La crisis en Venezuela ha provocado una de las más grandes olas migratorias en el hemisferio. La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que 7,6 millones de personas en Venezuela requieren de inmediata asistencia humanitaria y que 7,85 millones de venezolanos han salido del país, la mayoría viviendo en 17 naciones de la región y exponiéndose a situaciones de vulnerabilidad.
Tales cifras fueron presentadas por Marta Youth, subsecretaria interina de la Oficina de Población, Refugiados y Migración Departamento de Estado de Estados Unidos, durante el foro “Enhancing international coordination on Venezuelan migrant integration”, organizado por el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council y que tuvo lugar el pasado martes.
“Estados Unidos es el mayor donante de asistencia humanitaria para la crisis regional debido a Venezuela. En el último año ha proporcionado casi 625 millones de dólares en ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de refugiados, solicitantes de asilo y otras poblaciones vulnerables”, indicó Youth.
También destacó los esfuerzos que han realizado países como Colombia, Brasil y Ecuador por “incluir” a los migrantes venezolanos “en el sentido más grande de la palabra”, a través de programas de regularización migratoria o de asistencia.
Sin embargo, los números ofrecidos por Youth podrían incrementarse por dos factores que, según expertos, exacerbarían nuevamente la migración de venezolanos: la crisis política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y la reimposición de las sanciones económicas y petroleras.
“La literatura que hay sobre el tema de sanciones es bastante enfática y bastante concluyente. Las sanciones son un pésimo mecanismo para generar transiciones políticas; sobre todo en los casos como Venezuela”, aseguró Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana.
A su criterio, las sanciones lo que van a hacer, “porque están hechas para ello, es generar daños en la calidad de vida de los venezolanos. Las sanciones van a incrementar un problema que tiene Estados Unidos con Venezuela y el resto de América Latina, que es aumentar la migración”.
Recordó que “uno de los caballitos de batalla” de Donald Trump a lo largo de su campaña presidencial fue el tema migratorio. “Las sanciones lo que van a hacer es generar más migración, porque obviamente el problema económico va a empeorar, las cosas van a empeorar en Venezuela, y eso llevaría a un incremento importante otra vez de la migración”.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, también es de la opinión que el mantenimiento o la reimposición de sanciones generales o sectoriales, incluyendo las petroleras, “va a tener un efecto sobre los derechos sociales y económicos de la mayoría de la población venezolana que ha visto muy afectada su vida cotidiana”.
Indicó que en un análisis hecho en la plataforma HumVenezuela se demostró que 67% de la población está en situación de mucha vulnerabilidad. De ese porcentaje, que alcanza unas 20 millones de personas, alrededor de 5 millones están en una situación de necesidad crítica, de continuada asistencia humanitaria.
“Tomar medidas que puedan seguir afectando derechos sociales, derechos económicos, sí va a hacer daño. Esto de ninguna manera pretende negar las responsabilidades del gobierno venezolano en cuanto a tomar medidas para que estas afectaciones sociales y económicas a la población no ocurran”, agregó.
Reyna advirtió que si las sanciones se reimponen, se endurecen y la vida sigue haciéndose precaria para la mayoría de la población, probablemente se seguirá viendo un impacto importante en el flujo migratorio.
“Se trataría de una migración forzada por las circunstancias, por la inseguridad, por la inseguridad social. Llevaría a que muchas personas -se ha hablado de millón y medio o dos millones de personas adicionales a los 7,7 millones que ya han migrado del país- sientan que la única posibilidad de supervivencia es la salida de Venezuela, lo que es indeseable por lo que implica para sus vidas. Además, la migración para quienes han salido en condiciones de dificultad económica puede implicar desde reclutamientos forzosos, trata y tráfico de personas, abusos sexuales”.
Resaltó que el camino sancionatorio es solo uno de los que hay que emprender para buscar soluciones para Venezuela. También están -según dijo- el camino diplomático internacional, los diálogos que se están desarrollando en Venezuela y el escrutinio de los derechos humanos.
“Hay quienes abogamos por el levantamiento de las (sanciones) generales, las sectoriales, petroleras, porque sabemos que hay otros esfuerzos que hay que hacer… No debería ser que Venezuela quede dependiendo de políticas internas de otros países y quien se afecta es el país. No es posible que se imponga de nuevo una forma de operar en lo económico que implique que cada seis meses no sepas qué es lo que viene, que es lo que ha pasado con las licencias petroleras que se han emitido”, expresó.
Para Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, ante un escenario de reimposición de sanciones, en el que Trump decida aplicar nuevamente la política de máxima presión, “el resultado es perfectamente proyectable: incremento de la crisis sin cambio político y más sufrimiento para la población que para el gobierno, además de una tendencia natural a la desoccidentalización del país”.
¿Ya comenzó un nuevo éxodo masivo de venezolanos?
En el evento del Atlantic Council también participaron Paula Rossiasco, especialista en Desarrollo Social del Banco Mundial; David Smolansky, director en Washington DC de la campaña presidencial ConVzla; y Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), bajo la moderación de Geoff Ramsey, miembro senior Adrienne Arsht Latin America Center.
Los panelistas abordaron algunas de las causas que provocarían un nuevo éxodo masivo de venezolanos; al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones para mejorar la coordinación de esfuerzos y políticas regionales para atender a los migrantes y refugiados.
