El retardo procesal es cada vez mayor. Reclusos de diferentes centros de Carabobo tienen entre uno y cuatro años esperando que se celebre la audiencia preliminar o de juicio en sus casos, pero el diferimiento siempre es la respuesta que reciben.
Sus familiares están desesperados. Ellos pasan los días llenos de sacrificio para llevarles comida, agua y medicinas, al tiempo que deben estar por horas en las puertas del Palacio de Justicia, donde prácticamente solo pierden el tiempo.
Ellos quieren respuestas, al menos una fecha certera para la audiencia a la que deben enfrentarse y así avanzar en el proceso del que se les acusa. María Alejandra Martínez tiene a su esposo que detenido en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Plaza de Toros, al sur de Valencia.
Ha tenido que padecer la angustia de huelgas de hambre que han hecho los reclusos de Carabobo solo para exigir el respeto de sus derechos humanos, mientras ella hace lo que puede en los tribunales, donde se ha encontrado con otras personas como Tibisay García, quien ya tiene un año y medio en esta situación luchando por justicia para su hijo.
No solo los familiares se enfrentan a este drama en tribunales de Carabobo, lo hacen los abogados de quienes están tras las rejas. Ante esta situación, la directora nacional de defensa de los derechos humanos del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Lily López, exigió que se declare la emergencia judicial en materia penal en los tribunales de Carabobo.
“Es fundamental porque los familiares y los abogados de libre ejercicio no tenemos respuestas, no se garantiza la tutela judicial efectiva porque hay un grandísimo retardo procesal”.
Pidió que se realicen las audiencias preliminares en Carabobo, que se abran los juicios, que se otorguen los beneficios procesales que les corresponden a tantos detenidos que tienen años esperando. “Este sistema se agotó, no funciona, no da respuesta, es importante inaugurar salas para audiencias telemáticas en todos los tribunales del país para tener tutela judicial efectiva”.
Fuente: El Carabobeño