al régimen de Maduro.
Bachelet aseguró que las «sanciones sectoriales» adoptadas contra Venezuela y la pandemia de COVID-19 han contribuido a empeorar la crisis social y económica en Venezuela. Concluyó que “las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar los derechos de los más vulnerables”.
Sin embargo, expertos y organizaciones no gubernamentales han reiterado que la crisis humanitaria en Venezuela se produjo mucho antes de las sanciones. Fernando Fernández, abogado y expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, aseguró en ese momento que el informe de Bachelet no menciona “los problemas estructurales y de fondo que causan la crisis económica y que han deteriorado el país y que en definitiva se resumen a un modelo político y jurídico que fracasó en todos países donde se intentó previamente”.
Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, también tuvo palabras fuertes para el informe de Bachelet y afirmó que carece de sentido de urgencia. “Pareciera que el país que se describe allí es un país con crisis económica y no un país con una emergencia humanitaria compleja, que es la verdadera realidad. Lamentablemente, en este caso se habla de cifras que no reflejan las verdaderas carencias y problemas que tiene el país, y no tiene sentido de urgencia cuando solo se habla de los esfuerzos del Gobierno, cuando parte del esfuerzo real para que la emergencia humanitaria disminuya sus efectos vienen de las ONG trabajando en el terreno y brindando ayuda a través de mecanismos internacionales”, dijo a un medio local.
Un solución urgente y efectiva: “Hazlos visibles”
Aunque Maduro insistió en responsabilizar a las sanciones por la crisis que se vive en Venezuela y, por lo tanto, reiteró su exigencia de que sean levantadas, países como Colombia, Estados Unidos y Canadá y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, no se hicieron eco de su planteamiento y se centraron más bien en pedir a la comunidad internacional brindar mayor protección humanitaria a migrantes venezolanos.
También ratificaron su compromiso de visibilizar y brindar una respuesta humanitaria efectiva a la crisis del éxodo venezolano, generada por el régimen de Maduro, durante el evento “Hazlos visibles”, organizado por el Gobierno de Colombia en la ciudad de Nueva York.
El presidente Iván Duque afirmó que con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos en Colombia han regularizado este año la situación de 1,3 millones de venezolanos y para el primer semestre de 2022 estiman regularizar a 1 millón más.
“Con este TPS Colombia ha visibilizado la crisis venezolana y ha demostrado fraternidad (…) pero los venezolanos han demostrado resiliencia, esperanza y hermandad”, dijo e hizo un llamado a los países de la región a impulsar mecanismos de integración similares para los migrantes y refugiados venezolanos.
En el encuentro, Filippo Grandi aseguró que “el fenómeno venezolano es muy complejo y estos ciudadanos necesitan nuestra protección”, al tiempo que destacó que “la protección por inclusión es una de las mejores formas de protección”. Mientras, Edward Stein, representante especial conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pidió “seguir buscando mecanismos para una respuesta humanitaria efectiva a la crisis de migrantes venezolanos”.
El embajador de Canadá ante la ONU, Bob Rae, también fijó su posición. Indicó que “la crisis económica y social que vemos en Venezuela, sin dudas, ha generado una tragedia humanitaria que afecta a toda la región (…) Esta crisis es generada por el régimen y requiere de soluciones políticas dentro del país”.
El embajador Jeffrey DeLaurentis, asesor principal de Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos, aprovechó su participación en el evento para anunciar aun nuevo aporte de 336 millones de dólares como nueva ayuda para responder a la actual crisis humanitaria en Venezuela y la región.
En una nota de prensa del Departamento de Estado se desglosa la partida: 47 millones de dólares serían destinados a ayuda humanitaria y 89 millones de dólares corresponderían a asistencia económica. Estas asistencias son “para apoyar a más de 7 millones de los venezolanos más vulnerables con necesidades críticas dentro de Venezuela, los casi 5,7 millones de venezolanos que han buscado refugio en 17 países de la región y las comunidades de acogida que los han acogido”, se indica.
“Este aporte permitirá fortalecer e impulsar programas de asistencia humanitaria dentro de #Venezuela, a través de agencias humanitarias aliadas de EEUU; así como impulsar y fortalecer programas de protección como el TPS colombiano para migrantes venezolanos en la región. Gracias”, expresó Carlos Vecchio, embajador venezolano ante Estados Unidos en su cuenta de Twitter.
Miguel Pizarro también intervino en “Hazlos visibles” y aseguró que “la crisis de migrantes y refugiados venezolanos podría escalar a 7 millones en 2021. El viaje de los migrantes y refugiados venezolanos hacia una vida estable puede durar años, e incluso puede que muchos se queden en el camino si no hacemos algo”.
Por eso la insistencia tanto de él, como de gobiernos de la región, multilaterales y agencias humanitarias, de atender con celeridad la compleja crisis humanitaria en Venezuela.
Acción bipartidista para fortalecer la ayuda humanitaria
Paralelamente, y en una acción bipartidista, el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron una resolución para fortalecer la ayuda humanitaria a niños y mujeres venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, “también víctimas de la dictadura de Maduro”.
La resolución insta a los países de la región a continuar impulsando y fortaleciendo mecanismos conjuntos de protección para los migrantes y refugiados venezolanos, como los TPS (Estatus de Protección Temporal) concedidos por Colombia y Estados Unidos.
“Estados Unidos y nuestros aliados deben estar vigilantes para garantizar que la atención sanitaria –incluidos los recursos de salud mental– el refugio, la asistencia alimentaria y otros servicios básicos estén disponibles y sean accesibles para las familias venezolanas», señaló Menéndez en un comunicado.
Por su parte, Rubio subrayó que “el costo humano del narco-régimen de Maduro en la debacle humanitaria, ha producido el desplazamiento de seis millones de venezolanos a nivel mundial”. El senador republicano también agradeció a los países que continúan brindando «una mano hermana» a los migrantes y refugiados venezolanos que, aseguró, «huyen de las dificultades de la tiranía del régimen al igual que de la opresión».
Foto: Agencias