Si de algo podemos tener certeza los venezolanos es que la renta petrolera no ha sido distribuida entre la población de manera equitativa a lo largo de los últimos cien años. Los conflictos recientes y pasados, en el fondo, tienen que ver con esto.
En la mera presencia del recurso, algunos han visto una maldición, un fatalismo que nos condena por siempre. Sin embargo, la evidencia empírica reciente apunta, más bien, a que no es el recurso sino las instituciones creadas alrededor del mismo las que determinan si este representa una maldición o una bendición para la sociedad.
Las instituciones, antes de distribuir la renta, distribuyen poder entre los distintos actores de la sociedad: sea a través de la organización económica y las redes creadas, o a través de los privilegios que ciertos grupos adquieren con sus conexiones y jerarquía dentro de la sociedad. Esto hace que las instituciones no emerjan del consenso social para beneficiar a toda la sociedad, sino de los grupos que pugnan por controlar el poder político e imponer sus intereses.
Estos grupos alrededor del poder han organizado las instituciones (de manera conscientes o no) para maximizar su propia renta y no la de todos en la sociedad. Sus incentivos (implícitos o explícitos) suelen ser la inversión en actividades y conductas que fomentan la maximización de captura de rentas. En esa competencia, el capital no está alineado con la innovación y la productividad, sino con la búsqueda de rentas.
Dado este diseño institucional, algunos han sabido organizarse eficientemente, de manera que por medios legítimos o no han logrado capturar mayores dimensiones de la renta en el ejercicio de sus roles en la sociedad. Esto ha dado como resultado una sociedad profundamente corrupta, con altos niveles de desigualdad y pobreza que hace inviable la vida común. Lo anteriormente expuesto me lleva a plantear maneras alternativas a este proceso de distribución de la renta; que en el fondo me enfrenta al meollo del asunto, un cambio institucional.
Pero ¿tiene sentido hablar de la renta petrolera en un mundo que se ha propuesto realizar una transición energética de los hidrocarburos al hidrógeno?
La transición energética
Para Venezuela es urgente actuar frente al reto que supone la transición energética: lograr insertarse tanto en la ventana de oportunidad de hidrocarburos que se está cerrando y la necesidad de participar en la ventana de oportunidad de renovables que se está abriendo.
La transición energética, prevista por la agenda climática 2050, implicaría una seria contracción de la industria del petróleo mundial; su objetivo es reducir la demanda actual de 90 millones de barriles a 24 millones de barriles en 30 años.
Esta agenda tiene previsto detener las exploraciones de nuevos campos petroleros y gasíferos distintos a los ya aprobados. Esto podría tener un impacto de mediano plazo en las cuentas fiscales de los países productores de petróleo, que verían caer sus ingresos hasta en 90% según la Agencia Internacional de Energía, afectando seriamente el financiamiento de la educación, la salud y demás servicios públicos.
Este escenario requiere acciones inmediatas, en coordinación con organismos multilaterales, para hacer que las consecuencias de una transición energética sean mitigables. Esto nos llama a pensar reformas de inmediato para invertir en educación, investigación y desarrollo; crear nuevas redes de intercambio de conocimiento, y garantizar los derechos de propiedad para ayudar a las empresas a innovar e invertir en la infraestructura necesaria con un marco regulatorio adecuado, a fin de que puedan ser parte de la transición energética. ¡El conocimiento irá a los que se muevan primero!
Pero Venezuela también debe aprovechar la ventana de oportunidad que se cierra en la industria energética. Siguiendo el modelo de una industria que declina (Harrigan y Porter, 1983); Venezuela que algún momento fue el máximo exportador de crudo y que es la gran reserva mundial, debe generar los incentivos para aumentar su poder de mercado y el rendimiento de su industria, abriendo la participación privada de los yacimientos con un marco regulatorio competitivo para recuperar su liderazgo en el sector.
Al mismo tiempo se debe apuntalar al país como nicho energético del mundo occidental: fuente segura de energía de este lado del mundo. Países como Catar y Emiratos Árabes Unidos han identificado la aviación como un nicho al cual pueden proveer combustible a bajo costo. Venezuela, por su ubicación geográfica y oferta turística, tiene las condiciones para el desarrollo de una industria aeronáutica que le permita aumentar la complejidad de su economía en sectores distintos al petróleo y al gas, relacionados con el turismo y los servicios logísticos.
