Perkins Rocha, uno de los abogados de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, denunció el martes que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no les ha permitido acceder al expediente del recurso interpuesto contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata.
El también miembro de Vente Venezuela, organización política que preside Machado, alertó que al impedir el acceso al expediente para tener conocimiento del trámite judicial, la Sala Político Administrativa del TSJ deja a Machado en una “peligrosa situación de indefensión”.
“El TSJ pone en peligro el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados”, agregó Rocha en un hilo que publicó en su cuenta en la red social X.
El 15 de diciembre Machado acudió ante el TSJ para introducir un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho” de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le habría impuesto la Contraloría General de la República, una acción que afirma nunca le fue notificada.
En noviembre, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada”, entre el 1 y el 15 de diciembre, podría ejercer un recurso contra la medida ante TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Luego de que Machado, quien con más de 2 millones de votos ganó la primaria presidencial de la oposición celebrada en octubre, ejerció el recurso, el TSJ pidió a la Contraloría la información relacionada con la inhabilitación de Machado, que también abarca la copia certificada de los actos administrativos por los que le habría sido impuesta la sanción.
Los abogados de Machado denuncian que tampoco pueden “saber de primera fuente del supuesto cumplimiento” de ese requerimiento.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Con información de VOA