Un buen programa económico

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Ahora que se acercan las elecciones primarias para escoger al candidato de la Unidad Democrática a las elecciones presidenciales de 2024 conviene reflexionar acerca de un aspecto fundamental para los venezolanos. ¿Qué hacer con la economía?

 Quien esto escribe tiene por lo menos seis meses de trabajo meticuloso, analizando los principales problemas que experimenta la economía venezolana y revisando las experiencias de programas económicos exitosos, tales como los de Perú, Bolivia, Israel, México, entre otros y también los que fracasaron.

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Un programa económico debe tener claridad en los objetivos que se propone alcanzar, contar con un equipo técnicamente solvente, con un significativo apoyo político y un plan de socialización de ese programa para popularizarlo y hacerlo entendible para los diferentes sectores sociales y políticos.

En el caso de Venezuela, la situación es altamente compleja porque el nuevo presidente va enfrentar una crisis económica colosal, con restricciones fiscales y externas mayúsculas y con los poderes en manos de Maduro durante su primer año.

Por tanto, se va a requerir una dosis extraordinaria de realismo político y mucha capacidad de negociación. Si ese candidato no es capaz hoy de unir a la oposición, menos lo podrá hacer con el país, porque aflorará un conflicto permanente que hará inviable a ese gobierno y volverá el madurismo, tal como volvió Chávez en abril de 2002, por la ceguera y la sed de venganza de ese entonces. Venezuela requiere justicia, no venganza.

Por ello, desde Primero Justicia hemos estado consultando y discutiendo sobre el tema en consideración. Así, en una reunión del 30 de abril de 2023, definimos que la prioridad de nuestro programa, en elaboración, es atacar la pobreza que afecta a más del 80% de los venezolanos como resultado de una política económica que generó una hiperinflación que barrió las remuneraciones de los trabajadores, en medio de una contracción de la actividad económica sin precedentes.

Comenzar el proceso de reducción de la pobreza implica derrotar la inflación y que la economía crezca de forma sostenida, pero también adoptar medidas de emergencia social que tengan al ser humano como epicentro de la acción del Estado.

La política asistencialista fracasó en Venezuela por costosa, ineficiente y corrupta. Proponemos un sistema de transferencia directa a la familia, en cabeza de las madres jefas de hogar para que puedan adquirir diez alimentos esenciales para la familia y un reforzamiento de la educación, sobre todo con énfasis en la básica, para luego saltar a las nuevas tecnologías, que es donde se están generando los puestos de trabajo en la sociedad moderna.

En ese evento del 30 de abril, concluimos que pasar de una inflación elevada que en abril de 2023 alcanzó al 471%, tras haber salido de la hiperinflación, exige estabilizar el tipo de cambo de forma creíble. Ello implica, en ausencia de un flujo de ingreso petrolero creciente y elevado o entradas de capitales, llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito para potenciar la posición de reservas del BCV y del fisco.

Esto hay que trabajarlo con premura porque en 2007 el FMI fue expulsado de Venezuela y no se ha vuelto a elaborar el artículo cuarto, sin el cual no hay ninguna posibilidad de un acuerdo con los multilaterales. Hay que tener claridad que no es posible refinanciar la deuda externa o cualquier otro arreglo con los acreedores de la deuda en situación de impago, sin ese acuerdo con los entes multilaterales.

De esta manera la economía se financiaría de manera orgánica, evitando el tener que recurrir al BCV para que enjugue el déficit fiscal, que fue lo que provocó la hiperinflación entre 2017 y 2021. Todo ello debe estar complementado con una reforma a la Ley del BCV que restablezca con claridad el objetivo de lograr la estabilidad de precios y una posible ley de responsabilidad fiscal para dejar precisado las fuentes de financiamiento del fisco. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público es insuficiente para ese propósito.

Dada la dolarización de hecho que existe en Venezuela, lo procedente es permitir la libre circulación del dólar y que el sistema financiero pueda intermediar los fondos captados en esa moneda con la debida regulación. La demanda por bolívares va a aumentar, no con la prohibición de las transacciones en dólares, sino cuando la inflación disminuya de manera sostenida para que valga la pena mantener bolívares.

La destrucción de las capacidades productivas de Venezuela no tiene parangón. Entre 2013 y 2021 la economía perdió el 75% de su tamaño. Venezuela no requiere el clásico programa de ajuste contractivo con su mezcla explosiva de devaluación y restricción fiscal y monetaria. Eso es lo que ha hecho Maduro.

La base para el crecimiento a corto y mediano plazo reside en la expansión de la producción petrolera. De allí que sea vital una nueva política para los hidrocarburos. Ésta debe partir de la propiedad nacional de los yacimientos. Es un disparate plantearse privatizar el petróleo, no solo por lo impreciso del término, sino porque además es inviable desde cualquier punto vista.

Las empresas petroleras no quieren la propiedad de la tierra ni del subsuelo. Aspiran a contar con reglas claras en un régimen concesionario que fue el que mejor resultado produjo en Venezuela con las leyes petroleras de 1920 y 1943, el fifty-fifty y el Decreto Sanabria, hasta la nacionalización en 1976.

Para aumentar la producción petrolera al nivel que ésta tenía en 1998 de 3.100.000 barriles por día, se requiere abundante inversión privada, tanto nacional como extranjera, y ello exige reformas puntuales a la Ley de Hidrocarburos. La política de expropiaciones que aplicó Chávez en 2007 no debe repetirse.

Sectores calves como el agroalimentario, la construcción y la manufactura requerirán de un plan de financiamiento especial, para lo cual hay que modificar la política de encaje que ha seguido el BCV cuyo nivel de 75% conspira con el apalancamiento a la actividad económica.

Los aspectos más cuantitativos de este programa están bajo estudio, dejando claramente determinadas las fuentes de financiamiento tanto local como externo y también otros aspectos que demandan más elaboración técnica, al igual que la dimensión que debe tener el Estado venezolano.

El restablecimiento de las capacidades del Estado para proveer servicios en alianzas público-privada en electricidad, agua y vialidad requerirán de un esfuerzo importante porque sin ellos no hay crecimiento.

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