“Las sanciones no han logrado un proceso democrático que pudiera legitimar a las autoridades en Venezuela” dijo presidente del Colegio de Internacionalistas

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Varios representantes de la comunidad internacional decidieron imponer una serie de sanciones, tanto individuales como institucionales. Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Canadá, Panamá, algunos países de la Unión Europea y Latinoamérica aplicaron sanciones y restricciones particulares a funcionarios y al Estado venezolano, con la intención de poner fin a la crisis política, social, económica y democrática por la que atraviesa la nación desde que Nicolás Maduro fue proclamado como presidente de Venezuela.

Otra de las razones que se atribuyeron a estas sanciones, fue la presunta violación de derechos humanos de parte de la cadena de mando de Maduro a través del uso indiscriminado de la fuerza y represión durante las protestas ocurridas en 2014, 2017, 2019 y 2020; así como, las acusaciones de usurpación de poderes tanto en la presidencia como con la imposición de una Asamblea Constituyente (ANC) controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Por estos sucesos, declarados como delitos, los países decidieron sancionar a funcionarios gubernamentales activos y retirados, pertenecientes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo Nacional Electoral (CNE), Consejo Moral Republicano, diputados de la disuelta ANC, miembros de la Fuerza Armada; así como, de los diversos cuerpos de seguridad y empresas privadas, que fueron señalados por haber incursionado, presuntamente, en delitos de violación a los derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, vinculación con el narcotráfico, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia.

En marzo de 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica anunció que varios países habían impuesto sanciones a 78 venezolanos asociados con Maduro. Más tarde, en abril de 2019, Estados Unidos, también, sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos. Al tiempo que revocó el visado a 718 individuos asociados con Maduro.​

Esta serie de sanciones incluyó congelamiento de cuentas y bienes de los individuos, prohibición de transacciones con los sancionados, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. Más adelante, ese mismo año 2019, Estados Unidos aplicó otro bloque de sanciones hacia las industrias del petróleo, oro, minería y la banca; lo que desató comentarios encontrados en pro y contra de estos castigos, a juicio de muchos economistas y conocedores del tema a nivel internacional, la crisis de Venezuela precedía a las sanciones; sin embargo, la aplicación de las mismas podría provocar un recrudecimiento de la misma.

Por ejemplo, la oficina de la Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins, declararon a Bloomberg que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera; no obstante,​ aquellas que fueron impuestas en 2019 “podían empeorar la situación, pero la crisis las precedía”.

Recientemente, voceros de diversos sectores de la vida pública venezolana han solicitado a los países sancionatorios que evalúen el objeto y cumplimiento de dichos castigos, pues aseguran, muchos han perdido su eficacia en el tiempo afianzando a Maduro en el poder, dado que éste ha logrado valerse de las mismas para no registrar mayores complicaciones como presidente.

Ante la polémica y para conocer más sobre el objetivo real de este tipo de castigos impuestos por los países democráticos, HispanoPost conversó con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, quien opinó que, a pesar de que considera que las sanciones impuestas a individuos particulares sí cumplieron su cometido, las institucionales no lo hacen tener una opinión tan positiva, pues “no han logrado el objetivo que era que, se produjera un proceso democrático que pudiera legitimar a las autoridades en Venezuela”.

– ¿Qué son las sanciones?

Las sanciones son instrumentos que utilizan países democráticos, países civilizados, en las cuales se intenta colocar a otro país o a funcionarios y personas de otros países, una especie de condena por realizar actos que se encuentran al margen del derecho internacional o que utilizan mecanismos en los cuales se violan los derechos humanos. También se puede tratar de funcionarios o países que utilizan la corrupción como forma de gobierno o utilizan prácticas que están reñidas con lo que se establece en las distintas normas del derecho internacional.

Estas son prácticas que se realizan, que son prácticas soberanas de cada país e intentan de alguna forma condenar, llamar la atención, generar una situación para que esa violación de los derechos humanos o del derecho internacional o de cualquier actividad que se encuentre al margen de la ley, como, por ejemplo: lavado de dinero, narcotráfico, entre otros, tengan algún tipo de reprimenda.

– ¿Cómo funcionan y para qué son útiles las sanciones?

Las sanciones son aplicadas por países democráticos, países que tienen elementos de juicio para señalar a otros países o a funcionarios de estos países de estar cometiendo actos considerados ilícitos o reñidos con el derecho internacional; esa forma, cada país decide cómo sanciona o cómo llama la atención a ese país sobre los actos que están cometiendo.

