El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 623 protestas durante el mes de julio de 2019, equivalente a un promedio de 21 diarias. En comparación con el mismo periodo del año pasado, representó un descenso de 347%.
Destacan que 55% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)
Las protestas de julio 2019 se caracterizaron por:
– Denuncias por la precariedad de los servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico.
– Repunte de linchamientos e intentos de linchamiento en el país. El OVCS expresa su preocupación ante esta alarmante situación. El mes pasado se registraron 9 víctimas en cinco estados (Monagas, Miranda, Táchira, Falcón y Guárico).
– Reclamos por fallas en la distribución y venta de gasolina.
– Exigencia de respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos en los sectores salud y educación.
– Movilizaciones nacionales para rechazar y denunciar casos de tortura, persecución y muertes causadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
El observatorio precisa además que, pese a la política de represión impulsada por el régimen de Nicolás Maduro, los ciudadanos no han dejado de protestar y hacer sentir su malestar ante la crisis económica, política y social.
Las concentraciones fueron la modalidad de protesta más utilizada durante el mes de julio, precisa el informe.
Apagones y fallas en el servicio eléctrico
A cinco meses del primer gran apagón nacional, los venezolanos sufrieron una nueva afectación del servicio eléctrico a gran escala, la quinta en lo que va de año. Durante todo el mes se registraron 61 protestas en rechazo a los apagones.
A diferencia de los eventos anteriores, el OVCS aclara que les llamó la atención que la reacción de la población no se reflejó de manera masiva en las calles, ni a través de mecanismos de protestas vecinales como los cacerolazos.
El restablecimiento del servicio en un lapso de tiempo menor, en comparación con las horas sin luz durante los apagones anteriores, y la normalización y gestión del déficit eléctrico por parte de los ciudadanos pudieran ser algunas explicaciones a este comportamiento, sostienen.
Es de destacar que la grave crisis eléctrica continúa en el país, sobre todo en las regiones, algunas ciudades no se han recuperado en su totalidad, otras viven bajo un esquema de racionamiento del servicio, afectando la cotidianidad ciudadana, las actividades laborales, comerciales, educativas y salud, así como la comunicación telefónica, acceso a internet y, por lo tanto, el derecho a la información.
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