La situación del mercado petrolero mundial, que por primera vez en su centenaria historia se anota registros negativos, es decir, hay que pagarles a los clientes para que reciban crudo, prácticamente no genera efectos en Venezuela por el desplome sucesivo que registra su producción y la imposibilidad de comercializar sus mezclas no solo por las sanciones que le impuso el gobierno de Estados Unidos, sino por el actual colapso que afronta el sector de los hidrocarburos mundialmente. Atrás quedó la época en que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aportaba más de 90% de las divisas del país.
Las estimaciones que se tenían antes del desplome del precio del crudo, registrado a mediados de abril, apuntaban a ingresos entre 4.000 millones y 6.000 millones de dólares con un precio de la cesta venezolana entre 21 y 25 dólares por barril, dependiendo de los cálculos hechos para distintas firmas consultoras. Esos escenarios para Pdvsa ya lucen demasiado optimistas, porque se les dificulta colocar el petróleo no a 13 dólares por barril, como fue el precio el pasado 17 de abril, sino incluso por debajo de 10 dólares.
La realidad cambió radicalmente para el régimen de Nicolás Maduro, si se compara con la bocanada que recibió el año pasado principalmente gracias a la ayuda que le dieron dos filiales de la empresa rusa Rosneft que, por un lado, le resolvieron parcialmente el problema de suministro de gasolina a través de un canje por crudo; y, por el otro, le generaron ingresos por exportación petrolera entre 13.000 millones y 14.000 millones de dólares.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha declarado que Maduro podría haber perdido el poder y haber abandonado Venezuela en abril de 2019, si sus patrocinadores rusos no lo hubieran convencido de quedarse en un momento de crisis, comenta el analista energético David Godlwyn, del Atlantic Council, un destacado centro de líderes empresariales en Washington. Con el precio del crudo en mínimos históricos y la industria venezolana apenas funcional después de años de disminución de la producción, está claro que los intereses de Putin en Venezuela no son económicos sino geopolíticos, añade el reporte del Atlantic Council.
La fuente de los ingresos petroleros se cerró tanto por las sanciones que el Departamento del Tesoro le impuso a las empresas de Rosneft en febrero de 2020, como por el colapso de la industria petrolera mundial, ocasionado por una caída en la demanda global entre 20 millones y 30 millones de barriles por día.
Las opciones en ingresos que tiene el régimen de Maduro provienen del proyecto del Arco Minero y del oro del Banco Central de Venezuela, señala el economista Luis Oliveros, consultor en materia energética. El gobierno sigue trabajando y sacando metales, mientras que del oro es muy posible que veamos más ventas, aprovechando que ha subido de precio por la crisis global, puntualiza.
Al menos la extracción de metales forma parte de las actividades productivas reconocidas por la administración de Maduro, sin que exista data oficial sobre las cantidades extraídas y el dinero generado, pero organismos internacionales señalan ingresos anuales entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares, que en 2019 pudieron representar entre un tercio y un cuarto de los ingresos en divisas. Sin embargo, el peso lo siguió aportando por Pdvsa a través de sus ventas con descuentos. Esa realidad es totalmente distinta en 2020.
Para Pdvsa el efecto del colapso de los precios del petróleo en este momento es como patear a un moribundo, sentenció Luis Pacheco, presidente de la directiva de la estatal nombrada por la Asamblea Nacional como una junta de administración ad hoc, en una entrevista al portal La Gran Aldea. Al régimen de Maduro cada vez se le cierran más los caminos y por eso busca opciones de negocios turbios con compañías que no son necesariamente las más transparentes, acotó.
Frente a esta situación, surgen los señalamientos de que la alternativa de ingresos para el régimen apunta hacia otras actividades que no solo se concentran en la extracción de metales, y algunas de ellas ilegales como el contrabando de gasolina, operaciones de subfacturación y sobrefacturación en importaciones y exportaciones del sector privado. A lo anterior se agrega el señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos a funcionarios del entorno de Maduro por presunto tráfico de estupefacientes.
La opción de la gasolina, que por años se hizo sobre todo hacia Colombia e involucró a efectivos de la Fuerza Armada, se sustentaba en un diferencial de precios que existe entre la tarifa en Venezuela y la del vecino país casi de 1 a 10, lo cual arrojó un comercio de entre 70.000 y 100.000 barriles por día. No obstante, ese comercio ilegal se paralizó por el colapso de las refinerías y la escasez del combustible. Ahora más bien se revirtió de territorio colombiano al venezolano, pero nunca en las cantidades que perdió Pdvsa.
Al respecto, el reporte del Atlantic Council sentencia: El régimen de Maduro gana poco del sector petrolero y se ha centrado cada vez más sobre ingresos ilícitos.
Licencia en suspenso
En medio de la crisis del mercado petrolero mundial, la situación petrolera venezolana se podría sumar un nuevo hito en su historia que también tiene más de 100 años: el fin de la presencia de empresas de Estados Unidos si el Departamento del Tesoro no renueva la licencia que se estableció en enero de 2019, cuando prohibió el comercio de hidrocarburos de Pdvsa con su principal mercado: el estadounidense. Esto incluye a Chevron como operadora y las empresas de servicios conexos Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford.
Los niveles de producción que tiene Chevron en Venezuela en dos de las empresas mixtas donde tiene participación Petropiar y Petroboscán están por el orden de 200.000 barriles diarios, de acuerdo con las cifras que se manejan en el Ministerio de Petróleo. Esa cantidad representa la cuarta parte del volumen de crudo extraído según las cifras oficiales y un tercio si se toma la data de fuentes secundarias.
Chevron ha disminuido bastante su producción en el país, y si se va serán otros barriles que a Pdvsa le costará producir y colocar. Tal vez el gobierno de Maduro decida expropiar los activos de esa empresa y dárselos a la compañía del gobierno ruso que le compró los activos a Rosneft, aunque eso implica más conflictos entre ambos países, comenta Luis Oliveros.
Los defensores de la permanencia de esta compañía insisten en la importancia que se cuente con corporaciones petroleras occidentales (estadounidenses y europeas) para lograr la reactivación del sector de los hidrocarburos de Venezuela y la propia reactivación de la economía después de siete años de continua contracción, siempre y cuando haya cambio político.
?Estas empresas deben poder permanecer en el país para proteger sus activos, ya que la presencia del sector privado occidental es indispensable para contener la influencia y el control de Rusia y serán el único contrapeso material a la influencia directa del gobierno ruso en el sector energético, acota el reporte del Atlantic Council.