ANCE: Decisión de mantener el salario mínimo congelado compromete gravemente la existencia del sistema de protección social en Venezuela

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La decisión de mantener el salario mínimo congelado, apelando a la fórmula de ajustar sólo el bono de alimentación y asignando una transferencia de naturaleza discrecional (el llamado “bono de guerra”) compromete gravemente la existencia del sistema de protección social en Venezuela.

Así lo advirtió la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en un comunicado emitido este lunes 8 de mayo.

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El documento analiza el más reciente anuncio oficial de ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados; de allí que alerte sobre «la crítica situación fiscal que atraviesa la República»; la cual se comprobaría con estas resoluciones oficiales.

Dice la Academia que en la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo se seguirá reduciendo.

Los integrantes de la ANCE explican que la desaparición del salario mínimo como figura de protección supondría, en el caso venezolano, la desaparición también de las pensiones, beneficio que por ley se otorga en montos iguales al salario mínimo.

Y hay más: la indemnización por cesantía y las utilidades, que se calculan en función del salario mínimo, también correrían el riesgo de desaparecer.

En consecuencia, la Academia advierte que el salario mínimo, las pensiones y la indemnización por cesantía (prestaciones sociales) quedarán eliminados en poco tiempo, de no detenerse el proceso de inflación que viene azotando a la sociedad venezolana y de instalarse este diseño en las remuneraciones que cuestionan.

La Academia señala, además, que el diseño que está detrás del ajuste y asignación de estos bonos (bono de alimentación y bono de guerra) es claramente discriminatorio, sin que las razones que puedan pensarse para esa discriminación tengan mérito alguno.

«Los jubilados y pensionados en Venezuela no son beneficiarios del bono de alimentación, sólo los trabajadores activos, y el llamado bono de guerra se otorga en montos muy diferentes, sea el beneficiario trabajador activo (US$ 30), jubilado de la administración pública nacional (US$ 49) o pensionado de la seguridad social (US$ 20)», se lee en el documento emitido por la ANCE.

Bonificación en divisas

Otro aspecto que se analizó fue la nominación de las bonificaciones en divisa, que si bien «reporta alguna ventaja a los beneficiarios», se constituye en una restricción adicional al gasto público, «haciendo más rígida la prociclicidad de la gestión fiscal».

Considera la Academia que de aplicarse una política cambiaria de apreciación real de la moneda, igualmente se presionaría a la baja la capacidad de compra del trabajador.

Los académicos se plantean que entre las razones que pudieron haber motivado el diseño de estas medidas privó la crisis de las finanzas públicas que se posa sobre la República, y el propósito de intentar «minimizar la carga que supone el aumento del salario mínimo y sus beneficios sobre las finanzas del Estado«.

Sin embargo, la Academia reiteró sus propuestas para enfrentar esta situación: redimensionar el tamaño del Estado, gestionar de modo más eficiente sus recursos, y combatir el reparto de sus activos, así como la corrupción.

«Si estas acciones no son suficientes para mantener e incluso fortalecer el sistema de protección social que priva en las leyes venezolanas, entonces procede un rediseño del sistema de seguridad social en Venezuela que lo haga acorde a las circunstancias actuales, en aras de que la población vulnerable tenga acceso a beneficios que verdaderamente dignifiquen su calidad de vida y a servicios de buena calidad», reza el documento.

En lo que insisten no se debe incurrir es en hacer desaparecer el sistema de protección al que se debe el Estado, «en un país con graves carencias y un altísimo grado de vulnerabilidad social».

Concluye el documento de la Academia con un llamado a la concurrencia «de todas las fuerzas políticas y sociales del país, para llegar a fórmulas consensuadas que permitan abrirles el camino a los objetivos de desarrollo sostenible».

Fuente: Academia Nacional de Ciencias Económicas

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