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El sábado 5 de julio, se llevó a cabo el acto de proclamación de vocerías electas del Consejo Comunal Prados del Este (COCPE), formalizando institucionalmente el liderazgo comunitario y «marcando una nueva era» en la incidencia real de los vecinos interesados en dar soluciones a la comunidad y acabar con años de apatía debido a la falta de conciliación y respuestas ante las diversas situaciones que aquejan a la urbanización.
Así lo describieron algunos ciudadanos tras facilitar documentos y testimonios que presuntamente constatarían que la vicepresidenta de Asopraes, Kiomara Scovino, mantendría un esquema de cobros irregulares en la redoma de Prados del Este, espacio que ha convertido un «mercado de los corotos» que funciona al menos dos veces al mes. Cansados de esta situación, un grupo de vecinos ha elevado las denuncias formales ante la Sindicatura Municipal de Baruta y el Ministerio Público, que supuestamente detallarían pagos arbitrarios, aplicación de tasas cambiarias ambiguas y el total desconocimiento sobre el destino de los fondos recaudados.
Denuncias de la comunidad
Un documento recibido en fecha 9 de abril de 2025, dirigido a la Directora General Contra la Corrupción del Ministerio Público, señala que los proveedores del Mercado Municipal de Prados del Este denunciaron a Asopraes por exigirles un pago diario, independientemente de si asisten o no al mercado. En esa oportunidad, los denunciantes también reprocharon la aplicación de una tasa de cobro que consideran discrecional: afirman que Asopraes cobra a los proveedores utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) «no al momento del pago», sino cuando se verifica el mismo generando en su opinión a una incertidumbre sobre el monto final.
Así mismo, los afectados afirman que la asociación civil exige un depósito inicial de 60 dólares a los nuevos proveedores; mientras otros afirman que a algunos le han cobrado hasta 80 dólares. Los vecinos y comerciantes han manifestado desconocer el destino de los fondos, «que no se invierten, lo que genera desconfianza y malestar entre los comerciantes», apuntó el oficio de la Sindicatura Municipal.
Esta opacidad contrasta drásticamente con la normativa municipal, que establece claramente que la responsabilidad de otorgar permisos y cobrar tasas por actividades comerciales en mercados a cielo abierto recae exclusivamente en la Alcaldía de Baruta, específicamente a través del Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT).
La tasa legal es equivalente a «quince (15) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor» del BCV, y debe ser cancelada directamente al SEMAT, no a una asociación vecinal. «Esta discrepancia sugiere que ASOPRAES podría estar subrogándose funciones y cobrando por servicios que no le competen legalmente», asegura un comerciante.
Voceros del Consejo Comunal
Vecinos que han pedido no ser identificados para no entorpecer procesos de denuncias en curso en tribunales, expresaron sentirse complacidos con que a partir de este 5 de julio, se inicia una nueva fase alejada del conflicto que consideran ha representado Asopraes y particularmente Scovino.
«No solo ha denunciado a vecinos, se mete con quienes quieren remodelar su casa, impide el crecimiento comercial en la urbanización, y hasta fue a Farmatodo a amenazar un proyecto que estaba en marcha. Desconocemos con qué propósito, pero todo lo que ha venido haciendo es para tener a Prados del Este en la oscuridad».
Es por eso que los ciudadanos decidieron unirse y renovar los voceros del Consejo Comunal Prados del Este para formar parte de una estructura que tiene injerencia real ante las instituciones del Poder Público en Venezuela.
En el acto de proclamación los distintos voceros electos el pasado 29 de junio se comprometieron a procurar el bienestar común y a trabajar por brindar soluciones reales. Así lo manifestó, el abogado penalista y docente universitario Antonio José Vargas Pacheco, vocero electo de la Contraloría Social.
«Hoy asumimos con mucha humildad, mucho compromiso y mucha responsabilidad. Responsabilidad y compromiso del tamaño de los votos que obtuvimos en las elecciones, porque cabe destacar que humildemente fui el más votado de todos los 34 candidatos postulados para esta elección de la estructura del Poder Popular, que de alguna manera nos convierte en gobierno local dentro de la organización de Prado del Este», declaró desde el parque Agustín Codazzi.
Expuso que los Consejos Comunales son estructuras del Poder Popular que están establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y tienen prioridad sobre las asociaciones vecinales.
«Si bien es cierto que, todos los vecinos tienen el derecho de asociarse, según el Código Civil y también la Constitución, esto no les permite tomar decisiones que sean vinculantes para la comunidad, ni tampoco utilizar recursos públicos, sino que pueden seguir las asociaciones de vecinos realizando actividades, pero siempre con fondos propios y nunca yendo por encima de las normas de orden público», enfatizó.
