El aumento a lo largo de este año del número de testimonios y denuncias de mujeres victimizadas a manos, en la mayoría de los casos, de un hombre o familiar cercano puso en el ojo público en otra realidad: los casos de vejaciones a niños, niñas y adolescentes denunciados ante las autoridades.
HispanoPost conversó con el consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Sucre, en el estado Miranda, Nelson Villasmil, donde se encuentra la populosa barriada de Petare, para conocer la situación de los menores de edad en este sector del Área Metropolitana de Caracas.
Dijo que el confinamiento por la COVID-19 ha aumentado los factores de riesgo: “A raíz de la pandemia, en el Consejo de Protección del municipio Sucre del estado Miranda se han incrementado las denuncias por abuso sexual en sus diversas modalidades: con penetración, actos lascivos, exposición a material pornográfico, acoso sexual, entre otros; y cuyos agresores son, generalmente, personas cercanas al medio íntimo familiar de los niños, niñas y adolescentes, como padres, padrastros, abuelos, hermanos, tíos, primos, vecinos, sacerdotes y pastores evangélicos”.
El psicólogo y miembro del consejo directivo de Cecodap, Abel Saraiba, resaltó que más de 20% de los casos de violencia atendidos en la institución son de carácter sexual. “Actualmente, la situación es realmente crítica. En el servicio de atención psicológica de Cecodap, si bien el abuso sexual no es uno de nuestros temas principales, hemos notado que existe un incremento del número de casos por este concepto. En los casos que tienen que ver con violencia, en Cecodap 29% son de violencia sexual, lo cual nos lleva a entender que tiene una prevalencia alta frente a otras formas de violencia que existen contra niños y adolescentes”.
La cuarentena ha obligado a los niños y adolescentes a permanecer en el entorno familiar, en ocasiones a merced de sus victimarios. Saraiba dijo que “esta situación se ha visto incrementada durante la pandemia, producto de una realidad de esta forma de violencia y es que, en la mayoría de los casos, los agresores sexuales no son personas ajenas al entorno de la víctima. Sino que, por el contrario, son personas vinculadas a espacios de confianza, incluso, muchas veces son miembros del grupo familiar”.
Agregó que la pandemia ha generado que los niños y adolescentes “estén más aislados y junto (cerca) a sus agresores, por lo que, las posibilidades de percibir señales de alarma o riesgo se ven disminuidas y en consecuencia aumenta la incidencia de estos casos. Por ejemplo, en espacios naturales de los niños como las escuelas, donde se observan cambios y que permiten tomar medidas, no están funcionando de la misma manera aunado a una dinámica de inestabilidad, crisis económica y el encierro propio del confinamiento se ve un incremento”.
Qué pasa luego de la denuncia
En cuanto a los entes que velan por la infancia digna y con derechos de los niños, Villasmil informó que: “El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es un órgano receptor de denuncias integrante del sistema rector nacional para la protección integral de los Niño, Niñas y Adolescentes. Su función es preservar y/o restituir los derechos cuando estos hayan sido amenazados o violados. La protección se materializa en el dictamen de medidas de protección, que son órdenes de hacer o no hacer ya que son de obligatorio cumplimento”.
El consejero explicó que una vez que es recibida la denuncia, el ente tutor debe velar por la restitución de los derechos del menor. “La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece que el Estado debe de crear una serie de programas dirigidos a la atención de los niños, niñas y adolescentes, que hayan sido víctimas de abuso sexual”.
Confesó que en la actualidad existen carencias judiciales relacionadas a la crisis por la que atraviesa el país: “Debemos decir que hay una carencia a nivel nacional de servicios especializados para atender a las víctimas. Las ONG son las que están asumiendo de alguna u otra manera esta responsabilidad porque a nivel estatal la inversión, en este sentido, es mínima para no decir nula. Los bajos salarios del personal especializado han provocado que los pocos servicios con que cuenta el Estado estén funcionando a media máquina o, en su defecto, están cerrados”.
