Unas son llevadas de formas engañosas y luego, obligadas a prostituirse. Otras, saben que harán trabajo sexual, pero desconocen las condiciones en las cuales se llevará a cabo. Y algunas son drogadas y privadas de toda posibilidad de decisión. Esta es la realidad de las mujeres en las minas del estado Bolívar, en Venezuela, lugar donde “el tráfico sexual opera de la mano con la minería ilegal”, como expresa la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges.
Lo que viven las víctimas de explotación sexual y de trata de mujeres y niñas al sur del país, fue expuesto este jueves en la presentación del informe Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: Una perspectiva de género sensitiva, hecho por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en conjunto con su oficina en Guayana.
En el documento se revela que el grupo más vulnerable de las mujeres captadas son las que están en el rango de 12 a 35 años de edad. Algunas son del propio estado Bolívar, otras de Maturín, Carúpano, Maracaibo, Mérida o San Cristóbal.
“Un tema recurrente y preocupante es la demanda de jóvenes. Las menores de edad y las mujeres vírgenes tienen un precio superior”, indica Borges, investigadora de la CDH UCAB. Y la razón, según el testimonio de uno de los entrevistados por las investigadoras es: “los cuerpos de mujeres jóvenes son más llamativos, además tardan mucho más tiempo en echarse a perder”.
El estudio muestra que aunque muchas van a modo propio buscando mejorar su situación de pobreza, cuando llegan se dan cuenta que no pueden salir, terminan controladas en las minas por los proxenetas, quienes al estar vinculados con los grupos que controlan el lugar no las dejan irse. Y de intentar hacerlo corren el riesgo de que alguna parte de su cuerpo sea mutilada. Daño que, al igual que las desapariciones y los femicidios, no es reportado a las autoridades por miedo a represalias contra la familia de las mujeres violentadas.
“El tráfico sexual opera de la mano y de forma intrínseca con la minería ilegal, existe una alianza real entre ambos como consecuencia de las necesidades y demandas donde están presentes los estereotipos y roles que reflejan discriminación por razones de género y que se profundizan en la violencia en contra de las mujeres donde ellas son cosificadas, instrumentalizadas y utilizadas como mercancía en un contexto de violencia generalizada, donde no cuentan con protección estatal, sino que por el contrario las autoridades lo normalizan”, cita el informe.
No hay cifras oficiales del número de mujeres prostituidas en Bolívar, pero el equipo investigador presenta, que según una fuente de la policía de este estado, se estima que son cerca de 3.500 las que ejercen la prostitución. Pero en el sitio también existen casos de prostitución masculina o de la comunidad LGBT.
El círculo contradictorio de las currutelas
En el estudio se explica que a lo largo del Arco Minero, que cubre los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y ubicado cerca de las minas, se establecen las currutelas. Las cuales Eumelis Moya, coordinadora e investigadora CDH UCAB Guayana, define como “barracas con una disposición continua de chinchorros separados en el mejor de los casos por láminas de plástico, y en esos espacios las mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales”.
Moya señala que esta infraestructura deplorable se debe a que no ha habido ni el tiempo ni la disposición de hacerla con condiciones un poco más decentes. Y “el tema no es acostarse con un minero. Usted no sabe lo que es tener que hacerlo con un hombre que no ha visto mujer en tres meses”, dijo a la investigadora una de las fuentes consultadas.
Según el informe Minería Ilegal en Venezuela: Muerte y Devastación en las regiones de Amazonas y Orinoco del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), aproximadamente existen 500.000 trabajadores involucrados en operaciones de minería ilegal. Cifra publicada en abril de 2020 cuando se hizo público este documento.
Frente a la alta demanda, y al lugar donde ejercen la prostitución, se le suma otro de los hallazgos que Moya califica de “círculo contradictorio”. Este ocurre ante la exigencia obligatoria a las mujeres de tener relaciones sin protección ni métodos anticonceptivos, “pero cuando ellas tienen una enfermedad o están embarazadas la culpa recae en las mujeres, jamás en los hombres. Al igual que si dos hombres ven a la misma mujer, la culpa es de la mujer”, dice la coordinadora de UCAB Guayana frente a los testimonios recolectados.
Desde Bolívar hasta Trinidad y Tobago
La directora ejecutiva del Cepaz explica que el estado Bolívar no es solo un punto de tránsito y origen, sino también de destino para la trata de personas. Especialmente en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes, en donde se concentra la actividad minera.
En la investigación se indica que desde Bolívar son movilizadas personas hacia Delta Amacuro, donde por sus aguas ocurre el traslado hacia otras naciones, como Trinidad y Tobago.
La abogada Borges argumenta que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o de otros tipos, constituye una de las graves violaciones de los derechos humanos, “y en el sur del país vemos su aumento consecuencia de la demanda, la delincuencia organizada y la rentabilidad”.
Esta realidad se suma a las cifras mundiales de estas violaciones a los derechos humanos. “En el mundo 99% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y se calcula que aproximadamente el 71% de las víctimas de trata de personas globales son mujeres y niñas”, recalca la investigadora al recordar que Venezuela es parte de la mayoría de los tratados internacionales aplicables en materia de esclavitud moderna.
Leonardo Verónico, también integrante de este equipo de la UCAB, explica que desde hace años el Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios se dedica a investigar la esclavitud moderna en el país. Este no es el primer informe al respecto.
El documento de la CDH UCAB concluye que ante lo que se vive en materia de graves violaciones a los derechos de las mujeres, es necesario que se elaboren investigaciones que determinen el impacto de la explotación minera en la vida y en los cuerpos de las víctimas. Además de un plan de prevención de la violencia de género en la zona.
Lea el informe completo aquí