El pasado 10 de noviembre, el canciller venezolano Carlos Faría envió una nueva solicitud por parte del Estado venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI), que busca limitar la participación directa de las víctimas que presentaron su caso en la etapa de inhibición planteada por el mismo Estado venezolano en abril.
Esta nueva solicitud fue publicada por la CPI cuatro días después y los analistas consideran que se trata de una acción para dilatar el proceso de investigación y posterior enjuiciamiento que sigue la Sala de Cuestiones Preliminares I, la cual fue asignada para conocer los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al menos desde 2017.
Martina Alcarra, abogada del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, explicó que “en primer lugar, debe recalcarse la naturaleza de la Corte Penal Internacional. Al tratarse de una corte penal significa que su trabajo se enfoca, fundamentalmente, en el establecimiento de la responsabilidad penal individual, es decir, juzga a personas naturales que cometan crímenes establecidos en el Estatuto de Roma”.
Por esta razón, Alcarra agregó que la investigación sobre la Situación de Venezuela I “ya superó la etapa más temprana del procedimiento en la Corte Penal Internacional. Esto es, el examen preliminar. Actualmente, la situación de Venezuela I se encuentra en etapa de investigación. Sin embargo, esta fase apenas está iniciando y de la poca información que ha hecho pública la Fiscalía, al parecer aún no se han individualizado a los presuntos responsables de estos crímenes”.
Insistió en que es que la Sala de Cuestiones Preliminares la que debe autorizar al fiscal Karim Khan a reiniciar las investigaciones. “Actualmente, estamos a la espera de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el procedimiento a seguir para reanudar o no la investigación. Mientras, se espera la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Las facultades de investigación del Fiscal están limitadas, podría excepcionalmente -conforme al artículo 18.6 del Estatuto de Roma- pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice a llevar a cabo indagaciones si existe riesgo de que las evidencias no estén disponibles ulteriormente”.
Por su parte, Hjalmar Soler, abogado de Defiende Venezuela, explicó que el proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI) se divide en cuatro etapas: fase preliminar, fase de juicio oral o enjuiciamiento, impugnación y ejecución. “La situación de Venezuela se encuentra en la primera etapa, que se caracteriza por la comprobación o determinación del hecho delictivo. En el caso de su comprobación, la realización de la acusación o acusaciones, que están dirigidas por el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, en colaboración o supervisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”.
Asimismo, Soler insistió en que las acciones de dilación solo generan atraso en cuanto al tiempo: “Creo que estas intenciones del Estado venezolano de dilatar el proceso, solo lo afectarían en cuanto a tiempo, en cuanto a resultados no tiene mayor impacto. En el sentido de que, la investigación se encuentra suspendida, dada la solicitud de inhibición que realizó el Estado, pero esto será resuelto por la sala de cuestiones preliminares I, la cual fue designada para la situación de Venezuela y, probablemente, lo que dicte la sala es que se reanude la investigación con los parámetros que ésta determine”.
¿Es productivo el proceso?
Soler explicó que este tipo de procesos suelen tomarse su tiempo: “Los procesos ante cortes internacionales, por lo general, suelen tardar y estas intenciones de los Estados lo que hacen es retrasar aún más esto, pero resultado sigue siendo el mismo. A nivel interno, debido a la presión que tiene el Estado venezolano sobre la Corte Penal Internacional en el desarrollo de estas investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Karim Khan, lo que puede hacer es que haya cierta reactivación de las investigaciones a nivel interno en el caso de las víctimas”.
Resaltó que esta actitud del Estado venezolano busca construir una fachada a su favor. “Una especie de fachada por parte del Estado venezolano de hacer ver a la comunidad internacional, y específicamente a la CPI, que efectivamente están investigando sus casos; pero realmente no lo hacen y prolongan las fases de investigaciones entre cuatro y cinco años”.
Asimismo, Alcarra sentenció que, a pesar de los intentos de la administración de Maduro de demorar el proceso, la Corte ha sabido ser hábil. “La Corte se rige por principios de objetividad e imparcialidad. Si bien hemos visto que el Gobierno venezolano ha intentado obstaculizar el proceso en la Corte, por ejemplo, al remitir la situación de Venezuela II, plantear de manera inadecuada un supuesto control judicial, y ahora solicitar la inhibición del Fiscal, la Corte ha sido hábil para dar respuestas jurídicas a esas incidencias sin desviarse del objetivo principal sobre la situación de Venezuela. En consecuencia, no creo que las maniobras del gobierno de Venezuela desvirtúen el proceso que adelanta la Corte”.
