Las cárceles colombianas tienen un hacinamiento cercano al 60 por ciento. Penales de las grandes ciudades se niegan a recibir más presos y la policía se ve en la necesidad de mantenerlos bajo custodia en la vía pública y en condiciones denigrantes.
Las personas que son aprehendidas son llevadas a centros de la Fiscalía donde permanecen hasta cuando son presentadas ante jueces que determinan si les conceden libertad provisional o los envían a los penales que, en gran medida, se abstienen a recibirlos para impedir que crezca el hacinamiento.
Hispanopost recorrió la ciudad en compañía del abogado penalista José Luis Mozo para conocer la situación.