Sea cual sea la velocidad de la transición energética que el mundo marque y la adaptación que a ella hagamos, la renta petrolera va a seguir fluyendo por los próximo 30 años, y tal vez por otro siglo más con independencia del éxito que tengamos en la diversificación económica. ¿Qué hacemos con ella para que llegue de manera justa a los venezolanos? ¿Cómo hacemos reformas institucionales para que esto sea así?
El ejemplo de Togo
Encontrar soluciones fuera de la caja no es un tema de recursos sino de enfoque. Durante la pandemia, países pobres como Togo se han movido más rápido que muchas naciones desarrolladas para proteger los ingresos de sus ciudadanos a través de transferencias directas casi universales, con pagos quincenales a monederos móviles donde hay confinamientos.
Según el Banco Mundial, las transferencias de efectivo representaron en torno al tercio de todas las políticas de protección social relacionadas con la pandemia. Es fundamental que en los países pobres no se pierdan por completo los medios de subsistencia. Es urgente conseguir dinero para financiar las transferencias de efectivo de la misma forma que ha ocurrido en las economías avanzadas.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en marzo de 2020, de forma casi unánime, una ley de ayuda ante la Covid19 que incluía una disposición para el envío sin condiciones de cheques de hasta 1.200 dólares a la mayoría de los ciudadanos adultos (a finales de año hubo una nueva ronda de cheques). Los residentes de Hong Kong recibieron pagos por valor de casi 1.300 dólares; los de Japón, unos 950 dólares; la mayoría de los adultos de Singapur, unos 425 dólares.
La pos pandemia va a dejar a una buena parte de la población mundial sumida en la pobreza. El Banco Mundial estima que el mundo tendrá 150 millones de nuevas personas viviendo por debajo de la línea de pobreza a partir del año 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19. Por primera vez desde 1998 se experimenta un incremento de la pobreza según Naciones Unidas. De acuerdo con el Programa Mundial para la Alimentación, 130 millones de personas no tuvieron suficiente comida en sus hogares en 2020. La pobreza está en el tapete de la discusión pública actual.
Desde el Observatorio Venezolano de Finanzas hemos estimado que la caída de la Actividad Económica de Venezuela para 2020 (-40%) es superior al resto del mundo y de la región. Esto implica que las consecuencias de la pandemia son más profundas en Venezuela y duraderas debido a los bajo niveles de vacunación que el país exhibe.
Renta Básica Universal
Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto “intervenciones específicas para mejorar el ingreso y la nutrición de la población, el acceso a salud y educación, y también la adopción de reformas que permitan el retorno de la inversión privada y la dinamización de la economía” (Abuelafia y Saboin, 2020).
Estas intervenciones tienen como máxima expresión un programa de transferencias directas de dinero no condicionadas casi universal:
“Dentro de las acciones orientadas a atender las necesidades urgentes de la población se sugiere implementar un programa de transferencias no condicionadas a nivel nacional de cobertura casi universal, con el objetivo de lograr cubrir a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible, y complementarlo con un programa de transferencias en especie para cubrir situaciones especiales. En el mediano plazo se espera transitar hacia un programa focalizado en aliviar la pobreza y apoyar el consumo de la población más vulnerable por medio de transferencias focalizadas, inicialmente no condicionadas. El costo estimado para el programa de transferencias cuasi universales y de transferencias en especie para el primer año alcanza los US$ 2.800 millones. Para el segundo año, el monto total es de US$ 2.954 millones, en cuyo caso las transferencias focalizadas representan más del 50% del total del gasto. Para el tercer año, el costo se ha estimado en US$ 2.250 millones” (Abuelafia y Saboin, 2020).
Esta propuesta es equivalente a un programa de Renta Básica Universal (transferencias de dinero universal y no condicionada), el cual ha venido ganando apoyo en el mundo académico por su efectividad y por la necesidad de redefinir y hacer más eficientes los programas sociales de los Estados modernos. La evidencia empírica es robusta sobre los efectos positivos de este tipo de programas en la generación de capacidades de la gente.
