Un mes antes de que el gobierno de Donald Trump impusiera las sanciones que prohibieron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) exportar hacia Estados Unidos, los despachos de crudo y combustibles de la empresa estaban por encima de 1,3 millones de barriles al día. Eso fue en enero de 2019 y a partir de entonces comenzó una caída que, luego de 17 meses, alcanzó 72,5%. Los despachos hacia el exterior también se desplomaron a 379.000 barriles al día, casi la cuarta parte de lo que se enviaba.
Por el lado de la producción se dio una situación similar, porque 2018 cerró con un volumen de extracción de crudo por encima de 1,5 millones de barriles. En solo año y medio se registró una caída de 74% y para mediados de 2020 el volumen de extracción de crudo apenas alcanzaba la cuarta parte del nivel que se reportaba antes de las sanciones.
El objetivo de las sanciones, de acuerdo con lo señalado por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su rol de mandatario interino, era que se produjera un cambio político en no más de un año. La expectativa era que ya para 2020 Nicolás Maduro no estuviera en el poder, Estados Unidos hubiera levantado las sanciones y, de esa manera, Pdvsa recuperaría el mercado perdido.
“Estados Unidos está actuando de manera asertiva para ahogar financieramente a Maduro y acelerar una transición democrática pacífica”, afirmó John Bolton, exasesor de eguridad nacional del expresidente Donald Trump a mediados de 2019. Dos años más tarde ese cambio no se dio. El mandatario venezolano continúa en el poder y Pdvsa, entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021, frenó la caída de su producción y sus ventas externas, incluso con tendencia lenta al alza.
Por el lado de la oposición, alrededor de Guaidó se resalta la importancia de mantener las sanciones. “Las sanciones son la única herramienta que tenemos en este momento para enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro, pero el proceso ha sido más lento de lo que hubiéramos querido”, llegó a reconocer Guaidó a mediados del año pasado.
Hoy, se debe reconocer que Maduro encontró una manera de frenar el desplome y colapso de la industria petrolera.
Las cifras de organizaciones como la Agencia Internacional de Energía o la firma consultora Energy Intelligence indican que desde mediados del año pasado hasta la mitad de 2021 -con altas y bajas- la producción aumentó 58% para alcanzar un nivel por encima de 531.000 barriles diarios y las exportaciones se elevaron 66,5% para colocarse sobre los 631.000 barriles al día.
¿Qué ocurrió? Maduro, en principio, sacó a los militares de Pdvsa con la remoción del mayor general Manuel Quevedo y transfirió la competencia del sector petrolero a dos chavistas pragmáticos: Tareck El Aissami, como ministro de Petróleo, y Asdrúbal Chávez en la presidencia de Pdvsa. Este último conoce la empresa, hizo carrera en la misma y llegó a ocupar la vicepresidente de Comercio y Refinación.
La administración Maduro ha recurrido a todas las cartas y aliados que ha conseguido. Mucho se apunta hacia Rusia y China, pero poco se menciona a la India, que al final ha tenido un rol relevante justamente en los dos años y medio que tienen las sanciones, al punto que ha aportado caja a las cuentas de Pdvsa.
Un promedio de 319.177 barriles diarios exportó Pdvsa a la India durante 2019 -primer año de las sanciones- volumen que representa casi un tercio de las ventas externas. En 2020, segundo año de las medidas de Estados Unidos, las ventas al país asiático alcanzaron 191.021 barriles por día, también cerca de la tercera parte. En esos dos años, dos empresas de refinación de la India (Reliance y Nayara Energy) han aportado cerca de 8.000 millones de dólares a las cuentas de la estatal venezolana.
“Estas exportaciones son la línea de vida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela”, sostiene Hari Seshasayee, analista internacional de las relaciones entre la India y América Latina e investigador del Wilson Center, un think tank con sede en Washington y el cual tiene patrocinio del Congreso de los Estados Unidos.
Advierte que la India contabilizó pagos por 5.500 millones de dólares en 2019 y en 2020, pese a la caída de los precios del crudo y la pandemia de la COVID-19, por 2.300 millones de dólares. “Venezuela depende de las ventas de petróleo a la India como una fuente vital de divisas, dado que una parte importante de las exportaciones a China se utilizan para amortizar préstamos”, agrega.
