“Lo más duro para mí es la rutina diaria. Tener que sentirme mal, ir al médico y que me recuerden las situaciones que he pasado, porque cada vez que me llaman por un nombre o un género con el que no me siento identificado es como que me regresaran a Venezuela y a las situaciones de discriminación que he vivido antes”, afirmó Pablo, un venezolano quien se identifica como “transmigrante” viviendo en Chile.
Su caso ha pasado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Chile, y piensa acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues de la posibilidad de cambiar su identidad legal depende su rutina diaria y el desarrollo normal de su vida.
Nació en Maracay en el año 1989 y fue identificado con el género femenino, de conformidad con sus genitales; sin embargo, con el pasar del tiempo no solía identificarse con el género que le fue otorgado de nacimiento Tras pasar por una etapa como lesbiana, a los 27 años de edad, decidió en 2016 migrar a Chile para poder cumplir con su proceso de transición al género masculino, que es con el que siente representada su verdadera identidad sexual.
Pablo relató que como fue de los primeros venezolanos en llegar a Chile el proceso para obtener su visa fue relativamente fácil. El problema es que los obtuvo bajo el nombre de pila con el que fue registrado en Venezuela, cuando era identificado socialmente como mujer: “En el año 2016 pudimos obtener los papeles de manera distinta a como les ha tocado vivirlo a muchos venezolanos en los últimos 4 o 5 años. Afortunadamente, mi pareja y yo obtuvimos el visado rápido y a los dos años acá pudimos obtener la residencia definitiva. Después de dos años pude comenzar con mi proceso de transición médica, cuando ya estaba más establecido con un lugar donde vivir y un trabajo estable”.
Venezuela, debido a la fuerte crisis económica-social y política por la que ha atravesado en las últimas dos décadas, ha visto migrar a unos 6 millones de ciudadanos. Pablo es uno de ellos y su caso es complejo. “Tomé la decisión de migrar para poder iniciar el tratamiento hormonal, comenzar mi proceso de identidad de género y poder obtener reconocimiento social, poder vivir y desarrollarme. Primero me tocó integrarme como migrante, para luego iniciar mi transición médica hormonal que comenzó entre 2018 y 2019”.
Apoyo a medias
Aunque la Constitución de Chile presume de apoyar a la comunidad LGBTIQ+, para Pablo no ha sido un camino de rosas. “Desde que llegué a Chile hasta el día de hoy, he tenido que usar la identidad legal que me otorgaron en Venezuela, que no se refiere en nada a mi identidad de género. En todos los documentos transitorios y definitivos que he obtenido en Chile sigue existiendo esa identidad legal”.
Contó que en 2019 salió la ley de identidad de género en Chile, que es la ley 21120 que establece un proceso de cambio administrativo para las personas trans que quieran cambiar su nombre y su sexo registrable en su carnet de identidad. “Pero, en ese momento, la distinción de la ley establece un proceso distinto para las personas que somos migrantes o extranjeras, es decir, una persona que llega a Chile no obtiene una visa con su identidad de género, sino con su identidad legal que tiene en su país de origen”.
Explicó que como en Venezuela no se puede cambiar la identidad, “al momento de otorgarme la visa me pidieron mi pasaporte y, por tanto, me dieron la visa con la identidad legal de Venezuela. La ley establece que primero hay que obtener la residencia definitiva, que ya yo la tengo. El segundo paso es tener el acta de nacimiento apostillada, es un proceso muy complicado para una persona que ya salió del país, más para una persona que nació y fue registrada en el año 89, cuando las actas eran registradas manualmente. En ese proceso desde 2019 hasta 2021, estuve tratando de apostillar mi acta de nacimiento”.
Aseveró que le estaban cobrando hasta 600 dólares para hacerle el trámite de la apostilla del acta de nacimiento para que fuera enviada a Chile. No obstante, no logró hacer dicha legalización del documento. “Tampoco puedo hacer el trámite de apostilla por acá y, además, solo permiten apostillas de actas digitalizadas, creo que son las que se hicieron a partir de 2002 o 2004”.
Posteriormente, recordó fue al registro civil acompañado de la organización Migración Diversa, a solicitar en el registro civil de Chile que admitieran el acta de nacimiento para rectificar el nombre. “Lo que contrapone la ley es que debo registrar mi nacimiento en Chile para poder rectificar el nombre; lo que se contrapone con el hecho de que yo recibí la visa solo con mi pasaporte. En ese trámite burocrático nos encontramos varias personas”.
Aunque ya Pablo puede optar por la nacionalización es un trámite que prefiere no adelantar hasta que pueda cambiar su identidad, así que siguió detallando los pasos que ha tenido que dar para llamar la atención de las autoridades chilenas.
“Sin embargo, no podría cambiar mi identidad de género con esa nacionalidad, seguiría estando atado a mi identidad legal de Venezuela. También fui a la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que obligara al registro civil a que aceptaran otro documento como mi pasaporte o cédula de identidad venezolana, para rectificar los documentos en Chile. La Corte de Apelaciones dijo que no era posible y que el proceso debe ser establecido legalmente en Venezuela”.
Insistió en que es una obligación de los Estados que acogen a migrantes brindarles facilidades: “Yo, como persona trans y como activista, pienso que es un proceso del que debe hacerse cargo los países que dan acogida a los migrantes. Deben garantizar el derecho a identidad de género, al momento de acogernos”.
Aseguró que el retraso de Venezuela en estos casos “nos tiene imposibilitados a las personas que vivimos en otros países con una identidad de género distinta a la identidad legal que poseemos en Venezuela impuesta por la sociedad. Incluso, si pensamos en una posibilidad de volver, nos da miedo porque no existe la posibilidad de tener reconocimiento de nuestra identidad de género en Venezuela”.
