La escueta asignación -7 bolívares mensuales- que cobran los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) condena a esta población de más de 5 millones de venezolanos a pasar hambre y no poder contar con medicinas ni atención en las áreas de salud y recreación, afirman organizaciones de defensa de los derechos humanos de los adultos mayores. Por ello, adelantan un diagnóstico sobre la situación para introducir la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Edgar Silva, coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, explicó que dentro de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela la población de personas de la tercera edad es particularmente vulnerable.»Los adultos mayores no cuentan con una pensión digna y suficiente para cubrir sus gastos básicos.
Con 0,1 bolívares diarios de pensión muchos de ellos están condenados a pasar hambre cuando un huevo cuesta 1,6 bolívares. Es inhumana», sostuvo.El representante del comité precisó que con el apoyo del Observatorio Universitario de Lara se realizarán encuestas a la población de adultos mayores en las diez entidades más representativas del país. «El estudio estará listo el primer trimestre de 2022.
Esos resultados estadísticos sustentan la denuncia ante la CPI contra el régimen de Maduro por violación al artículo 7, numeral B del Convenio de Roma referente al delito de lesa humanidad sobre el exterminio de una población», refirió.Silva recordó que la situación de precariedad económica y social de los adultos mayores se presenta desde 2013, pero en la actualidad ha alcanzado niveles insoportables.
Agregó que con el éxodo de venezolanos al exterior buscando mejores condiciones de vida, muchos adultos mayores se quedan solos o cuidando a los nietos de los hijos que emigran.
«La crisis económica por la COVID-19 en los países con diáspora venezolana ha ocasionado la reducción de las remesas, precarizando más las condiciones de los adultos mayores en Venezuela», destacó.
Silva insistió en que el ingreso de los pensionados del Seguro Social -equivalente a 3,6 dólares al mes sumando la pensión y el bono de guerra económica- dista mucho del costo de 314 dólares de la canasta alimentaria del Cendas registrado en septiembre.
El dirigente social indicó que los pensionados y jubilados apelan al rebusque en el sector informal y no para mantenerse activos sino para sobrevivir. También hay adultos mayores en situación de calle, pidiendo limosna y escarbando en la basura.
Por otra parte, los 15 centros del Instituto Nacional de Asistencia Social (INAC) del país para la atención e internado de ancianos sin familia funcionan a duras penas con el apoyo de la empresa privada porque el Estado no les proporciona presupuestos suficientes.Asimismo, se ha suspendido a los pensionados la atención y reclusión en casas hogares y asilos privados porque el IVSS no les paga.