Un dato que pasó desapercibido con el anuncio de la entrada en vigencia de la Ley Antibloqueo es la creación del Centro Internacional de Inversión Productiva, un instituto público de naturaleza independiente adscrito a la vicepresidencia de la República, revela el reporte semanal Exclusivas Económicas.
Detalla que en la Gaceta Oficial se señala que su objetivo es: «Revisar y aprobar los proyectos de inversión elaborados por los órganos y entes de la Administración Pública en el marco de la aplicación de la Ley Constitucional Antibloqueo (…) Promover en el ámbito nacional e internacional los proyectos orientados a incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos y mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas».
Exclusivas Económicas precisa que el instituto está presidido por Héctor José Silva Hernández, un funcionario que se ha desempeñado hasta ahora en Bancoex. De hecho, la sede actual del ente está ubicada en el edifico de ese banco, aunque se está a la búsqueda de sede propia.
Silva Hernández pertenece a la nueva generación de funcionarios, de la que forma parte Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), que ha ido adquiriendo importancia y relevando funcionarios de vieja data en las instituciones financieras del Estado.
Una fuente cercana al Ministerio de Finanzas confirmó a Exclusivas Económicas que efectivamente parte del objetivo es privatizar empresas del Estado improductivas, así como activos que no están siendo utilizados. Asimismo, levantar financiamiento que permita reactivar ciertos proyectos manufactureros que se requieran.
Otra fuente consultada señaló que ya hay acuerdos casi listos con empresas iraníes y rusas. Este tipo de negociaciones se está adelantando en un ecosistema económico diferente, en el que la injerencia de Estados Unidos y de las sanciones no tienen ningún peso y más bien le brinda oportunidades de hacer negocios a empresas que en otras circunstancias estarían en desventaja en la competencia por adquirir activos venezolanos.