“Como una pelota de ping pong”
Pablo siguió explicando lo que ha sido el viacrucis que tenido que transitar para poder ser identificado como hombre: “Luego fuimos a la Corte Suprema de Chile, alegando la inconstitucionalidad de esta sentencia. Ya que por ser extranjero residente tengo derecho a la identidad, según la Constitución chilena, y me están negando el derecho; sin embargo, la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones, otorgándole la obligación al Estado venezolano y me tienen como una pelota de ping pong. Esta sentencia salió hace unos tres meses y desde la organización Migración Diversa, tomamos la decisión conjunta de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Indicó que no poder acceder al derecho de la identidad de género le causa vulnerabilidad “y nos expone a discriminación, violencia, malos tratos, xenofobia, que nos ponen en el ojo del huracán cuando migramos, precisamente, huyendo de esas causas. Cada vez que yo tengo que hacer un trámite en Chile acceden a mi identidad legal venezolana que es lo que refleja mi carnet. Esto me pone en una situación muy vulnerable en cualquier momento que necesite identificarme, como pasó al inicio de la pandemia que solicitaban el uso de permisos de movilidad para poder salir a trabajar. una revisión de carabineros se confundieron un poco porque vieron que era migrante y que la identidad de género no se relacionaba ni con el nombre ni el sexo y se presentó una situación de discriminación que me obligó a hacer una denuncia”.
Dijo que es una situación que se presenta en repetidas ocasiones, especialmente cuando acude al servicio médico. “Cada vez que voy a hacer uso de las urgencias médicas me enfrento a situaciones de vulnerabilidad, si la persona no está capacitada debo explicar toda mi vida y de dónde vengo. Así me encuentro desde hace cinco años, tratando de hacer uso de mi identidad de género en Chile”.
“Las personas que migramos decimos que rompemos las fronteras porque queremos tener la posibilidad de vivir fuera de ese círculo tóxico. Muchas personas trans venezolanas tienen que migrar porque en el país no se consiguen hormonas, porque la tasa de mortalidad de la comunidad LGBTI es extremadamente alta, no hay control, no hay denuncia. Se habla del tema socialmente, la sociedad se burla de nosotros, desde el show del transformismo que no es representativo de todas las personas”, expresó
Pablo conoce de al menos 90 venezolanos trans que se encuentran en la misma situación que él en el país a donde decidieron migrar y sin la posibilidad de cambiar su identidad en los documentos legales. “El tema es burocrático, un obstáculo sobre otro obstáculo. La interseccionalidad se hace presente en los obstáculos que presenta la sociedad para este tipo de personas que vivimos varias experiencias de vida que se cruzan entre las minorías”.
Señaló que ser trans y migrante en un país como Chile “es una subcategoría dentro de una categoría social, porque incluso a las personas trans chilenas también les extienden por muchos meses las obras del Registro Civil y les cuesta acceder al cambio de nombre inmediato en su carnet”.
Otras trabas que le impone no poder ser identificado con el nombre que ha escogido es que, a pesar de contar con una relación de años con su pareja, han preferido no contraer matrimonio para legalizar su relación, ya que se trataría de una alianza homosexual. Reconociendo las dificultades que supone la conformación de una familia homoparental en cuanto a los reconocimientos legales y financieros, la dificultad para adoptar, los beneficios sociales, entre otros.
Paso a pasito
El abogado José Manuel Simons, venezolano residenciado en Chile, es quien está llevando la causa de Pablo. Dijo que la querella se está llevando de forma pública en cuanto al caso, pero de forma privada en cuanto a la persona: “Desde Migración Diversa estamos llevando este caso para, de alguna manera, reconocer la identidad de género de una persona transmigrante. Porque, aunque Chile es un país que se reconoce como que aprobó la ley de identidad de género, para las personas migrantes es condicional, necesitas partida de nacimiento apostillada y residencia definitiva”.
Detalló que, pese a que su defendido cuenta con una partida de nacimiento original, legalizada más no apostillada, la embajada no se la ha querido aceptar “porque no está digitalizada. Pese a que su mamá ha hecho todos los intentos en Venezuela y le han pedido un montón de plata. Además, la mamá ya es mayor. Por eso, no se ha podido nacionalizar en Chile, porque tampoco va a tener derecho a tener identidad de género”.
El abogado señaló que ha sido una cadena de pasos para llegar a una instancia mayor: “Nosotros iniciamos el proceso de solicitud, sabiendo que nos lo iban a negar en el Registro Civil, pero para poder formalizar la petición y también el rechazo. Presentamos un recurso de protección, para garantizar los derechos constitucionales vulnerados y lo llevamos a la Corte de Apelaciones, que también nos lo negó, y fue la misma sentencia que dio la Corte Suprema. Ellos alegan que el principio de legalidad es lo que manda”.
Explicó que agotadas las instancias dentro de Chile lo que faltaba era elevar el llamado de atención. “La idea es presentar esta demanda contra el Estado de Chile por la vulneración a su identidad de género no reconocida, e intentar presionar y utilizar esta demanda para promover una modificación en la legislación para que no solamente favorezca a esta persona, sino a todas las personas migrantes y refugiadas que no tengan que esperar una permanencia definitiva que dura cinco años. Mucha gente se viene para acá pensando que hará su cambio de identidad de género y se encuentran con esa otra realidad, que se complica mucho más con personas trans, que muchas veces huyen de sus casas y no tienen idea de dónde está su partida de nacimiento”.
*** Debido a la causa legal que se lleva en el proceso de Pablo, su nombre tuvo que ser modificado para no entorpecer el desarrollo del caso, ni vulnerar su integridad.