Las iniciativas de las centrales obreras y gremios independientes de Venezuela por los derechos de los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abarcan además del salario la seguridad, salud, prevención y protección en el medio ambiente de trabajo.
En un documento -dirigido a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT con fecha 30 de agosto- las organizaciones sindicales y gremiales alertan sobre las condiciones inseguras en las que se desempeñan los trabajadores, especialmente los del sector público.
Dicha situación, agregan, es recurrente desde hace varios años en lo que respecta al área de seguridad y salud laborales.
En el comunicado, las organizaciones obreras y gremiales abordan la acción del gubernamental Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), creado el 17 de agosto de 2002 bajo el decreto presidencial 1.785 y publicado en la Gaceta Oficial 37.448.
En ese sentido, destacan que ha sido «inapropiado e insuficiente» el sistema de inspección adelantado por el Inpsasel en cuanto a la calidad, cantidad y profundidad de los casos abordados.
Agrega que «son innumerables» las quejas de los delegados de prevención en las empresas del Estado de carácter estratégico -como petróleo, gas, hierro, aluminio, petroquímico y minería, entre otros- pues las labores de inspección no se ejecutan.
Gestión insuficiente
El documento revela que la gestión gubernamental dentro del Inpsasel se ha limitado a realizar talleres y firma de convenios sin impacto significativo en lo referente a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y prevenir o evitar la ocurrencia de situaciones peligrosas y de riesgo.
La comunicación de las organizaciones sindicales y gremiales recuerda que la Memoria gubernamental se ha limitado a que el Inpsasel muestre los accidentes y las enfermedades ocupacionales, pero sin presentar los resultados de esas investigaciones ni los correctivos y programas de prevención aplicados.
La Memoria tampoco expone lo relativo a la reparación de las víctimas ni del impacto positivo de la acción gubernamental en la mejora efectiva del medio ambiente y seguridad del trabajo en los sectores salud, cemento, petróleo y eléctrico.
Las organizaciones sindicales y gremiales recuerdan que todavía se está a la espera de la respuesta del gobierno a las observaciones realizadas en 2022.
Otro obstáculo mencionado en el documento dirigido a la instancia de la OIT es que «no se dispone de estadísticas oficiales» sobre accidentes (fugas de gases, explosiones, incendios, derrames) ocurridos en la industria petrolera los últimos años ni los daños causados a trabajadores y terceros en las comunidades.
También alertan que la parte gubernamental no realiza consultas en la materia de seguridad, prevención y salud laborales con los representantes de los trabajadores.