Las juntas directivas controladas por la oposición venezolana, que han supervisado a la refinadora Citgo Petroleum -filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos- durante los últimos siete años, se preparan para cesar sus funciones tan pronto como este mes, tras una reestructuración impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; así lo indicaron a Reuters dos fuentes involucradas en los preparativos.
Rodríguez inició los preparativos a principios de este año para retomar el control de la refinadora después de que su gobierno fuera reconocido formalmente por Washington; dicho gobierno sustituyó a la administración de Nicolás Maduro tras la captura de este último por fuerzas estadounidenses en enero.
Desde entonces, la administración de la presidenta interina ha reemplazado a los bufetes de abogados que representaban a Venezuela y a PDVSA en demandas y arbitrajes en el extranjero —contratados originalmente por la Asamblea Nacional liderada por la oposición—, según documentos judiciales de Estados Unidos.
«Las juntas ya no son reconocidas como válidas por todas las contrapartes políticas y legales, por lo que no pueden continuar», señaló una de las fuentes. «Esto está ocurriendo, lamentablemente, sin ninguna discusión previa».
Tras la imposición de sanciones estadounidenses al sector energético de Venezuela en 2019, Citgo —con sede en Houston— rompió vínculos con su empresa matriz, PDVSA por orden de una Asamblea Nacional que entonces estaba bajo control opositor.
Incluso después de que la oposición venezolana perdiera el control de la Asamblea, las juntas directivas en el extranjero lideradas por la oposición continuaron supervisando la refinadora y participaron en el nombramiento de su consejo de administración.
¿Y la subasta de Citgo?
Sigue sin ejecutarse una subasta organizada por un tribunal estadounidense —en la que un juez aprobó una oferta por la sociedad matriz de Citgo presentada por una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management para pagar a los acreedores que reclaman el cobro a la refinadora—. La venta está a la espera de la aprobación final del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entidad que ha protegido a Citgo de los acreedores en los últimos años.
A principios de agosto, el Tesoro prorrogó dicha protección mediante una licencia válida hasta el 17 de septiembre. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, que examina las impugnaciones al proceso de subasta, ha programado una audiencia para octubre; tras ella, el tribunal podría emitir un fallo sobre la propiedad de la refinadora.
La administración de Rodríguez ha calificado la venta ordenada por el tribunal como un «robo» de un activo soberano; sin embargo, no está claro cuál será el próximo paso del gobierno mientras colabora con Washington para reactivar el sector petrolero de este país.
Entretanto, no se prevén cambios inminentes en la junta directiva ni en el equipo ejecutivo de Citgo, encabezado por su director ejecutivo, Carlos Jordá, según indicaron las fuentes.
Bajo la supervisión de la oposición venezolana, Citgo ha mantenido su rentabilidad. Recientemente, la empresa recuperó el acceso a crudo venezolano para su refinación y registró un beneficio neto de 936 millones de dólares en el segundo trimestre —frente a los 100 millones del mismo periodo del año anterior—, impulsada por unos márgenes sólidos.