Pero, ¿realmente las víctimas serán reivindicadas con este proceso que sigue la CPI?. Ambos expertos coincidieron en que se trata de una especie de reivindicación moral para las víctimas y sus familiares, además de sentar un precedente en aquellos que no han querido denunciar sus casos, por miedo o desconfianza en el sistema y, también, por agotamiento.
En este sentido, Soler señaló que “estas investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional lo que hacen es darle esperanzas a estas víctimas que no encuentran respuesta en la justicia interna y todos estos años han estado esperando la respuesta de organismos internacionales. En este caso con el apoyo de la CPI les dan la esperanza de que sus voces serán tomadas en cuenta. Saber que su caso: la muerte, persecución de su familiar no quedará impune, creo que esto ayuda más que todo a la psique de las víctimas”.
También dijo que “no solo a las víctimas que están identificadas, sino que también alientan a otras personas que han pasado por eso, pero en algún momento se cansaron de seguir intentando buscar justicia en Venezuela y se sienten motivadas a documentar bien sus casos, alzar su voz y denunciar sus casos. Ccreo que ahí es donde radica el valor de estas investigaciones actualmente en Venezuela y, sobre todo desde la perspectiva de las víctimas”.
A lo que Alcarra agregó que “el desarrollo de las investigaciones les otorga a las víctimas una esperanza de justicia que lamentablemente no encuentran en las instituciones venezolanas. En primer lugar, el derecho a la verdad, de que es palmario que en Venezuela sí se cometieron crímenes de lesa humanidad y así es declarado por un tribunal penal internacional. Luego, en una eventual etapa de sentencia, las víctimas conseguirían justicia a través del castigo de los máximos responsables”.
En el futuro
Al preguntarles sobre el siguiente paso en la investigación que sigue la CPI contra el Estado venezolano, ambos abogados explicaron que la Sala de Cuestiones Preliminares debe pronunciarse para reanudar la investigación o no. “La Sala también se deberá pronunciar sobre si permitirá a las potenciales víctimas expresar sus opiniones y observaciones. Recordemos que el Fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares continuar con la investigación porque las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades venezolanas no son genuinas y, por lo tanto, no hay una real voluntad del Estado en juzgar a los responsables”, dijo la abogada del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad.
Al respecto, el abogado de Defiende Venezuela explicó que “el siguiente paso que debe dar la CPI es que la Sala de Cuestiones Preliminares I debe pronunciarse respecto a esta solicitud de inhibición que realizó el Estado venezolano, y tomando en cuenta el caso de Afganistán deben reanudar las investigaciones y permitirle al fiscal seguir con esta investigación y, posteriormente, realizar las acusaciones pertinentes. Ese es el próximo paso que, en los próximos días o semanas, tendremos por parte de la CPI”.
En cuanto a si el caso de Venezuela se parece a alguno otro, nuevamente ambos coincidieron en que se parece a lo sucedido en Kenia. “En términos de contexto, con la situación de Kenia, pues la Fiscalía de la Corte inició de oficio una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral que se produjo en Kenia en el año 2007, fue un contexto muy parecido al de Venezuela”, puntualizó Alcarra. Añadió Soler que, “posteriormente, se determinaron responsabilidades y se enjuiciaron a estas personas, por lo que sí es comparable el caso de Venezuela con algún otro del pasado”.
“En cuanto al proceso, en la situación de Afganistán y de Filipinas, al igual que en la de Venezuela, con base al principio de complementariedad, los Estados solicitaron a la Sala de Cuestiones Preliminares la inhibición del Fiscal, es decir, que dejara de investigar porque las autoridades nacionales ya estaban investigando y juzgando esos hechos. Sin embargo, recientemente la Sala de Cuestiones Preliminares que está conociendo la situación en Afganistán autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudar la investigación porque ese Estado no demostró que estuviese investigando o juzgando”, puntualizó Alcántara.