– Colombia vivió el horror de más de 27 horas de combate entre el grupo guerrillero M-19, hoy inexistente, y las Fuerzas Militares en noviembre de 1985
– Entonces, Cristina tenía 27 años, era licenciada en Ciencias Sociales y llevaba 36 días haciendo un reemplazo temporal en la cafetería del Palacio de Justicia, tomado por el M-19
– Salió con vida e ilesa, cargada por un soldado. Desde entonces su búsqueda ha sido incansable
– Sus padres murieron agotados sin tener rastro de Cristina ni ninguna respuesta del Estado acerca de su desaparición
Desde que su hermana Cristina del Pilar Guarín desapareció, hace 30 años, a manos del Ejército de Colombia, René Guarín y su familia no volvieron a celebrar Navidad ni Año nuevo. Hoy tengo 52 años y llevo más de la mitad de mi vida buscando la verdad, se lamenta.
René Guarín debió esperar tres décadas para que le entregaran hace pocas semanas las pruebas de que su hermana Cristina había sido desaparecida y asesinada durante las sangrientas toma y contra toma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Cristina tenía 27 años, era licenciada en Ciencias Sociales y llevaba 36 días haciendo un reemplazo temporal en la cafetería del Palacio, situado en el flanco norte de la plaza de Bolívar, corazón de la Bogotá española. Salió con vida e ilesa, cargada por un soldado que la llevó a la contigua Casa del Florero, que aloja el museo de la Independencia Nacional. La aparatosa salida de Cristina quedó registrada en las imágenes de un noticiero de la época.
Desde entonces su búsqueda ha sido incansable. Sus padres, Elsa Cortés y José Guarín, murieron agotados sin tener rastro de Cristina ni ninguna respuesta del Estado acerca de su desaparición.
Colombia vivió el horror de más de 27 horas de combate dentro de un edificio entre el grupo guerrillero M-19, hoy inexistente, y las Fuerzas Militares. Hubo disparos de fusil, granadas, cohetes, ametralladoras e, incluso, tanques de guerra que entraron al palacio y dejaron más de un centenar de muertos, 12 personas desaparecidas y la destrucción de la sede del palacio.
La sede de la máxima cabeza de la justicia colombiana fue tomada por 35 guerrilleros del M-19, según su propia versión, por el incumplimiento a acuerdos de paz del año anterior con el entonces presidente, Belisario Betancur. Tomaron como rehenes a más de 300 personas, entre magistrados, visitantes y empleados, con el objetivo de presionar a Betancur para que fuera hasta el Palacio de Justicia a someterse a un juicio político. El Gobierno no negoció y dejó que el Ejército y la Policía manejaran la situación, a su leal saber y entender, con más de mil soldados.
Hoy siguen abiertas las heridas de aquellos hechos y prosiguen los juicios penales contra militares que asesinaron inocentes fuera de combate, desparecieron personas rescatadas y a otras que sacaron vivas, las fusilaron y regresaron sus cadáveres al edificio. Los servicios de inteligencia, incluso, sabían que los terroristas asaltarían el Palacio y retiraron la vigilancia policial permanente con el objeto de sorprenderlos adentro. Prueba de ello es el informe de inteligencia que acompaña esta nota.
Los guerrilleros que participaron en el asalto fueron asesinados y solo dos lograron salir con vida: Irma Franco, desaparecida después, y Clara Elena Enciso, quien se presume está exiliada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado el pasado 10 de diciembre de 2014 por su responsabilidad en las desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán.
A René le mostraron un trozo de la falda escocesa que vestía Cristina el día de los hechos y nueve fragmentos de huesos, en el laboratorio de Medicina Legal de Bogotá el pasado mes de octubre. Desde el 6 de noviembre de 1985 no había vuelto a saber nada de su hermana, a pesar de buscarla durante 30 años en hospitales, morgues, cementerios y archivos de todo tipo.
La Fiscalía General todavía no ha establecido las condiciones en que fue asesinada.
Fue un momento muy duro, es de las únicas veces que he llorado en público, porque en público no lloro; supe que era ella porque era un pedazo de su falda, rememoró René Guarín.
No obstante, denota que el hallazgo de los restos no tuvo el acompañamiento de un veedor internacional, a sabiendas de que el Estado es juez y parte.
Recuerda con nostalgia que su hermana hablaba y escribía francés perfectamente, y tenía planes de irse a estudiar al extranjero.
El Estado colombiano en pleno le ha dado la espalda a los desaparecidos y sus familias. La justicia tardó casi 20 años en empezar a investigar. Al año siguiente del holocausto, René se hizo guerrillero del M-19 hasta que en 1988 fue arrestado y estuvo preso por unos meses. Su idea, según relata, era plantearle una demanda armada al Estado; era la forma de señalarle que estaba en desacuerdo con el crimen que cometió contra mi hermana.
Sus indagaciones lo llevaron al exilio en dos momentos debido a las amenazas constantes que la justicia tampoco investigó.
El abogado Eduardo Umaña que representó a las familias de las víctimas durante más de 12 años fue asesinado en 1998.
El día que René Guarín pudo ver los restos de Cristina, su mamá cumpliría 91 años de edad. Ella murió en el 2011 con la esperanza de que su hija pudiera volver algún día a la casa.
