Cavecom-e rechazó “cualquier acción militar extranjera” en Venezuela y pide a EEUU cesar toda retórica intervencionista

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La junta directiva de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) rechazó “de manera absoluta y categórica la intervención militar por parte de los Estados Unidos que conllevó a la sustracción y ilegal del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Advierte que este “hecho que generó daños a nuestra infraestructura y pérdidas de vidas humanas de venezolanos”.

“Cualquier acción militar extranjera, declaración unilateral o injerencia externa que pretenda imponer decisiones sobre el destino de Venezuela, vulnerando el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos” y recalcó que “la soberanía nacional es el pilar intangible sobre el cual se sostiene nuestro país, subordinado a nuestra Constitución y a nuestras leyes”, indicó en un comunicado.

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A inversionistas, partners y organismos multilaterales alertó que «la vulneración del orden constitucional pone en riesgo inmediato la continuidad de las operaciones comerciales convenidas, la estabilidad cambiaria que requieren los pagos digitales, así como la seguridad jurídica de los contratos celebrados bajo legislación venezolana».

“Convocamos a la unidad cívica, empresarial y gubernamental para defender el proceso democrático venezolano, sin ceder a provocaciones que buscan polarizar al país. La solución a los grandes desafíos nacionales -como seguir disminuyendo la brecha digital- y al crecimiento sostenido que hemos logrado desde la pandemia solo será posible en paz”, apunta.

“Exigimos a los Estados Unidos cesar toda retórica intervencionista y, en su lugar, abrir canales de diálogo que privilegien la cooperación técnica, el acceso a mercados y el financiamiento productivo, elementos que el ecosistema digital venezolano necesita con urgencia para seguir generando empleo e inclusión social”, indica la junta directiva.

También respalda y ratifica la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir y ejercer el cargo de presidenta encargada de Venezuela “para garantizar el desarrollo, la prosperidad, la estabilidad y el orden constitucional del país”.

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