Este 21 de abril, se dio a conocer un informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional (VPRS, por su siglas en inglés) en el que aseguran que las más de dos mil víctimas que enviaron sus formularios a la Corte Penal Internacional (CPI) solicitan -por unanimidad- al fiscal Karim Khan que se continúe el proceso de investigación que, sobre crímenes de lesa humanidad, se adelanta en la situación Venezuela I.
El texto, publicado por la CPI en su portal web, revela que el Estado venezolano “no está dispuesto a investigar y a juzgar” las acciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del país y los colectivos armados (apoyados y protegidos supuestamente por las autoridades) que atentaron directamente en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela.
Asimismo, explica el paso a paso de cómo ésta sección de la CPI logró recopilar la información con apoyo de la sociedad civil venezolana.
Sistema de justicia en silencio
La VPRS aseguró en su informe que la mayoría de las opiniones coincidieron en que en Venezuela el Sistema de Justicia “no está dispuesto” a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación por parte de sujetos vinculados al Estado.
Otro de los puntos que se tocan en la publicación de la CPI, es la “desafiante” situación de seguridad a la que están expuestas las víctimas y los defensores de violaciones de DDHH, los representantes de la sociedad civil y los periodistas. Además, se menciona cómo estas organizaciones y sus miembros son estrechamente vigilados, hostigados y perseguidos por la policía política del Gobierno de Maduro.
Por otra parte, se hace mención al “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, la cual fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, y que según la VPRS es un instrumento que busca “obstruir y controlar a la sociedad civil en Venezuela”.
Represalia a la vista
Este texto también revela que muchas víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y sus interlocutores, apoyan una investigación por parte de esta instancia internacional pero manifestaron que temen que se presenten represalias en su contra por mostrar su punto de vista, por lo que se abstuvieron de participar en la consulta.
Otro de los aspectos que se mencionan sobre las opiniones compartidas por las víctimas son:
Motivado a aspectos de seguridad y razones de tiempo, un gran número de víctimas no pudieron presentar su punto de vista sobre esta investigación.
Desafíos logísticos. La falta de acceso a recursos como teléfono, internet y electricidad, imposibilitaron a algunos afectados rellenar el formulario.
Información limitada sobre el proceso de consulta y las implicaciones para los distintos medios de comunicaciones que podría suponer difundir información de esta índole.
Impacto determinante
Para la presidenta y fundadora de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, el impacto de este informe de la VPRS es “determinante” de cara al proceso de investigación que actualmente se está llevando sobre Venezuela y en el que las opiniones de las víctimas coincidieron en que debe continuar.
La también abogada mencionó que previamente la Fiscalía de la CPI había dado a conocer su solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares para que este proceso de investigación siguiera avanzando y, por otra parte, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas apoyó la solicitud, siendo únicamente el Estado de Venezuela quien se opuso a tal acción.
En cuanto a la reacción de los miembros del Gobierno de Venezuela, Dávila aseguró que se podría presentar el mismo patrón aplicado en estas situaciones: negar que en el país se comenten crímenes, impedir el acceso a la justicia a las víctimas, declarar que sí se están cumpliendo los procesos legales de justicia en la nación e iniciar una serie de arremetidas en contra de las ONG que apoyan a los afectados en denunciar ante los distintos organismos internacionales su situación.
Génesis Dávila comentó además que la “Ley Antisociedad” fue un instrumento de disuasión o coerción para intentar “intimidar” a la sociedad civil e impedir que dieran a conocer ante la CPI sus argumentos con respecto a la investigación activa sobre Venezuela, estrategia que resultó fallida y que puede resultar en su contra.
Se espera que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que pesa sobre miembros de las fuerzas de seguridad del país y los colectivos armados, pueda continuar y los afectados obtengan justicia sobre sus casos.
El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por su siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional está disponible en el siguiente enlace: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/0902ebd180441579.pdf.
Si tiene alguna denuncia o quiere conocer más sobre el tema, comuníquese con Defiende Venezuela a través del correo: [email protected], José Ali Linares, Coord. de comunicaciones, +584148509258.
Fuente: Nota de Prensa