El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) interpuso, la mañana de este jueves, un recurso de nulidad ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las acciones emprendidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que «confiscaron de manera abrupta y obscena» el derecho a revocar a todos los venezolanos.
César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y portavoz de esta organización ciudadana, aseveró que solicitaron formalmente a los magistrados del máximo juzgado del país que «reponga la causa al estado de apertura del proceso».
Acompañado de un grupo de abogados constitucionalistas, y activistas políticos y sociales, Pérez Vivas planteó que las actuaciones del organismo rector son un golpe a la Constitución nacional y violentan abiertamente los principios de la Carta Magna. «El derecho a revocar está vivo, no ha muerto. El señor Nicolás Maduro ordenó matarlo, pero nosotros defendemos este derecho», fustigó el dirigente político.
Desde las afueras del TSJ, el también abogado hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad democrática venezolana a no hacerle juego a Maduro y salir abiertamente a condenar el atropello del CNE y a levantar la voz para exigir el cumplimiento del derecho constitucional.
«Golpe de Estado continuado»
Por su parte, Nicmer Evans, presidente nacional del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), insistió que desde Mover están solicitando fundamentalmente al Poder Judicial detener «un golpe de Estado en proceso» y que, ajustándose a la Constitución, declare la nulidad de un acto que viola la normativa establecida por el propio ente comicial en el año 2007.
«Así como no nos prestamos para participar el 26 de enero en una farsa de recolección de voluntades, hoy seguimos diciendo que el derecho a revocar sigue vigente y que lo que afirmó la rectora Tania D Amelio, en relación a que está cerrado el proceso (refrendario) es absolutamente falso», precisó el politólogo.
Antes esto y tras cumplir el requisito legal en el país, Evans adelantó que acudirán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Penal Internacional para denunciar todas las irregularidades del RR. Antes de finalizar, exigió contundencia, en esta materia, por parte de todas las organizaciones sociales y políticas del país.