Abogados instan a denunciar acoso o abuso sexual aunque sea desde el anonimato

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Desde el pasado 19 de abril muchas han sido las denuncias de acos, abuso sexual, estupro y violencia de género que un grupo de mujeres ha viralizado a través de las redes sociales, en su mayoría contra hombres que son figuras públicas, entre los que destacan cuatro músicos, un director de teatro y un escritor.

También muchas de estas denuncias se hacen años después de haber ocurrido el delito y desde el anonimato. Ante los cuestionamientos o críticas sobre la decisión de las víctimas de escudarse o revivir su historia de forma tardía, en HispanoPost conversamos con expertos en derechos humanos sobre las competencias del Estado y las herramientas de resguardo que tienen las víctimas venezolanas.

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El abogado y profesor la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Ollarves, explicó que, aunque la denuncia se haga a destiempo, no elimina el delito: “Estos hechos no se pueden evaluar bajo la perspectiva simplista de un delito común. En este caso el Estado debe garantizar que las acciones de terceros, actores no estatales, no afecten los derechos de las mujeres. Este enfoque de derechos humanos permite que la acción no prescriba en el tiempo”.

Sobre si es recomendable el anonimato, Ollarves indicó que, por lo general, “se recurre al anonimato por miedo a retaliaciones”. “Ya son víctimas de un delito sexual, es legítimo que piensen que si denuncian las pueden revictimizar. Tienen la opción de pedir que su identificación sea suprimida. Es muy efectiva, legal y legítima la denuncia pública, es ideal para que la gente sepa quién es el depredador sexual”. 

Ollarves detalló que en Venezuela la violencia contra la mujer es penalizada bajo un enfoque de derechos humanos, y como tal estos “delitos no prescriben, así lo prevé el artículo 271 de la Constitución”. “En Venezuela existe una Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales y entre las medidas de protección generales y necesarias que el Ministerio Público puede solicitar es preservar en el proceso penal la identidad de la víctima o los sujetos procesales, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la oposición a la medida que asiste a la defensa del imputado o acusado. Con respecto a las penas hay que ver cada caso y delito en concreto. Las penas son graves y oscilan entre quince a veinte años de prisión

Para la abogada y directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, la denuncia es importante porque “se señala al agresor y que este sea castigado”. “La víctima puede tener una reparación, que no es solamente monetaria o que el culpable pague con cárcel, sino que además es una reparación para la sociedad, que garantiza que este tipo de acciones violentas no se vuelvan a repetir”.

Acosta dijo que la denuncia sirve para sentar un precedente. “Que esta violencia de género por considerarse que la mujer es un objeto o es el sexo débil no se repita. Que los hombres que cometen este tipo de conductas delictivas sepan que hay sanciones y que no van a pasar desapercibidas sus actuaciones contra la mujer”. 

Ollarves explicó que el ultraje de una mujer o menor de edad “trae consecuencias de toda índole: miedo, amenazas, repercusiones psicológicas, sociales, económicas, estigmatización y a veces son responsabilizadas de la violación”. Indicó que existe un elevado porcentaje de ocasiones que esta forma de violencia es ejercida por personas cercanas a las niñas y adolescentes, “con quienes deberían sentirse seguras y protegidas como familiares, amigos cercanos de los mismos, vecinos, conocidos, profesores y compañeros de trabajo”.

¿Por qué no denuncian?

Ambos abogados aseguraron que una de las razones de mayor peso por la que no se denuncia es el miedo. “No denuncian por sentimientos de culpa y/o miedo. A veces las madres de las niñas víctimas encubren a sus parejas, ya sea porque culpabilizan a las niñas por lo ocurrido, por miedo al estigma, por dependencia afectiva o económica del agresor, por temor a represalias o sencillamente porque no creen lo denunciado”, señaló Ollarves.

“Nos preocupa mucho que esta legislación no se cumple, porque no es solo el proceso penal al que puede ser sometido un presunto agresor, sino que además no hay el mecanismo de protección a las víctimas ni de reinserción a la sociedad. No hay campañas en este sentido. La mayoría de las víctimas tiene miedo, son acosadas o amenazadas y es por ello que en un primer momento no se atreven. Estas campañas son maravillosas porque ayudan que cada vez sean más las mujeres que en conjunto levanten su voz contra la violencia”, indicó Acosta.

El profesor universitario explicó que en Venezuela existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto garantizar y promover que las mujeres puedan llevar una vida segura “creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. “Impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica”, expresó.

