El caos y el desorden sigue siendo la tónica imperante en las oficinas y despachos de la Cámara de Senadores, en el edificio del Congreso de Paraguay, que el pasado 31 de marzo fue parcialmente incendiado por manifestantes durante las protestas contra la reelección presidencial.
El Parlamento, en el centro de Asunción, fue el epicentro de las protestas, en una jornada de disturbios y violencia que se cerró con decenas de heridos, más de 200 detenidos, y un joven militante opositor fallecido cuando la policía ingresó en la sede del Partido Liberal, donde militaba.
Las instalaciones del subsuelo, primera y segunda planta de la Cámara de Senadores fueron las más dañadas por el incendio, mientras que la sala bicameral y las instalaciones de Diputados no fueron alcanzadas por las llamas.
Se observa al entrar a la Cámara Alta, donde el escáner y los detectores de metales que antes custodiaban el ingreso al edificio, ahora yacen quemados en las escalinatas de acceso, entre acreditaciones para visitantes medio chamuscadas y montañas de cenizas que una vez fueron documentos.
A un lado, una peana de madera ennegrecida de humo hace las veces de «Oficina de información ciudadana», mientras el suelo cruje, recubierto de los vidrios de las cristaleras hechas añicos que hasta hace diez días formaban parte de las paredes de espejo del Palacio Legislativo.
Algunos funcionarios, acompañados del personal de seguridad, acuden a buscar entre los escombros de lo que fue la mesa de entrada del Senado, con la esperanza de rescatar de este cementerio legislativo algún bibliorato con datos preciados.
Mientras, varios peritos evalúan los daños en las estructuras y equipamiento del edificio, que se encuentra protegido por una póliza de seguros, según dijo una fuente del personal de seguridad del Congreso.
Por estos hechos fueron imputadas este fin de semana un total de 16 personas, acusadas de perturbación a la paz pública, y una de ellas por hurto agravado, al haber sustraído presuntamente un televisor del interior del Congreso.
El edificio estuvo lacrado desde el 31 de marzo hasta el pasado 4 de abril, cuando una comitiva de fiscales, peritos arquitectos y expertos del laboratorio forense de la Fiscalía terminaron de colectar evidencias y analizar los daños en el lugar.
El germen de las protestas fue la aprobación por parte de 25 senadores de una enmienda constitucional para la reelección presidencial, que persiguen tanto el actual mandatario, Horacio Cartes, como el expresidente Fernando Lugo (2008-2012).
