Los últimos estudios de opinión que se han realizado demuestran que el venezolano quiere ejercer su derecho al voto, como el mecanismo idóneo para acabar con la grave crisis política que afecta a todos los venezolanos.
Sin embargo, cuando preguntan sobre las condiciones necesarias para realizar un proceso electoral libre, plural y democrático, una de las primeras garantías que pide el electorado es el cambio inmediato de las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral, ya que no cuentan con la credibilidad necesaria para desempeñar sus funciones de manera clara y transparente.
Por este motivo, la Asamblea Nacional, a pesar de las controversias, realizó todos los pasos necesarios para activar la comisión preliminar establecida con el fin de designar al Comité de Postulaciones Electorales establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Según el articulado de la referida Ley, el Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional las listas de las candidatas calificadas o los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución y esta Ley.
El artículo 19 de la LOPE explica que la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, está integrado por veintiún (21) miembros, de los cuales once (11) son Diputadas o Diputados designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras (2/3) partes de los presentes y diez (10) serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad.
Los diputados de la oposición que fueron designados para conformar el Comité son: Stalin González (UNT), Ángel Medina (PJ), Luis Aquiles Moreno (AD), Piero Maroun (AD), José Gregorio Graterol (PJ) y Olivia Lozano (VP). Por el oficialismo son William Gil (PSUV), Nosliw Rodríguez (PSUV), Jesús Montilla (PSUV), Julio Chávez (PSUV) y el disidente de Copei, Franklyn Duarte.
Los 10 integrantes de la sociedad civil son: Cruz Eduardo Castañeda, Alexis Corredor, Bussy Galeano, Mercedes Gutiérrez, Guillermo Miguelena, Orlando Pérez, Luis Alberto Rodríguez, Diana Carolina Rodríguez, Luis Serrano y Petra Tovar.
Tanto en bloque de diputados como en la sociedad civil, existen representantes del oficialismo, la oposición y hasta las fuerzas minoritarias que hacen vida en la política nacional.
Confianza en el voto
Ante la próxima juramentación del Comité de Postulaciones, la organización civil Súmate exhorta a los factores políticos a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Electoral para la elección de los cinco rectores y sus 10 suplentes del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que le corresponde convocar y organizar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que deberá garantizar que sean libres, justas, competitivas y transparentes.
La ONG aclara que no es suficiente elegir un nuevo CNE con cinco rectores independientes e imparciales, ya que para recuperar la confianza de la mayoría de los venezolanos en el ejercicio del derecho del voto en los venideros comicios, también se requiere que los poderes del Estado en manos del PSUV, como son la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TJS), la Fiscalía General, la Contraloría General y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente se comprometan a restituir las garantías mínimas necesarias para la organización de cualquier proceso electoral o consulta refrendaria en democracia.
Entre las garantías políticas y electorales, Súmate menciona el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos, fundamentalmente la libertad de expresión y el acceso libre a la información plural y diversa, la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares y el cese de inmediato de la persecución a diputados de la AN y líderes políticos y de la sociedad civil organizada.
También la restitución del derecho a elegir permitiendo la inscripción en el Registro Electoral de más de 2,5 millones de jóvenes dentro y fuera de Venezuela y la votación en el exterior de cerca de 3 millones de ciudadanos en diáspora; restituir la legalidad de los partidos políticos proscritos en diciembre de 2017 y enero de 2018, el levantamiento de las inhabilitaciones de aspirantes a candidatos presidenciales y diputados a la AN; así como también comprometerse a no desconocer el resultado de las elecciones.
Esto se evidencia on la suspensión de los cuatro diputados de la AN por el estado Amazonas en diciembre de 2015, la declaración de desacato de la AN hasta la fecha y, por ende, su desconocimiento como Poder Legislativo Nacional; los nombramientos de gobernadores paralelos denominados protectores en los estados que ha ganado la oposición, el fraude cometido en las elecciones de gobernador del Estado Bolívar del 15 de octubre de 2017 contra el candidato ganador Andrés Velásquez y la declaración de vacante del cargo de gobernador electo en el estado Zulia por negarse a juramentarse ante la inconstitucional ANC.
Debe haber participación
Ir o no a unas elecciones no debe ser un dilema para los venezolanos. Lo que debemos hacer es ser capaces de construir las condiciones para que ese proceso abra una ventana de posibilidad para avanzar hacia la democracia, expresó Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
Afirmó que es muy importante para la construcción de las condiciones electorales la actuación del comité de postulaciones, que se ha instalado con participación del oficialismo y la oposición.
Podríamos decir que el Comité de Postulaciones es un lugar de encuentro entre todas las fuerzas políticas del país, incluidas las que ocupan el gobierno hoy. Estas fuerzas están tratando de nominar unos árbitros para que sean escogidos por los dos tercios de la Asamblea Nacional, comentó.
Subrayó el hecho de que es a la Asamblea Nacional a la que corresponde la elección de miembros del CNE y no al Tribunal Supremo de Justicia. La exigencia de un acuerdo que sume al menos dos tercios de los parlamentarios no es una exigencia que la Constitución tiene para darle la excusa al TSJ de adjudicarse las competencias de la Asamblea Nacional. El único sentido de tal exigencia es obligar a las partes representadas en el Poder Legislativo a llegar a un acuerdo sobre quiénes deben ser los árbitros electorales.
En este sentido, afirmó Alarcón que es fundamental la idoneidad de las personas que van a ser escogidas en el Comité de Postulaciones, ya que la parcialización política de los árbitros, lejos de producir un acuerdo, será una lucha en la que cada parte intentará imponer una mayoría de árbitros que le sea favorable.
Reconoció que encontrar personas que no tengan posición es difícil, pero entre las cualidades que deben tener las personas que van a ser escogidas como potenciales miembros del CNE deben estar su independencia, imparcialidad y condiciones éticas que garanticen la pulcritud de sus decisiones.
Una lista de candidatos postulados con tales condiciones, incluso, es una garantía adicional en el caso de que el Tribunal Supremo de Justicia trate de seleccionar los rectores alegando una supuesta omisión legislativa, ya que los magistrados deberán hacer su selección de la lista de candidatos que presente el Comité de Postulaciones, dijo.
El director del CEPyG-UCAB descartó como desfavorable que se haga una selección 2-2-1, donde la oposición pone dos, el gobierno otros dos, y juntos se ponen de acuerdo para uno que se supone es de confianza de ambos bandos.
Esta no es una forma adecuada porque al final viola el principio de independencia de los árbitros electorales establecida en la Constitución y deja al país con un solo árbitro imparcial, y no con los cinco rectores independientes que deben conformar la directiva del CNE, concluyó.
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