Rafael Molina sabía que La Cañada de Urdaneta, donde había vivido durante los últimos años, se había vuelto muy peligrosa. Pero el miedo escaló una mañana de noviembre de 2021 cuando recibió una llamada anónima en la que pretendieron extorsionarlo. Entendió entonces que cuanto antes tenía que salir de ahí, con su esposa e hijos.
Rafael Molina era miembro principal de la comisión administrativa del consejo comunal de la urbanización El Taparo 2, y representante legal de la comuna que agrupa a 19 consejos comunales de la parroquia El Carmelo, perteneciente al municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. Tenía bajo su responsabilidad la entrega de los productos CLAP y otros beneficios comunitarios. Y un día recibió una llamada que puso en alerta a toda la familia.
No conocía la voz que escuchaba del otro lado del teléfono. Pero aquel personaje anónimo fue claro: le dijo que sabía que recibiría unos electrodomésticos para rifarlos entre los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que acudirían a votar en las elecciones para gobernador y alcalde que se realizarían en pocos días. Y le hizo una petición que sonó, más bien, a una orden: que les entregara a ellos la mayor parte de esos electrodomésticos. No hacía falta que especificara a quiénes se refería: ellos eran parte de las “mafias” que controlan la vida de quienes viven en el municipio.
Rafael, temeroso, desistió de la entrega: argumentó ante sus jefes del partido que estaba enfermo.
Más tarde se enteró de que algunos consejos comunales fueron contactados de la misma manera para que entregaran cierta cantidad de bolsas de comida. Por esta razón, ya no quiso seguir trabajando con estos organismos porque temía que lo llamaran con otras exigencias.
Aquel episodio ocurrió en noviembre de 2021 y fue lo que quizá rebosó la copa del miedo. Sobre todo, le angustiaban sus hijos: Luis, de 16 años, a punto de terminar su bachillerato; Andrés, de 10, alumno de 5to grado de primaria; y Andrea, de 4 años.
Diez años antes, cuando la familia dejó Maracaibo y llegó a El Taparo 2, tenía la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida. Porque aunque habían estado mucho tiempo en la ciudad, allá habían tenido que enfrentar una situación muy precaria: vivían arrimados, en casa de la madre de Carmen, la esposa de Rafael; y no tenían trabajo. Según le comentaron unos amigos, en El Taparo 2 podían trabajar como comerciantes y buscar un espacio propio.
Y lograron muchas cosas, como una vivienda propia, pero todo allí se fue deteriorando con el paso del tiempo.
Las fuentes de empleo fueron decayendo progresivamente. Mermó mucho la producción de camarones y cangrejos, porque las empresas camaroneras eran acosadas y atacadas por delincuentes. Además, las personas no podían pescar libremente: quienes se aventuraban a la faena, muchos desesperados por el hambre, se exponían a que los llamados “piratas del lago” los asesinaran. No eran pocos a los que les iba mal: según el Observatorio Venezolano de Violencia, solo entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2020, asesinaron a seis pescadores, otros dos fueron heridos y varias embarcaciones quemadas por las bandas de La Cañada de Urdaneta. ¿La razón? Haberse negado a pagar extorsión.
La delincuencia se ha ido apoderando poco a poco de las comunidades. Cuando los dueños de algún negocio no quieren cumplir con lo que exigen los delincuentes, entonces arremeten contra los locales con disparos o granadas. Otras veces, las agresiones se dirigen hacia los dueños, hacia sus hogares, para amedrentarlos y obligarlos a pagar.
Así las cosas, muchos propietarios de negocios —centros comerciales, bodegas pequeñas o medianas— se han visto obligadas a cerrar por la necesidad de buscar un poco de seguridad para sus familias: se marchan y dejan el municipio cada vez más solo y a la población restante con menos posibilidades de conseguir un trabajo honesto y bien remunerado.
—También nosotros decidimos irnos —dice ahora Carmen.
Prefiere, como muchos otros, que no se precise dónde exactamente está.
No quiere que nada lesione la seguridad que ha encontrado.
—Nos daba miedo que nuestros hijos crecieran y fueran captados por la mafia —continúa.
El peligro de que los hijos caigan bajo la influencia de las bandas no es una exageración. Carmen hace un repaso por casos que ha visto muy de cerca.
En febrero de 2022 mataron a un muchacho de 20 años que vivía en la misma cuadra que ella. La policía lo asesinó en una “operación limpieza”: las fuerzas policiales salen a matar a los jóvenes que se encuentran vinculados con las bandas. Llevan una lista, ya saben quiénes son, los buscan, los ubican y luego los matan. Como al parecer sucedió con este joven. Es la versión que más se cuenta en las calles. Otra cosa que se escuchó decir es que al muchacho le encontraron un papel con nombres de personas a quienes debía extorsionar.
En marzo dispararon contra otro joven que vive en una cuadra cercana; pero esta vez fueron los miembros de una banda. El muchacho tuvo que irse del municipio porque lo iban a matar. Lo que se dijo entre los vecinos fue que no quería trabajar para la mafia.
—Se dice que cuando los muchachos cumplen los 15 años, la mafia los contacta y los obliga a que hagan trabajos para ellos; si no los hacen entonces amenazan a la familia, y es por eso también que nosotros decidimos sacar a nuestro hijo antes de que termine su bachillerato, para liberarlo de esa situación, porque ya nuestro hijo tiene 16 años y no quisimos exponerlo a que lo fueran a contactar. Eso nos da mucho miedo.
En la calle de atrás de su casa, vivía una señora y ella le contó que a su hijo de 17 años le estuvieron insistiendo unos muchachos para que hiciera unos “trabajitos”, como lo llaman ellos. Trabajos que eran para extorsionar y para amedrentar. Al muchacho lo estuvieron amenazando con que si no hacía el trabajo, lo iban a matar. No solamente a él sino también a su madre. Por eso, tanto él como su madre se tuvieron que ir de la comunidad.
Dejaron la casa prácticamente botada. Poco a poco la gente le ha ido quitando partes; les han robado las instalaciones eléctricas, les rompieron las ventanas, se llevaron las cosas que habían dejado dentro.
Por todo eso afirma que sus hijos corrían peligro, y no solo en las calles, sino que también los institutos educativos se han convertido en territorios llenos de amenazas, porque allí es donde los jóvenes se encuentran y hacen gran parte de su vida.
Fue a partir de 2018 cuando Carmen y Rafael comenzaron a pensar en dejar el sector. Lograron mudarse en 2021 porque él pudo comenzar a vender plátanos lejos de allí. Con los ingresos, alquilaron una vivienda y se fueron llevando de a poco algunos muebles. Lo hacían escondidos para pasar desapercibidos, porque muchas veces los delincuentes cuando saben que una familia se va a ir también la quieren extorsionar:
—Esa gente piensa que si alguien tiene las posibilidades de mudarse hacia otro sitio, también tiene que pagarles —dice Rafael.
Donde están ahora, esperan dejar atrás un tiempo de angustias y temores, y encontrar una tranquilidad que parecía irremediablemente perdida. Hace apenas unas semanas completaron el traslado a la nueva vivienda. Esperan no tener que volver nunca más.
*Los nombres de los personajes de esta historia fueron cambiados para proteger sus identidades.
Texto: Moraima Pérez
Ilustraciones: Carlos Leopoldo Machado
Esta historia es parte del seriado “Desplazados”, producido por La Vida de Nos y cedido para su republicación.