Estas cifras representan una escasa porción de lo que llegó a recibir Pdvsa por parte de las empresas indias en años anteriores a las sanciones –a lo sumo alcanzan 10%- si se toma en cuenta que los despachos a ese país se aproximaron a los 400.000 barriles diarios y el porcentaje de descuento que recibía con respecto al crudo Brent era de 12% y, en la actualidad, alcanza alrededor de 30%.
Seshasayee, no obstante, resalta el papel que ha tenido la empresa Reliance Industries, que firmó un acuerdo de largo suministro en 2012 con Pdvsa. Solamente en el primer año de las sanciones llegó a adquirir 27% de las exportaciones petroleras venezolanas, prácticamente igualando el volumen que percibió China durante el año 2019, e indica que esas transacciones se hicieron con el aval del gobierno de Trump gracias a las gestiones de lobbying o cabildeo que realizó en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y, por supuesto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
“Reliance se convirtió en el primer cliente de Pdvsa con explícita aprobación de Estados Unidos. El simple objetivo de ese lobbying fue asegurar un estricto cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos, pero también una autorización para cualquier importación vinculada con Venezuela, sea directa o a través de intermediarios”, señala Seshasayee.
A los despachos hacia la India se suma la modalidad que se consiguió para mantener los suministros de crudo hacia China, que han reportado diferentes firmas consultoras y las reseñas que mensualmente, desde que se iniciaron las sanciones, ha informado la agencia de noticias Reuters en función del movimiento de tanqueros y la descarga de tanqueros en puertos petroleros.
“China nunca dejó de importar el crudo de Pdvsa. Primero, siguió llegando a sus puertos con la ayuda de una subsidiaria en Suiza de la empresa rusa Rosneft y luego a través de un método de entrega indirecta que hizo parecer como si el origen del petróleo fuera Malasia”, señala un trabajo de investigación realizado por Reuters.
La agencia de noticia añade que “esas ventas proporcionaron un apoyo muy necesitado por el gobierno de Maduro, aunque no se pudo determinar cuánto ingresó a las arcas estatales, porque Pdvsa a menudo vende su crudo a descuentos y muchas de sus transacciones se destinan a pagos de deuda con China en lugar de generar efectivo”.
El aporte de las empresas locales
La ayuda también proviene de grupos empresariales venezolanos que han llenado el vacío dejado por las compañías de servicios petroleros occidentales quienes, al cumplir con las sanciones de Estados Unidos, han reducido su presencia a niveles mínimos, según reportó Reuters. El ministro El Aissami recurrió a una figura jurídica que en Pdvsa tradicionalmente fue conocida como convenios operativos, que en los años 90 marcaron el primer paso de lo que fue el proceso de apertura petrolera a capitales privados y extranjeros, política que Hugo Chávez rechazó y que convirtió en una de sus banderas para las elecciones presidenciales de 1998 que le permitieron llegar al poder.
La administración de Maduro, para evitarse el señalamiento de que va en contra del pensamiento de Chávez, optó por un cambio semántico y solo se habla de Acuerdos de Servicios Productos o sencillamente ASP, por sus siglas. También aprovechó la aprobación de la Ley Antibloqueo para avanzar en negociaciones con empresas privadas venezolanas y extranjeras, la cual fue aprobada por la desparecida Asamblea Nacional Constituyente, que se convocó e instaló como una manera de reemplazar al Poder Legislativo electo en 2015 con mayoría de la oposición.
“Alrededor de 20 empresas, fundamentalmente nacionales, han manifestado interés en transitar por una de las trochas abiertas a esos fines, la celebración de los hasta ahora identificados como ASP”, señala el abogado venezolano Juan Cristóbal Carmano, experto en el régimen legal de los hidrocarburos.
Sostiene que “iniciativas como la posible celebración de los ASP parecieran indicar que el gobierno de Nicolás Maduro terminó de deslindarse de la visión ideológica y jurídica que del manejo de la actividad petrolera tuvo Hugo Chávez, concretada en el llamado Plan Plena Soberanía Petrolera”.
