Los abogados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en conjunto con sus pares de la Major League Baseball, revisan la política sancionatoria, así como la licencia particular que otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro a favor de los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua, la cual ha permitido desde la temporada 2022-2023 contratar peloteros que hacen vida en Estados Unidos, señala el semanario Exclusivas Económicas.
De acuerdo con la publicación, la razón fundamental apunta a los vínculos de esos dos equipos con entes del gobierno venezolano, pero eso se solventó como parte de la política de flexibilización de sanciones adoptada por el gobierno de Joe Biden a finales de 2022.
Si bien en la LVBP hubo temores sobre la renovación luego de la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio, la duda volvió a aparecer después del triunfo de Donald Trump y se están revisando las acciones de lobby para persuadir al senador Marco Rubio sobre la importancia de mantener al béisbol venezolano alejado de la política de sanciones, advierte el semanario.
En la liga también se revisa el escenario que en un contexto de recrudecimiento de sanciones se incluya a Los Tiburones de La Guaira, tomando en cuenta los vínculos de su propietario, Wilmer Ruperti, con la comercialización de crudo y productos refinados en sociedad con Petróleos de Venezuela (PDVSA), puntualiza Exclusivas Económicas.
El caso de Los Leones del Caracas también está en la mira porque también su dueño, el empresario Ricardo Cisneros Rendiles, entró en contacto con PDVSA para la participación en una empresa mixta.
“Las sanciones están demostrando que Venezuela no es solo política y petróleo, como dijo Rómulo Betancourt sino también béisbol”, comentó un abogado vinculado a la LVBP.