El psicólogo de Cecodap identificó una escasez de políticas públicas. “El Estado venezolano no está desarrollando políticas públicas dirigidas a la protección de niños y adolescentes frente a ninguna forma de violencia y menos contra el abuso sexual infantil. De manera que la situación de niños y adolescentes, en ese sentido, se encuentra a la deriva. Hablamos de planes, programas, servicios, asignación suficiente de recursos económicos, financieros, humanos que permitan garantizar la protección a la que tienen derecho los niños y adolescentes y que reconoce el ordenamiento jurídico de Venezuela”.
Villasmil aseveró que siguen aportando ideas para encontrar soluciones. “Actualmente, se está discutiendo en la Asamblea Nacional una Ley para la Erradicación y Prevención del Abuso Sexual, hay que decir que se ha realizado una discusión con los entes involucrados en la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas, y esperamos que esta ley traiga consigo la obligación, que ya en la LOPNNA está contemplada, de que el Estado invierta en programas dirigidos a la atención de los niños víctimas de abuso sexual”.
Tratamiento integral para la víctima
Saraiba resaltó la importancia de que el niño o adolescente abusado reciba un abordaje integral: “Hay una necesidad de que se realicen procesos multidisciplinarios que permitan garantizar una restitución los derechos y una mitigación efectiva del malestar. Esto representa muchas veces el abordaje psicológico, los efectos del trauma, el fortalecimiento y recuperación de las capacidades de la víctima para poder avanzar y reconstruir su vida. Incluso, muchas veces esto es lo que permite que la víctima tenga el valor para denunciar”.
Apuntó que esto da pie para que se activen los mecanismos legales, con “acompañamiento para la recopilación de la información, la formulación de la denuncia ante las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, para la adopción de medidas y la investigación que tiene lugar. Por otro lado, hay que hacer un trabajo en el contexto de una familia, ya que esto genera cambio en los vínculos y se requieren procesos de acompañamiento. Incluso, es recomendable que pueda haber procesos de fortalecimiento de las familias, de identificación de factores de riesgo como pueden ser: la pobreza, el colecho, el hacinamiento, que son algunos de los elementos que tienen incidencia en la aparición de situaciones de abuso sexual”.
Villasmil reveló que cuando se inicia un procedimiento administrativo por la Lopnna “entre las acciones a realizar está la incorporación del niño, niña o adolescente en un programa de asistencia psicosocial donde la víctima recibe atención psicológica o psiquiátrica, según sea el caso, con la intención de revertir o minimizar el daño (psicológico, físico y/o moral) causado”.
“Cuando se formula una denuncia por violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, en el caso del Consejo de Protección este debe investigar el círculo social donde se desenvuelve la víctima, a fin de verificar los factores de protección en el ámbito familiar Muchas veces los padres, madres, representantes o responsable por negligencia e irresponsabilidad exponen a sus hijos a situaciones de abuso sexual. El consumo de drogas y alcohol son factores que inciden en este tipo de situaciones. Generalmente, lo que se espera es que la familia sea lo suficientemente protectora”, agregó
Saraiba aclaró que “no puede relacionarse el abuso sexual como un fenómeno exclusivamente ligado a situaciones de pobreza, porque también se produce en contextos donde las personas tienen sus necesidades económicas satisfechas. El abuso sexual es un problema que no distingue entre clases sociales”.
Para finalizar, Villasmil reflexionó sobre la creencias culturales y sociales, así como en el alto porcentaje de impunidad que se vive en el país: “Generalmente, al denunciante le cuesta creer que la persona señalada de abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente sea capaz de cometer el hecho del que se le señala. El problema en Venezuela no es la falta de leyes. Las leyes garantistas de los derechos están, existen, el asunto está en que los postulados de las leyes se pongan en práctica y para ello el Estado debe invertir”.