En este caso, hay países que deciden utilizar sanciones personales como en el caso de Venezuela, donde se impide que personas de los países que se consideran países forajidos tengan posibilidad de visa, tengan la posibilidad de tener propiedades donde sean sancionados. Así como, que tengan la posibilidad de visitar esos países, de lavar dinero en esos países, de comerciar con esos países.

– ¿Cuáles son los distintos tipos de sanciones?

Hay muchos tipos de formas de sancionar a las personas o los países que se encuentren en este estado que encuentra fuera de lo que se considera el derecho internacional o fuera de las normas de preverse para respetar los derechos humanos de los habitantes de esos países.

Ese tipo de sanciones, muchas son individuales. Son dirigidas a una persona o a sus familiares, que se benefician de actos de corrupción, entre otras. También hay sanciones al país, cuando un país se convierte en un Estado forajido, entonces, se busca restringir el comercio con esos países. Se busca establecer mecanismos que impidan que esos países puedan establecer mecanismos de comercio, de tener cuentas en estos países que los sancionan, tratando de blanquear el dinero malhabido, producto de la corrupción o del narcotráfico.

– Su opinión sobre cómo se aplicaron en Venezuela, ¿consiguieron los objetivos deseados?

Las sanciones tienen como objeto, evitar que las personas de algunos países o al país como tal, cuando hay un grupo en el poder que actúa de forma irregular, permitiendo la corrupción o violando los derechos humanos; se evita que puedan actuar libremente en los países que utilizan el mecanismo de las sanciones. Así como, que puedan hacer vida, tener negocios o cuentas bancarias en esos países.

En cuanto a Venezuela, se aplicaron varios tipos de sanciones. En principio se aplicaron las sanciones personales a los distintos funcionarios del régimen del señor Maduro, pero, además, se utilizaron sanciones a algunas organizaciones y empresas, como, por ejemplo, a PDVSA que formaba parte de esas sanciones.

Entonces, hubo sanciones personales, pero también hubo sanciones institucionales a algunas empresas y organismos del Estado venezolano, que se sancionaron por ser parte de todo un sistema, por los países que aplicaron las sanciones, de corrupción. Un sistema de violación a los derechos humanos, entre otros.

Con respecto a si las sanciones que se aplicaron en Venezuela consiguieron los objetivos. Creo que el objetivo, por supuesto, en principio como lo señalé es un objetivo de marcar a las personas que están incursos en este tipo de delitos. Personas que utilizaron el narcotráfico o la corrupción, y esas personas siguen siendo objeto de esas sanciones. Muchos de los funcionarios del gobierno venezolano, no pueden ir a los Estados Unidos, no pueden abrir cuentas en los Estados Unidos, se les quitó la visa e incluso las propiedades que habían adquirido en ese país. En ese sentido eso funcionó.

Con respecto al tema a instituciones del Estado venezolano, hay visiones sobre eso. Yo, particularmente, pienso que esas sanciones no tienen nada que ver con la gran crisis política, económica, social, institucional de Venezuela; el deterioro del país venía marchando a paso de vencedores desde mucho antes de que se aplicaran las sanciones a nuestro país.

En ese sentido, las sanciones, no han logrado el objetivo que era que, se produjera un proceso democrático que pudiera legitimar a las autoridades en Venezuela, que pudiera realizarse un proceso que fuera reconocido a nivel internacional, eso no ha sido posible. Si eso no se ha logrado, creo que en principio no tiene nada que ver con las sanciones, es un problema político que de alguna forma hay que resolver porque ni el gobierno ni la asamblea de Venezuela son reconocidos por una gran cantidad de países democráticos que consideran que ni la presidencia ni la asamblea fueron electas en procesos democráticos.

– ¿Hay forma de encausar el objetivo de las sanciones que siguen vigentes?

Creo que es importante señalar que las sanciones, significan una especie de condena a países que incumplen el derecho internacional. Utilizan mecanismos no lícitos para poder comerciar, utilizan algunos instrumentos para lavar dinero, para tratar de tapar la corrupción en estos países, por lo que se decide aplicar estas medidas que, como ya dije, son medidas soberanas y pacíficas; y van dirigidas a ese tipo de situaciones que se generan en algunos países.

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Keissy Bracho
Keissy Bracho
Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual Especializada en Comunicación Política, Opinión Pública, Marketing Político, Gestión de Políticas Públicas. Aprendiendo de Género

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