La ONG Espacio Público presentó su acostumbrado informe mensual, esta vez titulado “Mayo: acoso oficial y censura”, en el que documentó 14 violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela durante ese mes.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios e instituciones públicas continuaron con su política de acoso y hostigamiento contra los periodistas y defensores de derechos humanos, lo que provocó el cierre de al menos dos emisoras de radio.
Espacio Público también descubrió que siete de los casos “fueron propiciados por las instituciones del Estado”, lo que convierta a Estado venezolano en el victimario de 63% de las violaciones a la libertad de expresión registradas en mayo.
Asimismo, se señala que del total de los casos, 13 de ellos fueron asociados con censura, hostigamiento judicial e intimidación y uno con restricción administrativa; siendo la ciudadanía común la víctima principal, con un total de siete casos. Posteriormente se ubican los medios de comunicación, ONG o miembros de las mismas y periodistas o reporteros, con dos casos cada uno.
En el informe pasado, en el que Espacio Público analizó la situación de Venezuela en cuanto a libertad de expresión y acceso a la información, durante el primer cuatrimestre del año 2022 se registraron 69 casos en los que se contemplaban 132 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Para aquel entonces se habló de una disminución de 7% en el número de casos y 12% en cuanto al total de las denuncias reportadas en el mismo período de 2021.
Al detalle
La ONG también documentó un episodio de violencia física hacia la periodista Leonor Argüelles, ocurrido el pasado 5 de mayo, por parte el concejal oficialista José Sierra durante una sesión del concejo municipal de Maracaibo. Esto originó la suspensión del debate público, en el que se discutía la posible modificación de la ordenanza del Premio Municipal de Periodismo de Maracaibo.
Hubo golpes y empujones durante la sesión de la Cámara Municipal zuliana cuando Argüelles sostuvo que “el premio se le debía entregar a periodistas certificados y egresados de universidades públicas o privadas, y no a comunicadores populares, como solicitaba la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.
El 16 de mayo, se hizo público que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, emprendió un proceso penal contra de los activistas de derechos humanos Marino Alvarado, de Provea, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por la presunta comisión del “delito de difamación agravada continuada”.
Esta denuncia se produjo dos meses después de que Provea y el Centro Gumilla presentaran su informe del primer trimestre del año, “Lupa por la vida”, en el cual la policía del estado Carabobo fue mencionada como uno de los grupos de seguridad “más letales en Venezuela”, luego de que se registraran 221 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por dicho cuerpo policial.
Solo dos días después, el 18 de mayo, una delegación de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) fue hostigada por tres uniformados de la Policía de Barinas (PoliBarinas), durante un conversatorio sobre derechos humanos y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos.
En esta ocasión, Espacio Público recabó información según la cual funcionarios les exigieron a los defensores de derechos humanos detener la actividad bajo la excusa de que “las actividades de entregas de medicamentos están prohibidas”, además de interrogar y grabar a los miembros de la comisión de Fundehullan.
La ONG también recordó en dicho informe que “la política del Estado venezolano en los últimos años ha consistido en criminalizar la labor que realizan defensores; trabajadores de los medios y otros particulares que contradicen el planteamiento del partido gobernante”.
Ciberespacio y medios tradicionales
El mismo informe también evaluó la participación del Estado venezolano en los medios tradicionales y en el acceso a la información a través de medios digitales. Registró que el 1 de mayo, el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro reportó una posible falla por problemas técnicos delos mayoristas de la operadora privada NetUno, ya que el tráfico en esta fecha cayó más de 42% respecto a los valores de la misma hora, una semana atrás.
Asimismo, Cantv, empresa estatal, reportó “supuestas incidencias técnicas en una de sus plataformas”, el pasado 7 de mayo, por lo que los usuarios presentaron problemas para acceder a Internet en todo el país, una falla que se mantuvo hasta el día siguiente en varias regiones.
Durante la tercera semana de mayo, el proveedor privado Inter también registró una caída en su conectividad por casi 50 minutos, según lo documentó el Observatorio de Internet, afectando principalmente a los habitantes de los estados Yaracuy, Lara, Anzoátegui y Aragua.
El 19 de mayo, se registró un corte de fibra óptica de Cantv, que afectó la conectividad en el estado Falcón y se replicó en Lara y Zulia, por al menos 26 horas. Y el 20 de mayo, “funcionarios de Conatel cerraron la emisora Topacio 101.9 FM, en el estado Barinas e intentaron decomisar sus equipos”, lo que generó una protesta pacífica de los habitantes del sector, quienes se opusieron a dicha medida.