En horas de la noche de este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre el desarrollo de la audiencia de presentación de seis ciudadanos, entre ellos la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, por estar presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco.
El funcionario a través de la red social X explicó que el Ministerio Público solicitaría ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra Rocío San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros.
Saab señaló que para Alejandro Jose Gonzales De Canales Plaza, se solicitaría «medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación».
Concluyó puntualizando que su despacho agilizaría en relación a los 4 ciudadanos restantes «medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa».
Alto comisionado y CIDH levantan la voz
La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, manifestó mediante un mensaje publicado en la red scial X, su profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano.
«Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal», escribió la oficina en X.
Igualmente La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la “desaparición forzada” de San Miguel, quien fue detenida el pasado viernes y cuyo paradero aún se desconoce.
La CIDH recordó en una publicación en X que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares e instó al Estado venezolano “a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.
El pedido del organismo se suma al de más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela, quienes este lunes han rechazado la “detención arbitraria” de la activista, arrestada el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.