Tímidas respuestas de Estado

No solo se trata de la falta de justicia en el sistema venezolano, sino también de patrones socioculturales. “Los Estados deben adoptar diferentes herramientas y técnicas que permitan medir y monitorear el impacto del crimen, evaluar los resultados de políticas y programas y diseñar intervenciones mejor focalizadas y más efectivas con una observancia a los derechos humanos”, dijo Ollarves.

Para Acosta las muestras de protección de parte del Estado han sido “tímidas”. “Se crearon unos tribunales especiales con competencia en violencia de género para castigar este tipo de delitos; sin embargo, vemos una actitud muy tímida del Estado. Los organismos que deben recibir este tipo de denuncias no están preparados. Por ejemplo, la denuncia la recibe un hombre y ya eso es una intimidación para la mujer”.

El uso de las redes sociales

Sobre el empleo de las redes sociales como medio para elevar la voz de las víctimas, ambos especialistas coinciden en que deben ser usada con responsabilidad. “Las víctimas las han utilizado como una manera de dar a conocer lo que sucedió, para denunciar y que no vuelva a ocurrir y que el victimario sea sancionado, aunque sea moralmente. Esto lo vemos a raíz de la falta de credibilidad a la institución que debe hacer la investigación, en este caso, hacia el Ministerio Público”, sentenció Acosta.

“Hay que ser muy responsables al utilizar esta vía y no usarla como un mecanismo de venganza sino de justicia. Si no se cumple con la etapa de investigación que tiene atribuido el Ministerio Público, es muy difícil avanzar en este tipo de casos. Hay un tema sociológico, se piensa que la víctima está exagerando y no es así. Muchas veces a la sociedad le cuesta entender que estas prácticas se realizan y que afectan a miles de mujeres en el mundo. No debemos poner en duda estos testimonios. Si la denuncia es infundada, hay un delito también que debe ser investigarlo” continuó, la directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

La coordinadora de Avesa, Magdimar León, coincide con ambos abogados que estos delitos deben ser denunciados. “El silencio solo protege a los agresores. Tras la denuncia se inicia un proceso de investigación dirigido a recabar las pruebas que demuestren o no la ocurrencia del delito. Esto permitirá a un tribunal valorarlas y tomar decisiones dirigidas a sancionar, o no, a la persona acusada o imputada. Lo ideal es que haya un acompañamiento a las víctimas en estos casos”.

León aseguró que las redes sociales, también, han sido usadas en otros países como medios de difusión de los delitos. “En algunos casos para que haya una sanción moral o social de las personas señaladas, quizás como un primer paso para luego colocar la denuncia en las instituciones correspondientes. No podemos cuestionar que las víctimas hayan usado las redes sociales para esto. Creo que es una vía que está a la mano de las personas, pero que definitivamente no puede quedar allí, es preciso trascender a la institucionalidad correspondiente”. 

Una cultura patriarcal, machista

“Lamentablemente, estamos en una cultura patriarcal, machista, que sigue tolerando la violencia sexual. Que culpabiliza a las víctimas, que mantiene prejuicios en torno a la sexualidad y que descalifica a las mujeres. Es importante que desde los medios de comunicación se dé un mensaje claro de no tolerancia a la violencia sexual y bajo ningún concepto se permitiría culpabilizar a las víctimas de lo ocurrido, el único responsable es la persona que comete el delito”, aclaró la coordinadora de Avesa.

Por su parte, la cofundadora del movimiento feminista Uquira de Caracas, Melanie Agrinzones, insistió en que en gran medida el factor sociocultural ha sido detonante de muchos de estos casos. “Mientras exista el machismo, las mujeres van a ser el sujeto en duda y los hombres los que tienen la verdad. En estas asimetrías de asignaciones de poder, las mujeres quedan como aquellas que tienen la culpa de todo lo que les puede ocurrir, incluso si es un caso que viene de terceros”.

Fiscalía abrió investigaciones

Durante el día jueves, Tarek William Saab, designado por Nicolás Maduro como fiscal general, anunció que el Ministerio Público abrirá investigaciones a varios de los acusados. También invitó a las víctimas a efectuar la denuncia a través de los canales regulares y puso a la orden, para tales efectos, el contacto telefónico 0212-509-8251 y el correo electrónico [email protected]

Saab anunció un a revisión a la legislación vigente “a los fines de corregir los vacíos que puedan existir, de tal manera de evitar que este tipo de agresores puedan evadir la acción de la justicia”.

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Keissy Bracho
Keissy Bracho
Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual Especializada en Comunicación Política, Opinión Pública, Marketing Político, Gestión de Políticas Públicas. Aprendiendo de Género

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