El informe sobre Venezuela presentado por la alta comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, evidencia que indígenas, trabajadores y quienes hacen vida en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
Es la parte más impactante del informe porque es la primera vez que los venezolanos tenemos alguna información de lo que ocurre en el Arco Minero, señala Alí Daniels, director de la ONG, Acceso a la Justicia.
Es muy triste es que haya niños trabajando en las minas, prostitución forzada, prácticas bárbaras como la mutilación de miembros a mineros que no cumplen con las reglas de los grupos irregulares y asesinatos. Son prácticas medievales y que ponen en evidencia que el modelo de explotación de las minas. Es el modelo del pranato, explicó.
Precisó sobre lo dicho por Bachelet: Un dato que vale la pena destacar es que se señala que el control de la zona del arco lo tienen organizaciones criminales o elementos armados. Es la primera vez que en un informe de un organismo internacional se habla de elementos armados y apunta al ELN en particular.
Ya se está conociendo que no son solo grupos criminales, sino ya irregulares armados, agregó Daniels. Calificó como cifras escalofriantes que entre 25% y 50% de lo que produce un minero se queda en pagar alcabala para poder ejercer la actividad minera y luego en el procesamiento del oro. A pesar de que puede haber más ingresos por la actividad minera, hay es una actividad de subsistencia.
Detalló que en el informe de Bachelet se citan casos como el de un joven al que le dispararon en ambas manos por robar un gramo de oro, una mujer apaleada por robar un teléfono y un minero al que le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro.
Estamos hablando de la barbarie del Arco Minero. El tema de los indígenas también es importante. Son los más afectados. Para poder transportar su comida y elementos básicos para subsistir, los indígenas tienen que pagar en oro en una alcabala. Son empujados por las malas a dedicarse a la explotación del oro por temas de subsistencia y porque se lo exigen esos grupos irregulares que controlan la zona. En el Arco Minero el Estado no existe, alertó Daniels.
Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.
Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala además que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
El capítulo del Poder Judicial
En el aspecto sobre la justicia, Daniels aseguró que el informe es bastante demoledor. En el capítulo del Poder Judicial agregan un elemento muy importante que es que los jueces deciden lo que se tiene que hacer sobre todo en casos políticos.
Daniels destacó que el TSJ ha emitido 136 sentencias contra la Asamblea Nacional, lo que calificó como un patrón de persecución.
Con respecto al acceso a la justicia, el informe señala que todo el proceso de revictimización que tienen las personas en Venezuela ante una violación de derechos humanos, la víctima está en contra del sistema, el sistema está hecho para que la víctima desista, explicó Daniels.
Hay un patrón donde no se da información, las personas tienen que peregrinar de morgue en morgue, de hospital en hospital. Hay cambios de jueces y fiscales para retrasar los juicios, las familias de las víctimas tienen que mudarse debido a las amenazas que reciben. Todo el sistema está hecho para garantizar la impunidad, refirió.
El director de Acceso a la Justicia hizo referencia a las descripciones sobre las torturas en el DGCIM, como asfixias, descargas eléctricas en genitales, palizas con tablas, que publica el informe. Que se hable de casos concretos como el del capitán Acosta Arévalo y que los responsables apenas tengan una condena de seis años, pone en evidencia que el acceso a la justicia en Venezuela es nulo, afirmó.
Derechos sociales, económicos y culturales
Daniels destacó que 307 personas con VIH metieron un recurso en un tribunal para que se les diera los antiretrovirales. Al día de hoy, tres años después, ese recurso no ha sido escuchado, indicó.
Esa es la consecuencia de no tener poder judicial. Lamentablemente, en estos momentos si hay una amenaza contra una mujer, niña, niño y adolescente, no hay un tribunal a dónde ir porque están cerrados. La situación está empeorando, sostuvo.
Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, explicó que estos dos informes se suman a los presentados el año pasado, en los que Bachelet hizo 23 recomendaciones al Estado venezolano y que solo dos han sido cumplidas de manera muy parcial. En total se suman 60 recomendaciones que el Estado debe cumplir para mostrar su buena fe con los organismos internacionales a los que pertenece, dijo.
Detalló que el debate continúa en septiembre, cuando se publicarán dos resoluciones sobre la situación venezolana y se analizará la situación por parte de la comisión que no han dejado entrar a Venezuela.