El dirigente político carabobeño Carlos Lozano Parra asegura que la empresa Rialca antigua Rualca, “no podrá abrir sus puertas hasta que el propio gobierno”, que a su juicio, “es el responsable del secuestro de sus materias primas e intervencionismo, dejen a un lado el populismo, la presunta corrupción y complicidad de las mafias del aluminio en Venezuela”.
Lozano Parra, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, aseveró que Rualca era una empresa fabricante de ruedas de aluminio, propiedad de las empresas Alcoa Internacional (41%), Corporación Venezolana de Guayana (CVG) (23%), Grupo RIMCAR (23%) y General Motors (13%), ubicada en Valencia en el estado Carabobo, con una capacidad de producción 1.500.000 ruedas de aleación de aluminio, destinadas casi en su totalidad (95%) al mercado norteamericano.
De acuerdo a un trabajo de investigación del dirigente político, el proceso productivo continuo era soportado por 635 trabajadores administrativos y operativos en rotación, éstos últimos en tres turnos de cuatro grupos.
“Su materia prima fundamental para el proceso productivo es el aluminio primario proveniente de las empresas CVG Alcasa y CVG Venalum, éstas últimas luego de la intervención del mal llamado socialismo del siglo XXI se volvieron un caos, conflictos e intereses particulares, y una lucha por el poder y los intereses del despacho del aluminio entre sindicatos y representantes del gobierno de Hugo Chávez en ese entonces, lo cual ocasionó irremediablemente desabastecimiento y afectadas las líneas de producción de todas las empresas procesadoras de aluminio primario en Venezuela, incluyendo Rualca que el 30 de agosto 2007 se le aprueba una Junta Administradora Especial”.
Sostuvo que para el 24 de abril de 2008, los bienes de la empresa Rualca pasan al concepto de toma forzosa llamado como bien de Utilidad Pública y se crea el Centro de Producción de Rines de Aluminio (RIALCA), C.A, por lo que el 9 de junio de ese mismos año, el presidente de la República decreta la expropiación forzosa de dichos bienes. “Inmediatamente después comienzan las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGP) hasta hoy sin resultados concretos”.
“Para el 11 de septiembre de 2008, el presidente Chávez realiza un acto en la planta donde apoya la reactivación de la misma y nombra como presidenta y directores a quienes se encargarían de todos los aspectos legales, y el diseño del proyecto de estudio de factibilidad técnico económico para la reactivación de la planta y solicitud de recursos”.
Lozano Parra precisó que “en dicho acto fueron aprobados 50.1 millones de bolívares, para las fases de pre-arranque y de sostenimiento operativo para tres meses de producción, con el compromiso por parte de los y las trabajadores, junta directiva y presidenta de la reactivación de la planta, haciéndola sustentable en el tiempo”, lo que a su juicio, no se logró.
Criticó que Rialca pasó a ser un caso como todas las expropiadas, “una empresa que fue productiva, pero que ahora ni con apoyo financiero se podría mantener sin ventas, sin materia prima y persiguiendo a sus operadores originarios”.
Además, recordó que el 5 de mayo de 2009, el presidente de Chávez decretó bajo el N° 6.693, la creación de la Compañía Anónima Centro de Producción de Rines de Aluminio, RIALCA, C.A, publicada en Gaceta Oficial N° 39.171.
Fuente: Carabobo es Noticia