“Es una oportunidad para demostrar lo que el hemisferio puede lograr trabajando juntos, otorgando acceso a un estatus regular y compartiendo la carga de la integración migratoria”, señaló Ramsey a modo de introducción, para luego preguntarle a Smolansky si esperaba ver una nueva ola migratoria de venezolanos a propósito de la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero del próximo año.
“Una nueva ola de migrantes comenzó desde el 28 de julio. Somos testigos de la más grande migración por razones políticas desde que esta crisis comenzó hace una década atrás. Según cifras oficiales, al menos 108.000 venezolanos han huido del país desde el 28 de julio… Estamos hablando de niños, adolescentes, mujeres y de personas que fueron fuertemente perseguidas por trabajar en la campaña política de las elecciones de julio”, indicó Smolansky.
Sin embargo, está convencido que al producirse una transición política “las personas van a dejar de huir y probablemente vamos a ver el más grande regreso de migrantes en la historia. Aproximadamente el 30% de los migrantes regresan a sus países de origen. En el caso de Venezuela sería más alto porque muchos venezolanos -según encuestas- regresarían una vez que se produzca un cambio político”.
Laura Dib discrepó con Smolansky sobre este punto. “Es necesario entender cuan profunda es la crisis humanitaria, el impacto que tiene y la posibilidad de una recuperación rápida. Yo pondría en duda que sea inmediata porque si bien hay una necesidad absoluta de continuar trabajando por la democracia en Venezuela -y eso debe ser una prioridad- al mismo tiempo debe haber un entendimiento de que la migración no va a cesar en el corto plazo”.
Explicó que la razón de su comentario se basa en la información que publicó HumVenezuela, plataforma que documenta la compleja emergencia humanitaria en Venezuela. “Antes de las elecciones había aumentado13% la intención de migrar este año… Y todavía queda por ver cuánto ha aumentado ese 13% de intención después de las elecciones del 28 de julio y cómo seguiría aumentado luego del 10 de enero”.
Reconocer el estatus de los migrantes y refugiados venezolanos
Durante su intervención, Laura Dib también señaló que para ella es increíble que después de tantos años de migración venezolana continúen discutiendo el tema y lleguen a la misma conclusión: “No se ha hecho lo suficiente… no ha habido una respuesta regional coordinada desde el punto de vista de los derechos humanos”.
Aseguró que “la respuesta ha sido fragmentada para reconocer el estatus de los migrantes y refugiados venezolanos”, lo cual se dificulta por los problemas que tienen los venezolanos para obtener pasaportes tanto dentro como fuera del país; así como el uso de pasos ilegales para ingresar a otras naciones.
Paula Rossiasco al tomar la palabra comentó que en el Banco Mundial están tratando de entender no sólo la movilidad de personas en la región, sino también el caso específico de Venezuela y las respuestas que han dado países como Colombia, que pueden ser “lecciones útiles” para otras naciones, como “adaptar sus instrumentos a la realidad de la situación” y “entender las necesidades” de los migrantes y refugiados.
Durante el foro, Geoff Ramsey preguntó sobre cómo reducir los riesgos a los que se exponen migrantes y refugiados, entre ellos los venezolanos, al intentar cruzar por pasos como el tapón de Darién, que conecta Sur y Centroamérica con Norteamérica y donde “están a merced de grupos criminales”. “Naciones Unidas ha estimado que para finales de año 800.000 personas intentarán cruzar el Darién”, aseveró.
Al respecto, Dib indicó que primero hay que evitar un lenguaje que criminalice la migración y que no entienda que se trata de “un fenómeno global”. Lo segundo es crear “pasos legales para migrantes y refugiados y el reconocimiento de que requieren protección internacional en los países receptores”.
“Es absolutamente necesario que los Estados se conecten con la realidad de las personas y empiecen a comprender la necesidad de enfoques integrales y de derechos humanos con respecto a la migración. No tienen sentido políticas fragmentadas cuando se trata de abrir pasos legales… Los países deben entender que hay una realidad y que mientras no haya vías de integración se seguirán alimentando las economías de los contrabandistas y grupos armados”, agregó.
En cuanto a contar con data precisa sobre migración, Paula Rossiasco expresó que hay dificultades para tener una “fotografía clara de estas situaciones” porque “evolucionan todo el tiempo y es muy difícil” que todos los países cuenten con sistemas sincronizados para proporcionar una “instantánea en un punto determinado”.
A su juicio, es importante desarrollar sistemas de data mediante, por ejemplo, el uso de encuestas, como se está haciendo ya en algunos países de América Latina. Pero considera que no basta con recolectar esa data, hay que analizarla, “entender las implicaciones de esa data” y que sea utilizada por los “formuladores de políticas”.
Para concluir, Dib advirtió que si bien debe haber una coordinación entre los gobiernos y el sector privado para atender el tema migratorio, también se debe trabajar con las comunidades receptoras. “Cuando hablas de integración esto no solo significa trabajar por la integración de migrantes y refugiados. Es asegurarse que las comunidades anfitrionas entiendan que la integración de migrantes es para su propio beneficio, en vez de ser una competencia, que es generalmente el caso”.