Colombia y ELN definen «zonas críticas» de conflicto para acciones humanitarias

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El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) acordaron este lunes, al cumplirse un mes de la tregua, fijar «zonas críticas» en regiones afectadas por el conflicto armado, que según los insurgentes han «estado bajo fuego».

«Le hemos dado énfasis a unas zonas críticas», dijo el jefe guerrillero Pablo Beltrán en la ceremonia de cierre de las negociaciones en Caracas, que se reanudarán en México en una fecha por definir.

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«Es donde más ha habido embates contra las comunidades y estamos tratando de hacer honor a un criterio que se ha impuesto en esta mesa, que es lo que se va acordando, se va implementando», añadió.

Desde el lado del gobierno celebraron los avances en las conversaciones: «Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas», dijo el representante del Ejecutivo, Otty Patiño.

El acuerdo de Caracas «establece los principios y enfoques con los que esperamos que el cese cumpla su propósito humanitario», según el texto leído en el evento.

Declara al Bajo Calima y San Juan, en el Valle del Cauca (este), uno de los focos del conflicto, como «zonas críticas» y proponen otras regiones para añadir a esta denominación.

«Allí se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias, garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, la participación de las comunidades en el proceso de paz y proyectos de desarrollo social, que contarán con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación», precisó el texto.

«En las próximas semanas, las delegaciones se trasladarán a los territorios para desarrollar actividades concernientes al cese al fuego bilateral, la participación de la sociedad en los procesos de paz, y el desarrollo de la pedagogía social de todos y estos asuntos».

El ELN -con 5.851 miembros, según cifras de inteligencia de 2022- se convirtió en la organización izquierdista alzada en armas más longeva de América luego del desarme de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), en 2017.

El presidente colombiano Gustavo Petro, que cumple un año en el poder, retomó las negociaciones de paz con esta guerrilla guevarista en noviembre de 2022, después de que fueran suspendidas por su antecesor, Iván Duque (2018-2022), tras un atentado que dejó una veintena de policías muertos en una escuela de adiestramiento.

«Obstáculos a este proceso»

La tregua con verificación de la ONU se acordó en el ciclo anterior de conversaciones celebrado en La Habana y entró en vigor el 3 de agosto.

«Tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego», señaló no obstante Beltrán. «De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación, buscando colocar obstáculos a este proceso».

«También ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar una veeduría social de este cese al fuego y de participar en las distintas actividades que busca integrar a todos los sectores de Colombia el proceso de paz», siguió. «La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto los mediáticos como los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización».

Petro también dialoga con disidentes de las FARC que no dejaron las armas o las retomaron, responsables de recientes ataques que mataron a cuatro policías en el Cauca, suroeste de Colombia. Igualmente negocia con grupos paramilitares y pandillas.

La mesa con el ELN se vio empañada a principios de agosto por una denuncia de la Fiscalía sobre un supuesto plan de asesinato contra el jefe del Ministerio Público por parte de la guerrilla, que negó la acusación y dijo que se trataba de un sabotaje al diálogo.

Fuente: AFP

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