Explica que estos acuerdos se enmarcan en lo que en el mundo anglosajón se conocen como Offtaking Contracts. Bajo esta figura la parte contratante conviene con un tercero el desarrollo de un proyecto y así al contratista le corresponde financiar y llevar a cabo la actividad extractiva bajo la modalidad de servicio, a cambio de lo cual obtiene como contraprestación una porción del recurso explotado, previo el cumplimiento de las obligaciones tributarias y patrimoniales que recaen sobre el contratante.
Sin embargo, advierte sobre el viso de inconstitucionalidad e ilegalidad que tienen los ASP debido a que estos contratos no están consagrados explícitamente en la Ley Orgánica de Hidrocarburos que rige en Venezuela y también porque la Ley Antibloqueo no fue aprobada por la Asamblea Nacional, como único representante del Poder Legislativo, y por las características de confidencialidad obligante que se consagra para los contratos entre organismos públicos y empresas privadas.
“La Ley Antibloqueo, lejos de contribuir a crear un escenario signado por la claridad, transparencia y seguridad jurídica, tan necesarias para que la economía del país se encauce, abona la discrecionalidad y arbitrariedad, todo a la sombra del secretismo y la falta de discusión, lo que agravará aún más la crisis económica, social e institucional que tanto agobia a los venezolanos”, señala Carmona.
En cualquier de los casos, Pdvsa presentó la lista de las empresas que aceptaron a formar parte de lo que llama “oportunidades de inversión”, plan que no ha estado de exento de quejas por parte del empresariado nacional como el manifestado por el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), Reinaldo Quintero, quien ha señalado que no todas las compañías participantes muestran una trayectoria vinculada a la ingeniería de los hidrocarburos y no forman parte de esta organización gremial.
“La clave es reinsertar los recursos privados en el sector público, lograr que los modelos de negocios y operativos que están planteados se activen, pero insisto en que se haga con el sector formal”, comenta Quintero. Acota que alrededor de 30% de las compañías que están en estos convenios forman parte de la CPV, “pero entiendo que aún se encuentran en revisión de las condiciones financieras para comenzar”
Aclara que buena parte de la participación de las empresas venezolanas ha sido en la rehabilitación de las refinerías, así como en los trabajos de compresión e inyección de gas natural en yacimientos que implican una contratación de un servicio puntual, pero que han permitido recuperar parcialmente parte de la operación de las refinerías y levantar la producción de crudo.
Quintero forma parte de los empresarios venezolanos que cuestionan las sanciones que impuso Estados Unidos e incluso como máxima autoridad de la CPV ha gestionado encuentros con representantes del gobierno estadounidense para intentar alguna medida de flexibilización o que se apruebe una licencia que favorezca la venta de crudo venezolano en Estados Unidos con fines humanitarios o se retomen los intercambios de petróleo por combustibles para cubrir el déficit que afronta el mercado interno.
“Es necesario que tengamos un diálogo y creemos un bloque de confianza para que nos acerquemos a los Departamentos de Estado y del Tesoro para presentar los aspectos que nos afectan porque las sanciones definitivamente atentan contra la libertad económica y la posibilidad de recuperación de la economía del país”, afirma Quintero.
Los cálculos que se tienen indican que la demanda actual de combustibles está entre 200.000 y 210.000 barriles diarios, un tercio apenas de lo que llegó a alcanzar cuando falleció Hugo Chávez y Maduro llegó al poder hace ocho años. De ese volumen, Pdvsa logra cubrir al menos las dos terceras partes, lo que deja claro que existe un déficit que está entre 60.000 y 70.000 barriles diarios.
La llegada de Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez al Ministerio de Petróleo y Pdvsa, respetivamente, a mediados del año pasado ha favorecido los contratos con nacionales y esto, junto a la ayuda de China en el suministro de equipos a través de Irán, ha llevado a una recuperación de las refinerías de un nivel que estaba por debajo de 10% a un rango que está entre 30% y 40% de la capacidad de procesamiento de crudos que alcanza 900.000 barriles diarios. Es decir, se llegó a cubrir gran parte de la demanda local y se logró a exportar.