Las organizaciones gremiales vinculadas al sector energético venezolano, especialmente el petrolero y el gasífero, han venido solicitando reformas del marco legal que rige estas áreas, comenzando por la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la reforma o derogatoria de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos; así como la eliminación de la legislación que establece una contribución especial a los llamados precios extraordinarios y exorbitantes de los hidrocarburos, señala el semanario Exclusivas Económicas.
La publicación agrega que la Cámara Petrolera de Venezuela y la Asociación Venezuela de los Hidrocarburos, no obstante, no han encontrado un pronunciamiento favorable a estas peticiones, ni siquiera desde que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez está al frente del ministerio ahora llamado de Hidrocarburos.
El presupuesto público de 2025, sin embargo, menciona aspectos que apuntan a una modificación legal que eventualmente podría contemplar una mayor participación privada nacional y foránea.
“Se prevé la adecuación del marco jurídico en materia de hidrocarburos para actualizar la estructura y condiciones de los modelos de negocios de explotación, mejorar la producción, la monetización, la recaudación y los ingresos de la República”, indica la propuesta fiscal del próximo año.
El plan presupuestario no detalla las implicaciones de esa “adecuación”, pero eventualmente se prevé profundizar los modelos de contratos que se han venido otorgando a particulares nacionales para servicios petroleros y gasíferos.