No hay ningún programa social del que se esté hablando más en el mundo que el de la Renta Básica Universal, el cual se ha venido implementado en fase de prueba en 119 países con mil millones de beneficiarios.
La Renta Básica Universal es menos costosa que los programas focalizados y es más efectiva en Estados débiles sin capacidad de identificar y encauzar la pobreza, ya que reduce los errores de inclusión en la selección de beneficiarios.
Esto lo ha convertido en un programa defendido por distintos grupos del espectro académico, desde los liberales (impuesto negativo de Milton Friedman) hasta las escuelas más intervencionistas que ven en ella una política efectiva en la búsqueda de la equidad (Paul Samuelson, James Tobin).
La evidencia empírica sobre los beneficios es abundante, robusta y aceptada por la literatura especializada. A modo de resumen podemos reportar los siguientes hallazgos:
1. Mejoras en la nutrición, gasto en salud y educación (no hay aumentos en el gasto de tabaco o alcohol).
2. Aumentos en los gastos de comida.
3. Empoderamiento de la mujer (si el dinero se la da a la mujer se le ayuda a empoderarla).
4. No hay evidencia que indique que las personas trabajen menos al recibir las transferencias. De hecho, un poco más de dinero los lleva a trabajar más, a asumir más riesgos o buscar nuevos trabajos.
5. Es una manera de proveer liquidez o financiamiento a personas excluidas del sistema financiero.
6. Aumento de la banda ancha mental. Mitiga el impuesto mental que implica la pobreza, aumenta la confianza propia y la estima.
7. Reducción de delincuencia, mortalidad infantil, embarazo precoz, absentismo escolar, violencia doméstica.
El financiamiento
Si los beneficios de la Renta Básica Universal saltan a la vista, los medios para financiarlos representan un escollo para cualquier sociedad que debe recurrir a una reforma tributaria para pechar, en el mejor de los casos, la riqueza de los que más tienen y dar espacio a la redistribución de la riqueza. Venezuela no tiene este costo.
Lo que planteo es distribuir la renta petrolera de otra manera, no redistribuir los impuestos. Estamos hablando de un programa para repartir los ingresos petroleros de manera directa entre la población, hacer que la renta petrolera sea universal, es decir, que llegue a todos los venezolanos de manera transparente y equitativa, ejerciendo sus derechos de propiedad sobre el yacimiento de manera afectiva y no difusa.
Venezuela en medio del colapso que vive no tiene espacio fiscal para implementar este nuevo esquema de distribución de la renta. En una primera etapa, un programa con estas características se debe financiar con organismos multilaterales ―como ha sugerido el Banco Interamericano de Desarrollo― mientras el país recupera su infraestructura física.
Una vez recuperadas las capacidades del país, hacerlo sostenible a largo plazo no requeriría de nuevos impuestos, sino del compromiso de aumentar la producción petrolera y destinar 150 miles de barriles diarios de petróleo (a US$ 55 promedio del crudo) para sustituir el financiamiento (US$ 3.1000.000 de este organismo.
Un programa más universal ha sido propuesto por Moreno, 2020. Su propuesta implicaría destinar 423 miles de barriles diarios de exportaciones petroleras para atender a 90% de la población mayor de 18 años con US$ 1,25 diarios por persona (US$ 8.500.000 anuales), lo cual equivale a US$ 38 mensuales.
Poner en los bolsillos del venezolano de manera directa la renta del recurso petrolero es un acto de justicia social, es desencadenar un proceso de empoderamiento ciudadano, es arrebatarle el poder a los que controlan el Estado y sus procesos; es, en mi opinión, una manera de levantar la dura carga que supone la pobreza para el venezolano.
Referencias
Abuelafia, E y Saboin, J (2020). “Una Mirada a futuro para Venezuela”. Documento para discusión Banco Interamericano de Desarrollo IDP-DP-798.
Harrigan, K., and M. Porter. 1983. “End-Game Strategies for Declining Industries.” Harvard Business
Review 61 (4): 111–20.Moreno, M (2020). “Ingreso Mínimo Universal para Venezuela”. Debates IESA (Julio, 2020) http://www.debatesiesa.com/ingreso-minimo-