El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), presentó este miércoles un nuevo informe sobre refugiados y migrantes venezolanos, en el que se detalla la situación por la que atraviesan los retornados durante la pandemia del COVID-19.
La coordinadora del CDH-UCAB, Ligia Bolívar, denunció campañas de estigmatización, criminalización y militarización en contra de los retornados venezolanos por parte de la administración de Nicolás Maduro. Hemos visto como desde el régimen se han orquestado mensajes de estigmatización en contra de los retornados por parte del fiscal general impuesto y la ministra del Sistema Penitenciario, que los acusaban de ser bombas y armas biológicas
Añadió que también se iniciaron campañas de criminalización en contra de los retornados por parte de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Dicen que los que entran a través de las trochas serán llevados al Dorado, tanto los que usan trochas para cobrar como para pasar. Crearon un correo para denunciar el uso de trochas, que fue viralizado por los voceros del régimen estimulando la denuncia anónima.
La educadora y defensora de derechos humanos explicó que luego la administración de Maduro accionó un plan de militarización en contra de los retornados con la imposición de un general que le declaró la guerra a los mal llamados trocheros. Estamos frente a un panorama muy típico del régimen, como lo es la militarización como respuesta a un problema de salud pública. Hay un ensañamiento particular que no tiene nada que ver con la pandemia.
Falso retorno amigable
La investigadora del CDH-UCAB recordó que el Plan Vuelta a la Patria, implementado por Maduro para asegurar el retorno de los venezolanos migrantes, que hoy conforman una población de más de 5 millones de desplazados en el mundo. Maduro había planteado el Plan Vuelta a la Patria como el brazo amoroso del régimen, pero los retornados no han recibido nada de lo que este plan le ofrecía a su regreso.
El periodista de Radio Fe y Alegría, Alexander Medina, aseguró que de acuerdo con monitoreos que se han hecho desde el medio de comunicación se han determinado maltratos y sobrepoblación en los refugios empleados para que los retornados cumplan los plazos de cuarentena preventiva.
Señaló que, según sus estudios, muchos de los migrantes eran funcionarios públicos que dejaron el país en búsqueda de mejores sueldos y oportunidades laborales, las cuales fueron ofrecidas por el Estado venezolano a su retorno. Muchos pensaron en la posibilidad de retornar con su puesto de trabajo asegurado, pero la realidad es que muy pocos lo lograron. Además, el sueldo de un trabajador público hoy no alcanza para nada.
Les ofrecieron seguridad ciudadana y social. Atención y educación gratuita para sus hijos, pero no se les está ofreciendo nada porque se trata de un gobierno que no tiene dinero, dijo Medina. Añadió que podría tratarse de una estrategia para controlar y reducir el flujo de retornados al país.
Retorno inseguro
Medina aseveró que a Fe y Alegría han llegado las denuncias de las malas condiciones en las que se encuentran los venezolanos alojados en los refugios. La improvisación ha estado presente en todos los albergues, donde se constata que las personas reciben una sola comida al día. Han denunciado que en ocasiones solo les dan una arepa pelada o una ración pequeña de comida del tamaño de una taza pequeña de mantequilla. Además, la mayoría duerme en colchonetas pegados unos con otros, porque en casi ningún albergue hay literas.
En cuanto a la capacidad de alojo, indicó que los retornados se han quejado de hacinamiento, en un albergue se pueden conseguir entre 200 o 250 personas, aproximadamente. Cuando los visita un médico, los refugiados indican que, si al momento de su chequeo padecen alguna infección, solo se les aplica un acetaminofén o cualquier otro antipirético, pero ningún antibiótico.
El también investigador del CDH-UCAB aseguró que las personas retornadas por los pasos terrestres y que han sido reubicados en estos albergues denuncian que se están quedando sin recursos para cubrir sus gastos mientras esperan el alta que les permita llegar a sus hogares, sin contar que muchas veces estas personas son sometidas a un segundo proceso de cuarentena cuando se trasladad de una ciudad a otra
Quienes se atreven a protestar pidiendo que los devuelvan a sus estados de origen son amenazados con enviarles a los grupos subversivos, por lo que también se ha evidenciado la conformación de pranatos dentro de estos albergues, donde se identifican grupos con mayor poder sobre otros, puntualizó.
Bolívar reiteró que el retorno de un ciudadano a su país es un derecho humano amparado en la Constitución: Toda persona tiene derecho a salir y regresar a su país, por lo que esto deja sin base jurídica al régimen para impedir el retorno de los venezolanos que se encuentran fuera del país. El nacional no puede ser sancionado por regresar a su país. Salvo que lo haga de manera irregular, solo puede recibir una sanción administrativa.
Añadió que el exceso de control está provocando o pudiera provocar un descontrol, lo que genera un riesgo mayor de salud pública. Los venezolanos retornados deben ser considerados como sujetos de protección humanitarias, dijo durante su análisis en que usó como base los informes anteriores, titulados «El drama de los retornados: de la revictimización a la criminalización» y El espejismo del retorno: violaciones a los derechos de los retornados a Venezuela durante la pandemia de Covid-19″.
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