El sector de la construcción no quiere regresar a la ola violenta que sacudió la actividad con el asesinato de más de 250 sindicalistas y trabajadores por mafias disfrazadas de organizaciones obreras.
Estos grupos se dedicaban a acaparar las obras y los empleos mediante la venta de los mismos y la extorsión a los empleadores.
Con la llegada del chavismo, Venezuela se convirtió en un foco de violencia en la industria de la construcción por parte de organizaciones sindicales paralelas como fachada del hampa para cometer hechos delictivos.
Esta situación afectó a los sindicatos bolivarianos y de la oposición, por lo que surgió un pacto de caballeros con los empleadores para erradicar la violencia en los portones, la venta de empleos y los asesinatos por el sicariato, señaló William Lizardo, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción.
El representante de Fetraconstruccion refirió que desde 2016 las partes del acuerdo se mantienen vigilantes con la colaboración de las autoridades para evitar tomas irregulares y violentas de las obras, así como la venta de puestos de trabajo por parte de grupos irregulares.
Sin embargo, destacó que las alarmas se encendieron nuevamente hace unas semanas cuando un colectivo incursionó en una obra en el estado Anzoategui, situación que fue resuelta con la intervención de las autoridades en el sitio.
Lizardo indicó que la violencia en el sector construcción ha bajado mucho con la caída de la actividad que se evidencia en una tasa de desempleo superior a 90%, por el impacto de la crisis económica del país desde 2016.
«El sector privado está casi paralizado y en el sector público las obras importantes como la Misión Vivienda, los Metro, el ferrocarril y la Central hidroeléctrica Tocoma están prácticamente paradas», insistió el dirigente.
No al regreso de la violencia
En los momentos más álgidos de la violencia sindical -en la que, por ejemplo, se registraron 48 y 65 asesinatos en 2006 y 2012, respectivamente- ONG defensoras de los derechos humanos, los sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han manifestado su alarma y rechazo frente a esta situación.
En ese sentido, cuestionan la laxitud del Estado frente a estos hechos, pues la mayoría de los casos siguen impunes.
La violencia por parte de las mafias encubiertas por sindicatos paralelos de maletín afectos al oficialismo se registró en todo el país, pero con mayor peso en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Tachira, Zulia y Bolívar.
El presidente de Fetraconstruccion insistió en la necesidad de mantener la vigilancia para que no se repitan las tomas de obras, la violencia en los portones y el sicariato.
Fuentes sindicales que solicitaron guardar sus nombres en reserva deploraron la pasividad y tardanza del sistema judicial venezolano hacia las denuncias contra las mafias disfrazadas de sindicatos.
«Por qué esperaron 10 años para investigar las acciones violentas del seudo sindicato Muralla Roja Construcción en Bolívar cuando es pública y notoria su presencia y responsabilidad en hechos violentos, extorsión y venta de empleos en las empresas de Guayana?», alertó un consultado.
Recordó que en abril de 2018 el secretario general de Muralla Roja Construcción y otros de sus colaboradores fueron detenidos por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) por extorsión y agresión a los empleados de la empresa Metalmecánica del Orinoco S.A, ubicada en Puerto Ordaz.
Las fuentes revelaron que a los denunciados también se les señala del robo de dos gandolas con planchones de acero valoradas en 60.000 dólares y que estaban destinadas al III Puente sobre el Orinoco.