El pasado martes Nicolás Maduro anunció un conjunto de medidas económicas para, supuestamente, paliar los efectos de la COVID-19. Una de ellas fue extender, una vez más, la inamovilidad laboral. Ahora, hasta el 31 de diciembre de 2022. Para Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento de Sindicatos de Base, “la inamovilidad laboral ininterrumpida por casi 20 años en Venezuela ha sido ineficaz para proteger el derecho al empleo especialmente en la administración pública».
El dirigente de Mosbase denunció que debido a la pandemia en el sector público se ha presentado la fórmula de cambios de modalidad de pago a los trabajadores que se han enfermado con la COVID-19: son suspendidos de sus puestos de labor y no se les cancelan sus salarios.
«El reintegro de estos trabajadores a su función y nómina ha tardado entre cinco meses y un año. Eso es un despido indirecto que viola las disposiciones de la Ley», dijo.
El también dirigente sindical del sector salud cuestionó que Maduro no haya anunciado el martes «un plan masivo de vacunacion a todos los venezolanos como respuesta al repunte de esta terrible enfermedad que afecta, incluso fatalmente, a médicos, enfermeras, personal sanitario y la población en general».
Paquete económico insuficiente
El resto de las medidas de Maduro también son consideradas como insuficientes por parte de otros dirigentes sindicales, ante la crisis económica y social de Venezuela que se ha agravado con la pandemia de la COVID-19 debido, precisamente, a las malas políticas del gobierno.
«El paquete de medidas económicas de Maduro es una burla para los trabajadores que, sobre todo desde la reconvención monetaria de 2018, perdieron el poder adquisitivo del salario y otros beneficios laborales», sostuvo Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.
El representante de Fadess explicó que el bono solidario “Quédate en casa” para los trabajadores del sector público y privado y el bono cuarentena radical «ya están depreciados por el impacto de la inflación y la devaluacion».
Precisó que solo en el año de cuarentena por la pandemia del coronavirus, en Venezuela la economía informal ha aumentado cinco puntos para ubicarse en 54% de la población económicamente activa o fuerza de trabajo.
Este porcentaje, agregó, no incluye a muchos trabajadores formales que se ven obligados al rebusque en el sector informal para incrementar el ingreso familiar.
Otro irrespeto señalado por Guanique es el descuento a los trabajadores de 25% de las facturas de la luz y el agua en el mes de abril.
«En lugar de estas migajas, Maduro debería eliminar el IVA y con eso el salario se apreciaría 16%», dijo.
El sindicalista destacó que otro error oficialista es la política de fomento a las importaciones en perjuicio de la producción nacional con el cierre de muchas industrias y comercios, lo cual solo en la pandemia ha ocasionado la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo.