La historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desintegración (José Ortega y Gasset)
En un artículo publicado en este medio el 15 de noviembre de 2021, el exdiputado de la organización Primero Justicia y abogado Rafael Guzmán ha formulado falsas acusaciones que exigen una réplica adecuada. La oportunidad es propicia, además, para poner en contexto las actuaciones del exdiputado Guzmán, quien por su paso por la Asamblea Nacional y el Gobierno Interino abogó constantemente por los intereses de los tenedores del Bono 2020 PDVSA, al punto de llegar a amenazarme personalmente por no haber cedido a sus presiones en relación con la demanda de nulidad interpuesta en contra del contrato de emisión y el contrato de prenda de esos Bonos en octubre de 2019.
Esta réplica es importante, además, en un momento en que muchos quieren reescribir la historia para exculpar el régimen de Maduro y, quizás, allanar el camino para su reconocimiento en 2022. Por ello, el artículo me hizo recordar a Luis Castro Leiva. No por la prosa, por supuesto, sino por que el exdiputado convertido ahora a novel articulista quiere cultivar el olvido, arrojando mentiras inconexas que se han repetido, monótonamente, una y otra vez desde el régimen autoritario y sus fieles colaboradores, y mostrando un claro desprecio a todo lo que significa la academia.
Los intereses del exdiputado Guzmán
¿Por qué ahora el exdiputado Guzmán decide saltar a la opinión pública para repetir, con pobres argumentos, las mentiras que una y otra vez he aclarado? Las casualidades no existen, decía Sábato. Y este artículo es cualquier cosa menos un ejercicio de objetivo de reflexión.
Como Maturana afirmó, todo lo dicho por alguien responde a una historia. La historia de mis desencuentros con el exdiputado es relevante para conocer la historia tras el artículo publicado.
Por muchos años tuve una relación cordial el exdiputado Guzmán. Pero esa relación comenzó a deteriorarse en octubre de 2019, cuando la junta ad-hoc de PDVSA y la junta directiva de PDV Holding, Inc. decidieron por unanimidad demandar la nulidad de los Bonos PDVSA 2020, siguiendo el Acuerdo de la Asamblea Nacional de 15 de octubre, aprobado también por unanimidad.
Sin argumentos jurídicos, e incluso despreciando cualquier intento por abordar estos problemas desde un prisma técnico, el entonces diputado -e integrante del Centro de Gobierno y de la Comisión de deuda- se opuso a tal acción, pues insistía en que los Bonos debían pagarse. Nunca explicó, por cierto, de dónde saldrían los mil millones de dólares que, aproximadamente, había que pagar el 27 de octubre de 2019, ni en general, los recursos para cualquier reestructuración. Tampoco explicó cómo la Asamblea Nacional autorizaría ese pago, cuando ya había exhortado a ejercer las acciones legales y había alertado, en abril de 2019, que el pago de intereses se haría bajo protesto. En la no-propuesta del exdiputado lo único claro es que había que pagar.
Ciertos comentarios previos del entonces diputado me habían alertado de lo que consideré era una conducta poco clara. Así, y de acuerdo con copia de las correspondencias que mantengo, el 7 de enero de 2020 me informó que a pesar de que el Gobierno Interino había solicitado que no se renovara la licencia a Globovisión, él se opuso a esa petición bajo el argumento de que tal petición no había sido aprobada por el G4. El comentario era impropio, pues este tipo de actuaciones no debía quedar sujeta a la aprobación del G4 ni resultaba además coherente abogar a favor de una empresa propiedad de quien ha sido acusado por el Gobierno de Estados Unidos de diversos ilícitos, y cuyas propiedades, además, habían sido bloqueadas.
Además, en más de una oportunidad, al llamarme para insistirme en la necesidad de pagar los Bonos, el exdiputado me comentó de las conversaciones que había tenido con algunos de los tenedores. Para ese momento el canal oficial de negociación era la junta administradora ad-hoc de PDVSA, y era irregular mantener canales paralelos.
Para ese momento yo tenía ya meses abogando la aprobación presupuestaria para el pago de honorarios ante la Asamblea Nacional. Así, desde agosto de 2019 no se había logrado el consenso unánime en la Asamblea para avanzar en este aspecto, en una situación que se agravó luego de la demanda de nulidad de los Bonos 2020. El entonces diputado Guzmán fue uno de quienes más se opuso a una solución al problema sin brindar alternativas. Inevitablemente, este retraso afectó la calidad de la defensa judicial, en una situación de desorden y precariedad que se fue alargando en el tiempo.
El 28 de enero de 2020 la Asamblea Nacional aprobó la previsión presupuestaria del fondo de litigio. De inmediato recibí mensajes de queja del entonces diputado Guzmán, pero de nuevo, sin argumentos técnicos, sino políticos, pues a su decir no podía obrarse en contra de la voluntad de su partido. Con argumentos técnicos le expliqué la legalidad de la decisión de la Asamblea, pero le informé que no se ejecutaría el presupuesto hasta no aclarar todas las dudas.
Al día siguiente, 29 de enero, el diputado Guzmán me llamó para decirme que, al no haber seguido las instrucciones, formularían acusaciones en mi contra tan graves que hasta el régimen de Maduro se “metería conmigo». El tono de su llamada era que yo, como Procurador, debía haber seguido instrucciones políticas y nunca actuar por mi cuenta.
La amenaza, intolerable, me llevó a colocar mi cargo a la orden. Había aceptado la designación de Procurador para ejercer con autonomía el cargo, siempre de manera transparente e informando a las instancias correspondientes, como se hizo en más 500 comunicaciones. El verdadero problema de fondo, en todo caso, era el evidente malestar por la demanda de nulidad en contra de los Bonos 2020, pues como dije, el exdiputado Guzmán siempre abogó por pagar esos Bonos, sin detenerse a analizar técnicamente el problema.
Este percance coincidió con la publicación del voto salvado de Primero Justicia, que como me había anticipado el entonces diputado, contenía falsas acusaciones en mi contra. Como ya expliqué, respondí por escrito esas acusaciones y solicité una reunión, pero esta organización ni siquiera acusó recibo de mi comunicación.
Las motivaciones del entonces diputado quedaron más claras cuando en el juicio de nulidad de los Bonos PDVSA 2020 se hizo pública la declaración del representante de Ashmore, principal tenedor de los Bonos, y que arroja datos importantes sobre las condiciones bajo las cuales esos Bonos se emitieron en 2016. Tal declaración, de 16 de junio de 2020, puede ser consultada aquí.
Hay que aclarar que el principal argumento de nulidad del colateral de esos Bonos es el Acuerdo que el 27 de septiembre de 2016 que había aprobado la Asamblea, negando la capacidad de PDVSA de ceder en colateral del Bono las acciones de Citgo, al ser ello un contrato de interés público nacional.
En su declaración, el representante de Ashmore señaló que en septiembre de 2016 Francisco Rodríguez – para ese entonces economista jefe y director ejecutivo de Torino Capital- organizó un viaje a Caracas para mantener reuniones con diversas personas del ámbito político y económico, y así, recabar información sobre la operación de canje que entonces PDVSA planeaba para la emisión de los Bonos. En ese viaje el representante de Ashmore se reunió con el entonces diputado Guzmán, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, con quien conversó, precisamente, sobre las dudas en torno a la validez del Bono. El diputado -según esta declaración- avaló la legalidad de la operación y sostuvo que esa debería ser la opinión de la mayoría de la Asamblea.
Esta opinión del entonces diputado Guzmán fue ratificada poco después por Francisco Rodríguez en correo del 12 de septiembre de 2016, en el cual -siempre de acuerdo con esta declaración- informó que representantes de la oposición le habían asegurado que no cuestionarían la operación de los Bonos 2020.
Pero lo cierto es que esas opiniones resultaron infundadas, pues el Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 negó la capacidad de PDVSA de ceder a Citgo en colateral. El 28 de septiembre -según explica el representante de Ashmore- Francisco Rodríguez insistió que representantes de la oposición le indicaron que la operación era legal. Copia de ese correo puede ser visto aquí.
También la declaración sostiene que, según lo informado por Rodríguez, éste habría conversado con el diputado Julio Borges quien le ratificó que la deuda de PDVSA no requiere autorización de la Asamblea. Rodríguez ratificó esta conversación con Borges en un reporte entregado poco después, el cual puede ser visto aquí.
Esta declaración, aclaro, fue hecha bajo juramento, con lo cual debe presumirse su veracidad. La fracción 16 de julio solicitó, en octubre de 2020, que se abriera una investigación para poder determinar qué sucedió y el rol que desempeñó el entonces diputado Guzmán. Pero esa investigación nunca se abrió.
La conducta del exdiputado Guzmán que relata esta declaración, coincide con su conducta, en especial, entre octubre de 2019 y enero de 2020, al cuestionar -sin argumentos técnicos- la decisión de demandar la nulidad y luego llegar al extremo de proferir amenazas en mi contra. Y ello es consistente con el artículo que repite, una y otra vez, las mismas mentiras en torno al caso de los Bonos 2020, del cual se me pretende responsabilizar, ignorando que ese caso fue resultado de una estrategia unánime adoptada en el seno de la Asamblea y de la junta administradora ad-hoc de PDVSA.
Las mentiras del exdiputado Guzmán
Habiendo aclarado el contexto del artículo del exdiputado, corresponde desmentir sus falsas acusaciones.
En su artículo el exdiputado Guzmán afirma que nunca se hizo “pública la estrategia de defensa y preservación de los activos en su momento”. Tal afirmación es falsa, pues esa estrategia se explicó en cerca de 500 comunicaciones enviadas a la Asamblea Nacional y al Centro de Gobierno, en diversas instancias en la que el exdiputado participó.
La falsedad de tal argumento es tan evidente que basta con leer la memora de la Oficina del Procurador Especial correspondiente al año 2019, guardada en la página de la Asamblea Nacional. En las páginas 14 y siguientes se explica -con base en centenares de comunicaciones previas- la estrategia que ahora el exdiputado Guzmán dice desconocer.
También es falso el argumento según el cual la Oficina del Procurador Especial nunca negoció con los acreedores. Ese argumento se desmonta con los lineamientos de renegociación de la deuda publicados en julio de 2019, que expresamente afirmaron que la estrategia era la renegociación de integral de toda la deuda una vez solucionada la crisis política. Aclaro que la negociación integral es de toda la deuda, pues pagar una deuda y otra no -como sugiere el exdiputado- implicaría un trato discriminatorio.
Además, el exdiputado Guzmán repite las mismas mentiras del régimen de Maduro en cuanto a mi relación con el caso Crystallex, asunto que he explicado en reiteradas oportunidades. Basta con señalar que: (i) mi testimonio solo versó sobre la destrucción institucional de PDVSA, en un hecho que nadie puede negar; y (ii) me inhibí del caso en marzo de 2019, como confirmaron en su momento miembros de la junta administradora ad-hoc de PDVSA. Se siguieron manteniendo deberes de información, pero me separé totalmente de la estrategia y su implementación. Por cierto, los detalles técnicos del caso -que el artículo ignora- los traté en mi ponencia presentada el pasado octubre en la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo.
El centro del artículo, por supuesto, es el caso de los Bonos 2020. La estrategia frente de ese caso fue explicada en decenas de comunicaciones y cualquiera puede leerla en el párrafo 55 de la memoria del 2019, antes mencionada. Allí explica que la demanda de nulidad se interpuso pues (i) la junta administradora ad-hoc de PDVSA no logró una negociación razonable con los tenedores y (ii) porque el Departamento del Tesoro difirió la aplicación de la Licencia Gerencia 5, precisamente, para permitir a PDVSA demandar.
También es falso que en el caso de los Bonos 2020, la Corte de Nueva York haya ordenado mantener confidencial la identificación del testigo de los demandados por amenazas que yo habría producido. Basta con leer la sentencia de la Corte parta comprobar que el exdiputado miente.
¿La segunda rebelión de los náufragos?
Un dato que permite comprender mejor por qué el exdiputado decidió incursionar en la escritura de opinión es su comentario final que cuestiona la continuidad del presidente encargado con base en el artículo 233 constitucional, aspecto que, con argumentos de Derecho Constitucional, he explicado en este estudio jurídico.
Este argumento no sorprende, en todo caso. El exdiputado parece ser de aquellos que abogan por el fin del estatus del presidente encargado para así reconocer a Maduro, quien ya ha prometido pagarles a los bonistas, que es lo que, en el fondo, el exdiputado siempre ha promovido con los tenedores de los Bonos 2020.
Mi interés en los fundamentos jurídicos de la defensa judicial -en escritos técnicos que parecen molestar al exdiputado- no es solo académico, sino también histórico. Hoy algunos pretenden reescribir la historia señalando que como el Gobierno Interino no negoció con los acreedores y entabló demandas improcedentes, fracasó toda la estrategia. Ello parece llevarlos a arrojarse a los brazos del régimen autoritario, para reconocerlo como Gobierno y, de paso, pagar a algunos pocos acreedores, en un claro trato discriminatorio que hará más compleja la renegociación integral.
A pesar de que renuncié como Procurador hace casi año y medio, el centro de los ataques a los cuales ahora se suma el exdiputado es mi gestión. Lo cierto es que la estrategia diseñada en 2019 se ha mantenido por quienes hoy ocupan los cargos en el Gobierno Interino, lo que demuestra la coherencia de esta estrategia, de nuevo, basada en argumentos técnicos que hasta ahora el exdiputado no ha rebatido.
Si de algo sirve este intercambio no es para arrojar luces sobre el tema de la defensa de los activos, pues no pueden arrojarse luces desde una pieza tan obscura como la producida por el hoy novel articulista. Este intercambio, por el contrario, debe servir para que los venezolanos conozcan el proceder de quienes, lejos de ayudar a promover la transición, se dedicaron a sabotear, colocar obstáculos y gestionar sus propios intereses.
Espero que no sea yo el único en denunciar estos hechos, pues no podemos dejar que triunfe el olvido. Como dijo Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.