La Contraloría General remitió a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las copias certificadas de los «actos administrativos» a través de los cuáles le fue impuesta la inhabilitación política por 15 años a María Corina Machado, en medio del proceso de revisión de estas medidas acordado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria.
En su página web, el TSJ indicó que el pasado jueves recibió documentación por parte de la Contraloría, «dando cumplimiento» al procedimiento que lleva adelante la Sala Político Administrativa.
Esta instancia había dado un plazo de tres días -que venció precisamente el 21 de diciembre- a la Contraloría para la «remisión de los antecedentes administrativos» del caso de Machado, candidata para las presidenciales de 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática.
Asimismo, el TSJ pidió a la Contraloría entregar una «copia certificada de los actos administrativos» que conllevaron a la inhabilitación, una medida que fue anunciada en 2015 con una extensión de 12 meses y que este año se conoció que su vigencia es de 15 años.
Sin ofrecer detalles, el TSJ aseguró que recibió lo que había solicitado a la Contraloría, por lo que ahora le corresponde analizar la documentación y decidir si admite la demanda interpuesta por la dirigente opositora, que pide que le sea levantada la inhabilitación, y si procede el amparo cautelar en este caso.
Machado acudió a la sede del Poder Judicial el pasado 15 de diciembre, siendo este el último día del plazo dado para que los solicitaran la revisión de sus inhabilitaciones políticas.
Al salir del TSJ, la dirigente de Vente Venezuela aseguró que ahora la responsabilidad de cumplir con los acuerdos recae en la administración de Nicolás Maduro.