El cierre de 1.200 industrias, golpeadas fundamentalmente por la paralización de las operaciones debido a la cuarentena por el COVID-19, puso en alerta a empresarios y sindicatos.
«La cuarentena flexible en el mes de diciembre, anunciada por Nicolás Maduro, no mejorará la precaria situación del sector productivo ya bastante impactado desde 2013 por la crisis económica», aseguró el dirigente sindical Froilán Barrios.
El coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato destacó que el impacto negativo de la paralización de las actividades productivas por la emergencia sanitaria ha sido muy fuerte en todo el mundo, pero con mayor contundencia sobre América Latina.
Agregó que por la caída de la actividad en la región 25 millones de empleos del sector formal han sido afectados más otros 25 millones de trabajadores de la economía informal.
«En Venezuela, el efecto es más devastador por la suma de la pandemia y la crisis socioeconómica de siete años, la cual ocasionó que el sector productivo esté operando a 20% de su capacidad instalada», sostuvo el sindicalista.
Barrios alertó que el cierre de 1.200 industrias implica la pérdida en promedio de 46.000 empleos, agravando la elevada desocupación laboral.
Destacó que actualmente la tasa de desempleo en el país se ubica entre 40% y 45%, afectando a 5 millones de personas de la población económicamente activa o fuerza de trabajo.
El representante de Fadess señaló que la falta de trabajo decente ha llevado a muchos venezolanos a emigrar a otros países buscando mejores oportunidades para ellos y sus familias.
Advirtió que ante los pronósticos económicos nada alargadores para Venezuela, los organismos financieros internacionales prevén una caída del PIB de entre 20% y 25% a finales de 2020, aumentaría la diáspora venezolana a 7 millones de personas en 2021.
Empleados públicos siguen en casa
La flexibilización de diciembre involucra prácticamente al sector privado y en especial el comercio, aseguró Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
El representante de Fentrasep precisó que el grueso de 2 millones de empleados públicos seguirá en sus hogares en el mes de diciembre. La razón, explicó, es que la mayoría de los edificios y oficinas de los organismos no llenan las condiciones adecuadas para laborar de forma segura por la emergencia sanitaria.
«Además de la falta de agua y otros servicios, hay limitaciones en el suministro de kits de bioseguridad para los trabajadores. Tampoco se puede cumplir el requisito del distanciamiento físico en los espacios», señaló Carbone.
Por ello, indicó, la orden es la presencia de pocos trabajadores y por turnos en los espacios de atención esencial al público como el Saime, tribunales o registros.
Carbone reveló que la intención es la reincorporación permanente de los empleados públicos en febrero o marzo de 2021, ante la expectativa de una remisión de la pandemia del COVID-19 para entonces. «Mientras tanto, los funcionarios se quedan en sus casas y de ellos una minoría está teletrabajando», dijo.
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