Vecinos organizados
En este orden de ideas, el abogado Carlos Jiménez expuso que este Consejo Comunal es el resultado de que un grupo de vecinos afectados por diversas situaciones depusieran sus diferencias y sus ideologías políticas porque la mayoría se identifican como opositores y no partidarios al proyecto de Gobierno, y entendieron que el Consejo Comunal es la única forma de organización que tiene representación legal en el país.
«Aquí la mayoría somos opositores. No somos adeptos ni al proyecto de Gobierno ni al proyecto comunal; pero entendimos que en la escala del poder público y en las escalas gubernamentales, lo que va a tener injerencia dentro de los proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos es el Consejo Comunal. Al ser el Consejo Comunal el que va a tener la injerencia y el que va a lograr la mayor suma de objetivos para la comunidad, nosotros decidimos formar este Consejo Comunal de Prados del Este con el principal fin de mejorar la calidad de vida de todos», remarcó.
Sobre la existencia de Asopraes, indicó que esta asociación civil fundada el 23 de junio de 1964, debe aprender a convivir con los Consejos Comunales.
«Nosotros no podemos ni queremos sacar a Asopraes porque es un patrimonio de la urbanización, pero lo que tenemos que hacer es adaptarnos al sistema político que estamos viviendo. El día que cambie el sistema político y no haya la necesidad de tener Consejo Comunal, bueno, se cerrará el Consejo Comunal y vendrá otra cosa o estará Asopraes. Nosotros no estamos imponiendo nada. Nosotros hicimos todo bajo los canales de ley, de forma democrática. Se hizo una asamblea de ciudadanos, la asamblea de ciudadanos eligió una comisión electoral. De esa comisión electoral se organizaron unas elecciones, se hizo un censo y las elecciones se materializaron. Y hoy se están juramentando a todos y cada uno de los voceros. ¿Qué estamos haciendo? Renovando las vocerías del Consejo Comunal de Prados del Este. Nosotros estamos renovando vocerías».
«Acusaciones sin fundamento«
Varios vecinos corroboraron las denuncias que circularon en diversos portales de noticias, y cuya información fue desmentida a través de un comunicado y varios videos en Youtube por la vicepresidenta de Asopraes, Kiomara Scovino. De acuerdo a las denuncias, reclaman que las instalaciones deportivas de Prados del Este sean utilizadas como un «mercado de los corotos» que funciona sin autorización de las autoridades municipales, y señalan directamente a Scovino de cobrar por ello sin rendir cuenta alguna a la comunidad.
«Scovino se ha adjudicado la autoridad sobre el uso de estas áreas, incurriendo en situaciones donde se le niega el acceso a las mismas a niños y personas de zonas vulnerables. La comunidad es de todos, y estos actos de clasismo perjudican la reputación de todos los vecinos», suscribe uno de los reportes publicados en varios portales web a principios de junio de este año.
Resaltan que «no basta» con que las canchas de tenis estén “en otra zona”. El uso de espacios públicos o comunales debe estar avalado por asamblea de copropietarios, cosa que no ocurrió. Se han recibido reportes de emprendedores que hacen vida en la zona a los que se le cobra por el uso del espacio de forma diario, incluyendo un monto destinado a un “IVA que no existe».
El comerciante y profesional del área de seguros César Augusto Salas Abreu dijo que, durante muchos años ha tenido inconvenientes por haber sido mal puesto por Scovino. El dueño de Prado Licor y el restaurante Mía, ambos ubicados en la urbanización, aseguró que ha tenido que recurrir a los Tribunales para que esta situación termine, pero Scovino insiste en mal informarle a través de los chats vecinales.
«Yo no tengo ningún problema con la señora Scovino. Ha sido ella, a través de Asopraes, quien me puso en situación incómoda ante la comunidad. Por esta situación tuve que verme en la necesidad de defenderme y le metí un amparo, una equivocación porque no tenía que ser un amparo, tenía que ser una demanda penal porque el daño moral no se repara en la vida y entonces tiene que ser una demanda penal, pero bueno tratamos de ir por la vía más conciliatoria. De hecho, la sentencia (Ver documento anexo) fue que ningún miembro de Asopraes podía nombrarme, pero tengo pruebas de que me han seguido nombrando, han comenzado de nuevo a nombrarme a raíz de su problema que tienen con la apertura de unos nuevos voceros del Consejo Comunal», refirió.
NdP por Anaisa Rodríguez