Ni repetir las elecciones ni un gobierno bipartito, pero tampoco más comunicados, resoluciones ni cartas para solamente pedir lo mismo. A casi un mes del día de las votaciones en Venezuela, los gobiernos democráticos y los organismos internacionales siguen insistiendo en que se publiquen –oficialmente- las actas que respalden los resultados nada creíbles que anunció el órgano electoral y que dieron ganador a Maduro, que, aunque sea lo más elemental, no ha pasado ni pasará. Ha quedado en evidencia que, aunque hayan pasado muchas cosas estas semanas, se ha avanzado poco o nada concreto desde el 28 de julio, nada propositivo ni de tratamiento o salida al conflicto. Al menos, se mantiene posicionada la cuestión en su punto de partida y de fondo, esto es, que hay unos resultados electorales verificables y que, según estos, la oposición obtuvo la victoria y tiene las pruebas de ello.
Llegado este momento, es pertinente plantearles las siguientes interrogantes a los actores internacionales que todavía esperan que el gobierno presente las actas: ¿A quién le piden que publique las actas? Si es que es a la misma instancia electoral que ya fue capaz de dar unos números falsos y proclamar a la carrera como ganador a Maduro, entonces es una solicitud meramente protocolaria, poco comprometida, que solo puede entenderse como parte de una estrategia para dar tiempo o, en su defecto, como ausencia de un plan, porque, por ejemplo, no se sabe, realmente, qué hacer. El plazo para esto ya venció, de hecho. Y hasta el propio gobierno sacó del juego a este organismo, cuando apenas unos días después recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, que también controla como al resto de las instituciones disfuncionales en las que la mayoría de los venezolanos no confían, para que ahora le sentencie como ganador y, además, con la cualidad de cosa juzgada.
Asimismo, ¿cuáles actas solicitan? No hay duda. Tienen que ser las mismas cuyas copias están en manos del comando de la oposición, con sus factores de autenticación y que evidencian una amplia mayoría del candidato Enmundo González Urrutia, el entonces desconocido que el gobierno subestimó y apenas permitió inscribir como contendiente unos minutos antes de acabarse el tiempo para ello… Y, lo más importante, de cara a los días por venir, es preguntarse, ¿quiénes y cómo presionarán para que del lado del gobierno se dejen ver las actas que contienen su derrota electoral? Esta respuesta es la más difícil, pero del mismo modo es la más urgente. Maduro lo está demostrando: no va a entregar el poder en una transición ordenada y pacífica: su arremetida militar, policial, judicial y pseudolegal no dejan ningún lugar a dudas. Su único marco de sentido y conducta es el de la fuerza o la violencia; es lo único que ofrece a los opositores de a pie, a los líderes políticos contrarios y a los periodistas. No se plantea volver a jugar con las condiciones democráticas mínimas, dentro de las que la negociación integrativa es rutinaria.
¿Qué se puede hacer desde la sociedad internacional, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, la participación de otros países y la coordinación de los organismos internacionales? Lo que desde dentro resulta imposible, por más presión de opinión pública que se pueda ejercer en las calles: auditar los resultados electorales de forma independiente. Aunque de los ciudadanos emana la legitimidad, no tienen el poder material para hacer obligante su mandato dado en las urnas. No existen instituciones en el país a las cuales apelar y de las que se pueda obtener una respuesta debidamente institucional. Pero también, ¿qué solicitan –en concreto- a la sociedad internacional el presidente electo no proclamado, María Corina Machado como la lideresa y el comando político de la oposición? También tienen que exigir gestión y no solo agradecer el apoyo internacional. Y esto debe estar a la vista de los que esperan dentro y fuera del país, o más bien, los que se desesperan esperando algo que no se sabe tampoco qué es. Siempre tendrán que recordar la urgencia del caso venezolano, de que la ruptura del orden constitucional ya se dio y que no hay que esperar al próximo y lejísimo 10 de enero para dar cuenta de ello.
Siempre será bienvenido el apoyo de los pueblos y gobiernos latinoamericanos, del hemisferio y del mundo, pero es simbólico e intangible, cuando sobre todo urge una gestión internacional que concrete la tan esperada verificación de las actas. Al respecto, no se ha puesto sobre la mesa ninguna iniciativa, aunque afuera deben tener muy claro que esta nunca vendrá por parte de Maduro, empeñado en hacer ver que ya todo pasó y que más nada va a pasar. Se podría, por ejemplo, constituir inmediatamente una comisión o un grupo de técnicos y expertos electorales, con los que cuentan todos los países democráticos y organismos internacionales, que arroje unas conclusiones pertinentes y vinculantes para las partes, al amparo del derecho y del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto pondría el balón a rodar en la cancha de Maduro y lo obligaría a jugar, así sea haciendo falta o echando la pelota fuera. Nada pasará si no se hace que pase. Tanto el aislacionismo como la pasividad favorecen la estrategia de la normalidad autoritaria.
Alfredo Rojas-Calderón es profesor universitario de grado y postgrado, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar, así como consultor político, de opinión pública y gestión de intereses. Autor de varios artículos de investigación publicados en revistas y libros científicos y académicos. Su espacio de divulgación y discusión sobre comunicación política en Instagram y otras redes sociales es @verbocracia.