Su madre, Elsa Cortés, conservó intacta su habitación durante muchos años y murió en 2001. Por su parte, el padre, salía todos los días a caminar dos o tres horas por las calles del centro de Bogotá con la ilusión de encontrar a Cristina. Mi hija debe estar viva, decía, era la forma de hacer su catarsis, cuenta René.
Su padre se dedicó a escribirle poemas para tratar de ahogar su tristeza. Uno de ellos dice: Desde que el tiempo se llevó su nombre/ para hacerlo simiente a las distancias/ me abisma percibir en el silencio/cómo se han entristecido mis mañanas.
La historia de Cristina acaba de ser llevada al cine como La Siempreviva. La película fue estrenada hace un mes.
Los restos de Cristina, junto con los de Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo, también desaparecidas, fueron hallados en fosas donde se suponía que estaban los de otras dos víctimas del Palacio.
Por las desapariciones hasta el momento solo han sido condenados el coronel Alfonso Plazas Vega, jefe del sanguinario operativo de retoma, y el general Jesús Armando Arias Cabrales, cabeza de la operación, de los homicidios fuera de combate de inocentes desarmados y desapariciones forzadas de personas ajenas al ataque terrorista.
Víctima de ejecución extrajudicial
Yo tengo 31 años y llevo 30 años con el dolor debajo de mi espalda y ha sido muy duro vivir con esto, relata entre lágrimas Xiomara Urán, hija menor del asesinado magistrado Carlos Horacio Urán.
Urán salió del Palacio de Justicia con una herida de bala en una pierna y encañonado por soldados, el 7 de noviembre de 1985. Luego fue llevado a una guarnición militar donde fue torturado y ejecutado con una bala de arma oficial. Su cuerpo fue reingresado al Palacio de Justicia un día después.
Nosotros tuvimos que irnos del país porque mi mamá recibió amenazas serias y le dijeron que iba a haber ríos de sangre en mi casa si nosotros no nos íbamos. Un militar la perseguía cuando estaba en la Universidad de los Andes, nos tocó irnos para Uruguay y después buscar dónde vivir porque este país no nos iba a dar ningún tipo de posibilidades, cuenta Xiomara Urán, quien vive en Estados Unidos.
Un perdón sin verdad
Los planes para tomarse la sede del Palacio fueron conocidos por el Gobierno unos meses antes del ataque. Sin embargo, no hizo nada para impedirlo.
Un día antes de la toma, la seguridad fue quitada del Palacio. No había presencia del Ejército ni de la Policía y nunca se supo quién dio la orden de retirarla.
La toma fue patrocinada por el cartel de Medellín como parte de su guerra contra el tratado de extradición. El cartel, liderado por Pablo Escobar, dio dos millones de dólares a los terroristas del M-19.
Diferentes juristas que se han vinculado al proceso como representantes de víctimas afirman que entre los militares ha habido un pacto de silencio para ocultar la verdad sobre los crímenes.
El abogado Jorge Molano, puso el foco sobre el ex presidente Belisario Betancur, quien señaló que ha debido ser procesado hace más de 30 años. Para Molano, Betancur debe ser citado a que responda ante las autoridades judiciales.
Él tendría que aclararle a la justicia por qué si sabía que se iba a dar la toma no hizo nada para evitarlo», dice Molano y agrega: «por qué permitió que a las 3 de la tarde del 5 de noviembre del año 85 se retiró toda la protección del palacio de justicia, con qué propósito visitó el Cantón Norte el 7 de noviembre cuando ese mismo día estaban llevando los torturados y los desaparecidos allá».
Molano también quiere que Becancur explique, «por qué, si en el Consejo de Ministros debatieron sobre los desaparecidos a las pocas horas de sucedidos los hechos no hizo nada para que esos crímenes se siguieran ejecutando, por qué si asumió la conducción de las operaciones permitió que los hombres bajo su mando actuaran criminalmente.
Recientemente el ex presidente Betancur pidió perdón a las víctimas por los errores cometidos durante la toma y la retoma.
Otro de los juristas que ha estado al frente de las desapariciones es Eduardo Carreño, defensor de derechos humanos del Colectivo de Abogados.
Carreño estima que hubo un plan siniestro para ocultar todo lo que pasó, así como adulterar la escena del crimen para desviar las investigaciones y garantizar la impunidad.
La situación es de una perversidad tal que cómo se explica que los cadáveres los saquen de Medicina Legal, los metan a una fosa común sin que lo reclamen y que una semana después los cadáveres de Armero que no entregaron los traigan de allá y los coloquen encima de esa fosa. Solamente hasta el 98 se pudo hacer la exhumación, precisó Eduardo Carreño.
Por orden de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 6 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas del Palacio de Justicia y reconoció la responsabilidad del Estado colombiano. Fue una ceremonia conmovida a la que se negaron a asistir los altos mandos militares. Estuvo presente el hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del Presidente de la Corte Suprema, también Yesid Reyes, quien murió incinerado en el holocausto reclamándole al Presidente Betancur control sobre las tropas enloquecidas que no distinguieron entre terroristas y civiles inocentes atrapados en los combates.