Las protestas por falta de comida, los saqueos de negocios, las tensiones con la policía y los desórdenes sociales se están volviendo cotidianos en la Venezuela de estos días.
Se superponen, con el paso de los días, en barriadas populares de Caracas; en Trujillo, San Cristóbal, los Valles del Tuy, en Maracaibo, en Carora, en Mérida, en Cariaco, en Cumaná. De forma diseminada, en pueblos y ciudades medianas, por la geografía nacional. En todos estos lugares se han registrado hechos que no recogen los medios de información de mayor calado. En ocasiones, son la consecuencia del perturbador crecimiento de las filas que hace la población frente a cada expendio de alimentos. Cada día es más común que las colas se expandan, en las barriadas populares y en las urbanizaciones, infladas por transeúntes provenientes de otras zonas de la ciudad o el país. La opinión pública nacional toma nota de los sucesos violentos que estamos describiendo a partir de lo que informan las redes sociales.
Son desórdenes que logran ser precariamente dominados por la fuerza pública, a partir del ejercicio de una fuerte represión, y que abonan en el extendido sentimiento de desamparo y desesperanza que asiste a la determinante mayoría de los venezolanos en este tiempo.
El escenario que tanto han advertido a Nicolás Maduro y sus ministros todos los economistas del país se ha materializado con particular dureza. Los draconianos controles a la economía y la corrupción de los mandos chavistas han hecho posible que, en un parpadeo, una Venezuela millonaria e inundada de dinero, producto del ciclo de precios petroleros más altos de toda la historia, pase a este grave, penoso, y particularmente curioso estado crónico de precariedad e hiperinflación.
El gobierno de Maduro, que tanto ha celebrado la promoción de turbas para concretar sus propios fines, y que incluso ha llegado a amenazar de forma velada a los comerciantes con ser el posible objeto de la ira popular en caso de que los precios sigan aumentando, se ha tomado lo sucedido como una ofensa personal y ha procedido a reprimir los hechos que narramos con una insólita dureza. Hace poco, el propio Maduro ha pedido públicamente 20 años de prisión para las personas que participaban en las protestas y fueran capturadas por la policía.
Podríamos quedarnos con este título, y en ningún caso faltaríamos a la verdad: Maduro reprime con dureza a huestes de ciudadanos que claman por comida. Renuente a aceptar las dimensiones de la crisis, el gobierno de Maduro también se ha negado a decretar la crisis humanitaria, o aceptar ayuda internacional que lo coloque en el trance de cargar con un pasivo político que mine su precaria autoridad. Los debates de la OEA nos han servido para constatarlo de la voz de Delcy Rodríguez y Bernardo Alvarez: Venezuela no necesita ayuda internacional; el país no se prestará para un escenario que sirva de pórtico a la intervención extranjera.
Venezuela, como a todo el mundo le consta, merodea los linderos de una peligrosísima escasez. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sus responsables políticos, reprimen las protestas por falta de comida. Al momento de escribir estas notas, el planteamiento penal ya está formulado a la dirigencia e la MUD. También se niega a aceptar ayuda, a pactar políticamente, a procurar un escenario consultivo, o, al menos, a intentar rectificar.