El Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (Inces) anunció que las empresas públicas y privadas tienen un plazo de 45 días hábiles a partir del 11 de septiembre para actualizar sus datos en el Registro Nacional de Contribuciones Parafiscales, con la finalidad de corregir la elevada evasión por parte de los empleadores.
Y es que existe una gran disparidad entre el número de empresas inscritas en el Inces (50.000) y el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), con 2 millones de contribuyentes empresariales.
Carmelo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Inces, refirió que esa disparidad evidencia que muchas empresas incumplen su obligación de estar registradas en el Instituto, así como estar al día con las cotizaciones correspondientes.
Conforme a la Ley, el empleador con 5 o más trabajadores en la nómina debe aportar mensualmente el equivalente a 2% del monto de la nómina.
Por su parte, el trabajador cotiza al Inces una vez al año el equivalente a 0,5% de las utilidades o aguinaldos percibidos.
Las empresas con menos de cinco empleados están exentas de cotizar, pero tienen la obligación de registrarse.
El Inces informó que las empresas realizarán la tramitación a través de su página web.
El representante de Sintrainces destacó que en el Inces no se realizaba el operativo obligatorio de actualización de datos desde hace seis años por descuido de las autoridades y ese retraso se tradujo en evasión.
«Durante esos seis años surgieron miles de bodegones y otros comercios y empresas dedicados a las importaciones que no se han registrado y el Inces por fin decidió tomar cartas en el asunto», señaló el dirigente.
Sin embargo, sostuvo que los recursos recaudados deben destinarse al pago de deudas laborales pendientes del contrato colectivo y al mantenimiento, rescate y reparación de los centros de formación y capacitación para el trabajo distribuidos en todo el país.
Sánchez indicó que en el primer semestre de 2023 el Inces recaudó más de 385 millones de bolívares,.
Agregó que, generalmente, los recursos recaudados no llegan a los trabajadores ni a las instalaciones como consecuencia de la corrupción y malas decisiones en las direcciones nacional y regionales de la institución.
La nómina del Inces la integran unas 11.000 personas entre funcionarios, instructores, obreros activos y jubilados.
El sindicalista alertó que como el resto de la administración pública, el Inces está aplicando jubilaciones forzosas para reducir el personal.
«En lo que va de este año, fueron jubilados unilateral e inconsultamente 700 trabajadores», precisó.
Centros desmantelados
La semana pasada Nicolás Maduro destacó la importancia para el país de la educación técnica, con el anuncio de convertir 2.000 planteles en escuelas técnicas a partir del nuevo año escolar que inicia el primero de octubre.
Pero el anuncio presidencial choca con la situación de abandono de muchas instalaciones y centros del Inces cuya misión es la capacitación en el trabajo, especialmente de los jóvenes.
El dirigente de Sintrainces alertó que la situación es «muy grave» pues la mitad de 147 centros de capacitación y adiestramiento en todo el país ha sido vandalizada, abandonada y desmantelada.
«Se han llevado maquinaria, equipos, mobiliario, componentes de los baños, techos, tabiques y marcos de puertas y ventanas, entre otros, porque no hay personal de vigilancia», destacó.
Sánchez señaló que las cosas se agravaron mucho más durante la cuarentena de la COVID-19 cuando muchos centros quedaron solos y a expensas del vandalismo, invasiones y robo.
Contó que en el centro de formación metalmecánica del 23 de Enero en Caracas había 38 tornos, de los cuales quedan siete y todos están dañados.
Agregó que en la platabanda del centro un colectivo de la zona instaló un gallinero y un cultivo hidroponico, lo cual genera filtraciones que afectan la estructura.
Otro ejemplo es el centro de equipamiento agrícola de Portuguesa, al cual en 2011 Hugo Chavez entregó cien tractores que desaparecieron.
«Sintrainces hizo la denuncia ante las autoridades competentes. En 2022 el Cicpc hizo los allanamientos y recuperó las máquinas. Sin embargo, la investigación se quedó ahí y los tractores siguen a la orden de los tribunales, lo cual impide usarlos para dar la capacitación en los cursos», refirió el sindicalista.
Reveló que la situación de centros cerrados y/o que no llenan las condiciones físicas adecuadas ha obligado a dictar online la mayoría de los cursos.
Pero muchos oficios no pueden ser dictados permanentemente a distancia porque requieren la parte práctica, de manejo en forma fisica de equipos y herramientas.
En su página web, el Inces ofrece cursos en 800 oficios.
«Últimamente han puesto más énfasis en los cursos de pastelería, panadería y cocina con miras a la política del gobierno de impulsar el emprendimiento, pero no se debe descuidar las especialidades requeridas por el sector industrial, agrícola, pecuario, construcción e informática, entre otros», concluyó Sánchez.