Las relaciones obrero-patronales pierden equilibrio en Venezuela como consecuencia de la política laboral arbitraria de Nicolás Maduro de congelar el salario mínimo y bonificar el ingreso, aseguraron fuentes sindicales.
Alertaron que estas condiciones ponen en jaque la razón de ser de unas 1.700 convenciones colectivas del trabajo del sector público y privado existentes en el país.
Insistieron en que la decisión de Maduro de mantener el salario mínimo en 130 bolívares (un poco más 5 dólares al cambio oficial) mensuales tiene un impacto negativo sobre las cláusulas salariales y socio económicas de los contratos colectivos.
Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento de Sindicatos de Base, explicó que el salario mínimo es la base de cálculo para fijar los tabuladores y tablas salariales de las convenciones colectivas, así como las cláusulas salariales y otros beneficios contractuales.
«Al congelar el salario mínimo -además de depreciar las prestaciones sociales- le ninguneas a los beneficiarios de la contratación colectiva el salario integral, las vacaciones, caja de ahorros, primas, utilidades y aguinaldos, entre otros beneficios», deploro el representante de Mosbase y dirigente sindical de la salud.
Zambrano agregó que la composición del ingreso actual de los trabajadores es mayoritariamente bonos sin incidencia salarial, lo cual impide lograr montos ventajosos para las cláusulas salariales y socioeconómicas.
Sindicatos rechazan contrato colectivo único
Igor Lira, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, advirtió que el panorama laboral se complica más para las convenciones colectivas del sector público a la luz de las informaciones de directivos de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), afecta a Maduro.
El dirigente de Fetratel recordó que desde los tiempos de Hugo Chávez la estrategia laboral oficialista ha sido eliminar el sindicalismo independiente y los contratos colectivos.
«En el sector público quieren imponer un contrato colectivo único que pretende meter en un solo saco las reivindicaciones salariales y socioeconómicas, cuando cada sector -como salud, educación, electricidad, petróleo, cemento, empresas básicas, ministerios, alcaldías y gobernaciones, entre otros- tiene características y condiciones diferentes y específicas”, indicó.
Johnny Magdaleno, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (Fetracarabobo), señaló que de manera autoritaria, a la fuerza, el gobierno de Maduro impone las condiciones laborales en el sector público y en esa dirección va lo del contrato colectivo único.
Luego del anuncio de Maduro en la marcha oficialista del Primero de Mayo -de ajustar un poco hacia arriba el ticket alimentación y el bono de guerra de los jubilados y pensionados, pero sin aumentar el salario mínimo- dirigentes de la CBST han abordado el tema del contrato único.
Carlos Lopez indicó que “hay que revisar todas las convenciones colectivas del sector público para unificar las cláusulas salariales este mismo año».
Por su parte, Will Rangel señaló que plantearon al Ejecutivo crear una comisión encargada de «estandarizar» la contratación colectiva del sector público.
Maduro impone su propia agenda en la Mesa de Diálogo Social
El Estado es el mayor empleador en Venezuela con una nómina de entre 1,5 millones y 1,6 millones de trabajadores. Ante ellos, Lira alertó que el gobierno de Maduro persigue a toda costa disminuir los pasivos laborales.
En esa dirección, indicó el dirigente de Fetratel, el gobierno madurista ha aplicado tácticas dilatorias en la Mesa de Diálogo Social, la cual se reúne desde el último trimestre de 2022.
Dicha mesa está integrada por representantes del Ejecutivo, organizaciones sindicales y gremios independientes y oficialistas, Fedecámaras y Fedeindustria, con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
El objetivo de la instancia de diálogo social es lograr acuerdos consensuados entre los participantes sobre soluciones a la crisis humanitaria compleja que involucra salarios suficientes para detener la pérdida del poder adquisitivo.
Pero hasta ahora y como quedó demostrado con el anuncio presidencial del primero de mayo, los sindicalistas consultados consideran que Maduro ha impuesto su propia agenda laboral.
Zambrano señaló que «las centrales sindicales independientes que participan en la Mesa de Diálogo Social han mostrado debilidad, pues no se logró aumentar el salario mínimo ni detener la bonificación salarial».
Magdaleno señaló que en la Mesa ha habido concordancia de intereses entre el patrono Estado y los patronos de la empresa privada.
Admitió que el sector privado paga mejores ingresos -140 dólares mensuales en promedio hasta antes del primero de mayo- respecto a la administración pública, pero ese ingreso lo pagan mayoritariamente en bonos, sin incidencia salarial.
Advirtió que en la contratación colectiva los empresarios emularían la conducta del gobierno de Maduro de abaratar el costo de los pasivos laborales.
El dirigente de Fetracarabobo destacó que en la empresa privada muchos contratos colectivos están vencidos y la negociación de los nuevos depende de la legitimación de la directiva sindical mediante elecciones.
«Se da el caso de industrias grandes y solventes que no discuten un nuevo pliego de peticiones de convención colectiva del trabajo desde hace 6 y 8 años», dijo.
Magdaleno precisó que la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 contribuyó en ese retraso.